Las promesas de los partidos para poner fin a la corrupción

La corrupción continúa siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Tanto, que en el último mes fue mencionado por el 40,1% como uno de los problemas fundamentales para la sociedad, frente al 5,4% de menciones que cosechó al final de la anterior legislatura, según la encuesta del CIS publicada el pasado 3 de diciembre.

La inquietud de la ciudadanía ante los casos de corrupción que han envuelto al panorama político en los último años obliga a los candidatos a plantear medidas urgentes para terminar con ella. Estas son las principales propuestas de los partidos:

PP: "reivindicar la política, combatir la corrupción"

El PP suscribe, a través de su programa electoral, el "compromiso" que durante su legislatura afirma haber mantenido en la lucha contra la corrupción. "Los órganos internos del Partido Popular seguirán actuando con la máxima prontitud, objetividad y rigor, aplicando estrictamente los estatutos en casos de corrupción", afirman los conservadores.

Aseguran, en un apartado que han bautizado como "reivindicar la política, combatir la corrupción", la adhesión de sus cargos a una Declaración de Compromiso, que obligará a suspender de militancia y a dimitir a todo aquel que se vea envuelto en la apertura de juicio oral. Se comprometen, asimismo, a potenciar la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en materia de corrupción, y marcan una rendición periódica de cuentas por parte del responsable de la entidad.

También apuestan por el cese de los altos cargos encausados, y por la reducción de aforados. Finalmente, prometen en otro de los puntos un mayor control de las subvenciones públicas.

PSOE: Reforma de la ley de enjuiciamiento criminal

Los socialistas se refieren también a la apertura de juicio oral, y abogan por prohibir el nombramiento de cargos públicos, así como la suspensión de concejales y parlamentarios que se encuentren en esta situación. Reformularán la Ley de Partidos Políticos y la Ley sobre su financiación, en una sola Ley de Partidos, mediante la cual prevén implementar mecanismos de transparencia que mejoren la información sobre donaciones, gastos e ingresos electorales. Retendrán toda subvención pública a los partidos que no hayan remitido sus informes al Tribunal de Cuentas y regularán que los partidos implicados en casos de financiamiento ilegal a través de actos de corrupción se hagan responsables patrimonialmente de dichas acciones.

Otra de las medidas consiste en tipificar el delito de enriquecimiento ilícito de autoridades y funcionarios públicos durante el período de su mandato, cuando no puedan justificar la causa. En cuanto a la actividad de los partidos políticos, abogan por revisar el delito de financiación ilegal de partidos,rebajando "significativamente" la cuantía mínima que da lugar a los supuestos.

Proponen además reforzar los requisitos de control y de exigencia de información con empresas que realicen operaciones financieras en países o territorios considerados legalmente como pasaísos fiscales.

Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, resaltan su voluntad de reformarla para adaptarla a un proceso penal "moderno, ágil y con las garantías propias de un Estado de Derecho". Por último crearán una Oficina Anticorrupción con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público, incluida la Administración militar y las locales.

PODEMOS: Fin de los privilegios por cargo

El partido de Pablo Iglesias propone erradicar todo tipo de privilegios que vayan a parar a cargos electos. Prevé eliminar las indemnizaciones por cese y las llamadas "pensiones de oro" de los exparlamentarios, y pondrá en marcha una nueva Ley de Financiación de partidos políticos, que prohibirá las donaciones de bienes inmuebles cuyo valor exceda el límite legalmente establecido, además de limitar el endeudamiento bancario por parte de las formaciones.

En este contexto, creará un Plan Nacional contra la Corrupción e introducirá, igual que los socialistas, la figura delictiva de enriquecimiento injusto o ilícito.

Por otro lado, promete establecer un mínimo de diez años hasta que un ex alto cargo pueda intervenir en un ámbito afectado directamente por su gestión. También impedirá que estos participen en consejos de administración de empresas que operan en sectores estratégicos, y rechaza que desde los lobbies se contrate a los diputados o a sus asistentes. Para ello, creará una oficina de registro de conflictos de interés e incompatibilidades que vele por el cumplimiento de estas normas.

Finalmente, la formación morada derogará la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de lograr un "fortalecimiento de las garantías procesales".

CIUDADANOS: protección de los denunciantes

Ciudadanos se suma a la iniciativa de impedir que imputados se presenten en listas electorales o a cargos públicos. Apuesta, además, por endurecer las penas de los delitos más graves, como los cometidos utilizando paraísos fiscales, testaferros u organizaciones para delinquir, de forma que la condena implique penas efectivas de prisión.

En cuanto a las personas aforadas, el partido de Albert Rivera es rotundo: supresión de los aforamientos. Defiende asimismo que sólo se pueda indultar en casos excepcionales, excluyendo aquellos vinculados a la corrupción. Propone, del mismo modo que sus oponentes, reformar la legislación sobre partidos políticos, con medidas como la prohibición de donaciones por parte de personas físicas o jurídicas que hayan tenido, tengan, o puedan tener a corto plazo relaciones económicas con la Administración.

C's se pronuncia contra el negocio del conflicto de intereses y contra las puertas giratorias, prometiendo dotar de "verdadera independencia" a la Oficina de conflicto de intereses. También se muestra contrario a lo que denomina como "capitalismo de amiguetes", por lo que defiende un mayor control sobre la legalidad del uso de fondos públicos. En relación a ello, estipula que en caso de que un alto cargo o cargo público "haya producido con su conducta un daño y perjuicio al erario público", podrá hacerse efectivo el llamado derecho de repetición, es decir, la ciudadanía tendrá derecho a reclamar la devolución del dinero extraído.

Finalmente, la formación naranja presta atención a los denunciantes de casos de corrupción, y plantea su protección mediante propuestas como la condición de testigos protegidos si así lo solicitan.

IU-UP: 20 años de prescripción

La candidatura de Alberto Garzón apuesta, del mismo modo que Podemos y el PSOE, por incluir el enriquecimiento ilícito como delito en el marco de una ley anticorrupción. 

IU-UP desarrollará la regulación de incompatibilidades durante y tras el ejercicio de cargos públicos, para evitar el enriquecimiento basado en la información obtenida en el desempeño de dichos cargos. En cuanto al transfuguismo, promete poner en marcha "medidas estrictas" contra él.

Finalmente, aumentará a 20 años el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción.

UPyD: mandatos de dos legislaturas

El partido de Andrés Herzog propone incorporar como acto delictivo la malversación imprudente de caudales públicos, y castigar a los empleados y cargos públicos que en el ejercicio de sus funciones causen un perjuicio económicamente evaluable. También apuesta por impedir, siguiendo la tónica general, que los imputados por corrupción puedan ser candidatos en procesos electorales. Aboga, asimismo, por limitar, publicar y motivar la concesión de indultos. 

El partido magenta defiende la tipificación penal de la financiación ilegal de partidos políticos, el delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos electivos y la limitación de los mandatos a dos legislaturas como máximo.

Además, reimpulsará el pacto antitransfuguismo para expulsar a los tránsfugas de la política, eliminarán los aforamientos políticos y acabarán con las puertas giratorias.

Por último, y del mismo modo que Ciudadanos, promueve una mayor protección para el denunciante de corrupción, mediante un estatuto personal que evite represalias en el entorno profesional y social.