Por el “bien de la justicia universal”, y por el monte las sardinas, tralará.

Javier Chinchón Álvarez

Culminado, vía la Ley Orgánica 1/2009, el anterior proceso de modificación de la jurisdicción universal en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, allá por octubre de 2009 escribí un breve artículo en el que tras tratar de explicar todo lo que vivimos aquellos meses, terminaba refiriéndome a “aquellos de nuestros representantes que [habían] votado a favor de [aquella] reforma infame”. En concreto, les compartía entonces que tanto por el fondo pero sobre todo por la forma en que la misma se desarrolló, todos ellos habían perdido mi confianza para las próximas elecciones. Aun tras aquello, y conociendo la vieja máxima de que todo es susceptible de empeorar, he de reconocer que la actual modificación iniciada a finales de enero me está dejando atónito, abochornado, casi sin palabras.

No insistiré en el cómo y porqué llegamos hasta la presentación del actual texto de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, ni en la valoración que me merece su contenido, pues sobre ello ya me he manifestado personal e institucionalmente. Tampoco voy a detenerme en el examen y análisis detallados de todo lo que prevé y persigue, aunque para quien no haya tenido ocasión, recomiendo la lectura de su Exposición de Motivos en la que yo sólo eché de menos aquello de que por el mar corren las liebres. En lo que quisiera centrar ahora la atención pudiéramos decir que se refiere especialmente a aquellos que o no han podido leer en detalle el texto de la reforma propuesta, o que habiéndolo hecho, todavía nos tomamos en serio al Parlamento, a nuestros representantes y a lo que representan en él. Es decir, a donde quiero ir es al momento clave para tratar de entender qué está(ba) pasando, qué se quería reformar y para qué: el momento en que la Proposición de reforma fue públicamente presentada y defendida en el Congreso, el día 11 de febrero. En aquella fecha, en fin, se discutió la “toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal”. Entonces debían empezarse a dar, en sede parlamentaria y a toda la ciudadanía, las razones y justificación para una reforma de un calado tal como la que tenemos delante.

Pues bien, al respecto a lo que asistimos fue a la intervención del diputado Popular, Castillo Calvín, que para la posteridad y dependiendo del formato que cada uno prefiera, se concretó en algo menos de quince minutos en vídeo o poco más de dos páginas en versión escrita. Por ser rigurosos, a ello hay que agregar una página más del Diario de Sesiones en la que se recoge la respuesta que dio a la diputada del Grupo Parlamentario Socialista. Réplica que concluyó con estas palabras: “… la intención de esta propuesta legislativa no admite ninguna duda: nuestro compromiso, el del Grupo Parlamentario Popular, con la justicia y con la libertad (…), nuestra regulación de justicia universal no solo no creará espacios de impunidad para nadie, sino que seguirá permitiendo que estos delitos más graves no queden impunes y puedan ser perseguidos y juzgados de manera más efectiva y eficaz que antes”.

Todavía hoy dan ganas de sumarse a los aplausos que se oyeron al acabar esta frase, aunque si uno fuese capaz de controlar el más que lógico entusiasmo, cabría preguntarse qué hay en el texto de la reforma que haga que los “delitos más graves no queden impunes y puedan ser perseguidos y juzgados de manera más efectiva y eficaz que antes”. Veamos, ¿pudiera ser el establecimiento de un gran número de nuevos requisitos, a la carta, para que nuestros tribunales puedan ser competentes y perseguir esos graves crímenes de derecho internacional? ¿Quizás el acabar con la acción popular? ¿Será acaso lo previsto en la Disposición Transitoria Única del texto de la reforma, esto es, el cierre inmediato de todos los procesos abiertos en la Audiencia Nacional que no cumplan con toda esa serie de exigencias sobrevenidas? Difícil saberlo, aunque la aparente única respuesta que cabe extraer de las palabras del representante Popular lleva a lo siguiente: lo que se prevé en la reforma es lo necesario para evitar que se sigan “defraudando las legítimas expectativas de aquellos que acuden a nuestros tribunales [pues] con ello, estar[íamos] haciendo un flaco favor a la justicia, también a la universal”.

¡No defraudar a las víctimas, ni a la justicia, ni siquiera a la universal! Suena estupendo. De hecho, mantuvo en mayor detalle el señor Castillo Calvín que “si lo que queremos es que la justicia, concretamente la justicia universal, no quede en una mera declaración de principios, si queremos superar un sistema que se limita a promover una especie de justicia quijotesca que, buscando remediar las injusticias, no consigue resultado alguno, estaremos obligados a mejorar nuestra regulación para garantizar que la teoría y la práctica sean efectivas. Y eso es lo que se pretende con esta iniciativa”. Y así y como apoteosis final, que afirmase que “esto, y no tanto los conflictos diplomáticos, es lo que realmente nos preocupa”.

