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Elecciones 20-D

Las vías para regenerar la Justicia que prometen los partidos políticos

  • Podemos y el PSOE apuestan por derogar la ley mordaza y elaborar una nueva normativa que garantice la seguridad ciudadana
  • Unidad Popular defiende, igual que los socialistas, suprimir las tasas para mejorar el acceso de toda la ciudadanía a la Justicia
  • UPyD redefine el sistema de elección de los jueces y magistrados, del mismo modo que hace la formación de Albert Rivera

Publicada 17/12/2015 a las 06:00 Actualizada 17/12/2015 a las 06:09    
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El edificio del Tribunal Supremo.

El edificio del Tribunal Supremo.

EUROPA PRESS
La reforma del poder judicial entra en los programas de los principales candidatos a la Presidencia para potenciar una Justicia eficaz, despolitizada, independiente y al servicio de los ciudadanos. Sobre la mesa están cuestiones como la ley mordaza (Ley de Seguridad Ciudadana), la reforma exprés del Tribunal Constitucional, la Ley de Enjuiciamiento Criminal o el replanteamiento del sistema de elección de jueces y magistrados.

PP: Estrategia nacional de justicia


Los conservadores introducen en su programa electoral las medidas destinadas a mejorar el sistema judicial en un apartado denominado Justicia ágil y de calidad al servicio de la libertad, donde proponen una estrategia nacional en consenso con todas las fuerzas políticas, con los ciudadanos y con los distintos sectores de la Justicia para "adaptarla a la realidad del siglo XXI".

Plantean un nuevo Código Procesal Penal que agilice los tiempos y fortalezca la figura del Ministerio Fiscal y prometen implantar oficinas de atención a las víctimas, además de una Comisión de Seguimiento del Estatuto de la Víctima. También impulsarán una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa.


El PP apela a la importancia de construir una Justicia de calidad, transparente –mediante información estadística aprovechando las nuevas tecnologías, y con iniciativas como la Sede Judicial Electrónica–, y "comprensible" en el lenguaje jurídico.

Promoverán un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reforzando sus labores y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros, aunque los conservadores no especifican en qué se basará dicha elección.

PSOE: derogar la 'ley mordaza'


Los socialistas abogan por una Justicia pensada para "recuperar los derechos y libertades de la ciudadanía", proponiendo para ello la derogación de la llamada ley mordaza y la aprobación de una nueva que "refuerce y proteja a las personas". De llegar al Gobierno, el partido de Pedro Sánchez propone también eliminar el artículo 315.3 del Código Penal –"quienes coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses"–.

Prometen eliminar de forma inmediata la prisión permanente revisable, y aumentar las penas de delitos relacionados con la Hacienda pública, el medio ambiente y el urbanismo. También proponen reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y la Ley Orgánica del Poder Judicial

Aprobarán una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías encargado de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales durante todo el proceso, así como del estatuto de protección integral de la víctima e instaure la segunda instancia penal.


Suprimirán las tasas judiciales para pequeñas y medianas empresas, de modo que estas se exigirán únicamente a sociedades mercantiles cuyo nivel de facturación supere el millón de euros anual.

El PSOE propone confeccionar una reforma del sistema judicial fomentando la especialización y la accesibilidad, dotándolo de medios suficientes y adecuados para que toda la ciudadanía, en función de su nivel de renta y capacidad económica, "pueda hacer efectivo su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".

PODEMOS: oficina de derechos humanos del gobierno


El partido de Pablo Iglesias defiende, en primer lugar, eliminar la ley orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el objetivo de fortalecer las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.

También derogarán la ley mordaza, de manera inmediata, y establecerán una nueva legislación de seguridad ciudadana que facilite el libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación.

Crearán una Oficina de Derechos Humanos del Gobierno que desempeñe funciones ejecutivas para velar por el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos, ya sean civiles, políticos, económicos y sociales, o aquellos relativos a la infancia y a la equidad de género. Además, coordinarán la labor de todos los ministerios a través de una comisión interministerial y contará con representantes de las ONG, organizaciones civiles, sociales y profesionales.