Aquí no se escucharon aplausos ni vítores, pero desde luego tal interés y preocupación los hubieran merecido y merecen. Ahora, quizá pudiera venir a la mente del lector malpensado declaraciones anteriores como la del portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso: aquello de que la propuesta de modificación “es una reforma muy querida por Exteriores”. Descartando que el diputado Castillo Calvín pudiese estar ofreciendo una explicación absolutamente insostenible, increíble, la justificación pudiera encontrarse en que el Ministerio de Asuntos Exteriores ya no se ocupa de las relaciones (o “conflictos”) diplomáticos, sino de tratar de garantizar que la jurisdicción universal sea lo más efectiva posible y no se defraude ninguna de “las legítimas expectativas de aquellos que acuden a nuestros tribunales”. Todo pudiera ser.

Para los más perspicaces, más complicado parece incluso tratar de cuadrar el siguiente círculo: de un lado, el reconocimiento, unánime y universal, de que España ha sido un actor y referente clave en la persecución universal de los más graves crímenes internacionales –“España está a la vanguardia del mundo en cuanto a justicia universal” llegó a decir el diputado Castillo Calvín; pero del otro, que al final ante lo que estamos es aquello de la “justicia quijotesca” que “no consigue resultado alguno” (por lo tanto mejor acabar con ella, casi le faltó por señalar). Aquí no obstante sí se ofreció una explicación adicional; en concreto que lo que pasaba es que sólo ha habido una condena en la Audiencia Nacional: la del caso Scilingo. Bueno, siempre cabría preguntarse sobre por qué esto ha sido así, o si se prefiere, acerca de cómo es posible que antes de aquella causa, sin condena alguna pues, España ya se hubiese convertido en ese referente y actor clave. En fin, quizás alguno echase en falta referencia a lo que supuso, por citar el ejemplo más conocido, hechos como el procesamiento del General Pinochet. Pero no, nada más se añadió.

A continuación, en realidad todos los Grupos de la oposición no sólo no compartieron, sino que rebatieron cada uno de los argumentos y razones expuestas por el señor Castillo Calvín. Pero llegado el momento de confrontar estos pareceres, de poder comprobar si es que todos ellos no habían entendido lo que realmente se quería reformar y el porqué de ello, tal y como se había explicado, pues salvo la escueta respuesta que ya vimos al Grupo Socialista, nadie del Grupo Popular respondió a ninguna otra intervención. Por más decir, viendo la sesión de aquel día, es que ni las escucharon.

De este modo se pasó al momento del voto, y la toma en consideración de la propuesta de reforma quedó aprobada con los votos del Grupo Popular. Claro que el que no se hubiese estudiado su contenido habría podido quedar con una impresión, ya confusa ya distorsionada, de lo que se estaba reformando, de porqué se estaba haciendo y de para qué se hacía. Pero bueno, sería que en posteriores debates llegase el momento de poder asistir a una discusión detallada al respecto. Pues tampoco.

Del día 11 pasamos directos al 20 de febrero. Fecha en que se aprobó, de nuevo con el voto exclusivo de los diputados del PP, la tramitación urgente –directa y en lectura única- de la reforma. Enlazando con lo anterior, cabría entender que ello fue así porque esa “preocupación” por no defraudar a las víctimas, por no seguir haciendo “un flaco favor a la justicia, también a la universal” requería ser atendida con la mayor de las celeridades. Esto lo digo yo, porque en la intervención del representante popular, Barreda de los Ríos, no se ofreció explicación alguna del porqué era necesaria esa tramitación sumarísima. Sus palabras se centraron en defender que el Reglamento del Congreso lo permitía; a lo que hay que agregar que respondiendo a la anterior intervención de la diputada socialista, añadió lo que sigue y que no puede más que citarse: “¿Usted recuerda la Ley Orgánica 1/2009, la recuerda usted, complementaria de la Ley de la Nueva Oficina Judicial? (…) Lo hicieron con una enmienda de contenido orgánico en una ley ordinaria. (…) Por tanto, deprisa y corriendo, sin informes, sin debate de admisión a trámite y sin posibilidad de enmiendas a la enmienda”. En menos palabras, la cosa parece ser que se reconocía que el proceso de reforma de 2009 fue un disparate –apoyado entonces por el PP “por sentido de Estado”, dijo también el señor Barreda de los Ríos. De tal suerte que ahora, pues se optaba por lo obvio: un trámite aún más demencial para aprobar la nueva reforma en un puñado de días. Rizando el rizo.

Y de este modo, en cuestión de días y en votación exprés directa parece que quedará aprobada la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal. Esto es, se dará fin a la jurisdicción universal en España, y se ordenará el archivo de la gran mayoría de procesos que ahora siguen abiertos.

En lo que a mí respecta, bien, como decía al comienzo estoy atónito, abochornado, casi sin palabras. Hasta confesaré que llevo varios días pellizcándome y no, no es una pesadilla. Realmente así se legisla en este país.