Por otro lado, con el fin de dotarlo de una mayor independencia, proponen despolitizar el Tribunal Constitucional a través de dos reformas. En primer lugar, establecerán un nuevo sistema de nombramiento por cuota de rechazo, de modo que responda a sucesivos procesos de descarte, quedando sólo los candidatos que menos rechazo generen. Finalmente, derogarán la reforma exprés del TC, de forma que no asuma competencias como la suspensión de sus funciones a una autoridad.

CIUDADANOS: abolición del cGPJ
 

Si el PP proponía dotar de mayor independencia al CGPJ, Ciudadanos va más allá y plantea su eliminación. Las funciones del Consejo recaerán entonces sobre el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, que será elegido –durante seis años y sin posibilidad de reelección– por el Congreso de los Diputados. Los candidatos, magistrados del Tribunal Supremo, deberán contar con al menos 20 años de ejercicio en la carrera judicial, y no poseer ningún vínculo con partidos políticos ni haber ostentado un cargo público. De este modo, el presidente y sus adjuntos serán "los auténticos defensores de la independencia judicial". 

La formación naranja promete limitar las puertas giratorias entre justicia y política, y fomentar que el nombramiento de jueces y magistrados esté basado en criterios de mérito y capacidad. 

Por otro lado, abogan por un Poder Judicial único para toda España, al que dotarán de más recursos materiales y humanos. Racionalizarán además los recursos existentes, reformando la composición de órganos jurisdiccionales.

En cuanto a las tasas judiciales, rechazan el "poder disuasorio" de estas, de modo que prometen garantizar los derechos de los ciudadanos sin recursos para litigar, mediante un turno de oficio prestado por letrados libres e independientes y gestionado por los colegios de abogados.

IU-UP: supresión de los tribunales militares


Unidad Popular apuesta por una regeneración activa del sistema judicial con el objetivo de que sea "eficaz y justo, eliminando el clasismo, el racismo y el machismo hoy dominantes". Incrementarán la ratio de jueces por habitante, y reformarán el sistema de elección del Tribunal Constitucional, el CGPJ y del Fiscal General del Estado. En el caso de este último, su elección y cese dependerá de las Cortes Generales. Los Tribunales Militares serán suprimidos y sus atribuciones pasarán a la jurisdicción ordinaria.

Abogan por la supresión de las tasas, transformando el turno de oficio en un servicio público prestado por las administraciones públicas, y derogarán la Ley de Tasas. Asimismo, la candidatura de Alberto Garzón defiente una Justicia universal que pasa por la modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, garantizando que la universalidad "sea pura, absoluta y concurrente". También incluirán en el ámbito competencial de la jurisdicción universal los delitos contra la naturaleza, el medio ambiente y los crímenes económicos.

Mantienen su firme compromiso por luchar en pro de la igualdad de género también en el ámbito judicial, de forma que prometen aplicar en esta área una visión de género que introduzca en la legislación penal el delito de apología de la violencia machista, de la denigración de las mujeres y el odio sexista, entre otros.

Apoyan un tipo de Justicia restaurativa, apostando por cambiar el actual sistema sancionador por eun modelo retributivo y restaurativo, siendo este el que procura restaurar el daño causado mediante una imposición de sanción a la persona infractora que repercuta directa y positivamente en la víctima o en la sociedad a través de colectivos de víctimas. 

UPYD: más requisitos en la elección de jueces y magistrados


El partido de Andrés Herzog defiende que "una Justicia independiente es una Justicia despolitizada". Para garantizar su buen funcionamiento, propone que los doce miembros del CGPJ sean elegidos por jueces y magistrados de forma directa y en listas abiertas, mientras que los otros ocho vocales se elegirán por el Congreso y el Senado. Se les exigirán más de 20 años de ejercicio en su profesión y que ninguno haya militado en partidos políticos u ostentado un cargo público durante los cuatro años anteriores a su elección.

En cuanto al Tribunal Constitucional, pasará de 12 a 15 magistrados y los requisitos exigibles para su elección serán los mismos que los del CGPJ.

UPyD dotará a la Fiscalía General del Estado de medios materiales y humanos suficientes para luchar "más y mejor" contra la corrupción política. Reforzarán la independencia y despolitización del cargo de Fiscal General del Estado, que será elegido por una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado.


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