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Corrupción política

El ex interventor jefe de la Junta quita hierro al fraude de la formación

  • Niega que su dimisión tuviese relación con el caso y destaca la reacción "contundente" ante las "irregularidades"
  • El PSOE destaca la "brillante" comparecencia de Adolfo García, que frustra a la oposición

Publicada 08/03/2016 a las 20:29 Actualizada 08/03/2016 a las 21:00    
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Adolfo García, ex interventor jefe de la Junta, junto al presidente de la Comisión, Julio Díaz, de Ciudadanos.

Adolfo García, ex interventor jefe de la Junta, junto al presidente de la Comisión, Julio Díaz, de Ciudadanos.

El ex interventor general de la Junta de Andalucía, Adolfo García, lanzó este martes un balón de oxígeno al PSOE durante la comisión de investigación parlamentaria sobre el fraude de los cursos de formación para parados. García, que dimitió el 2 de febrero tras de ser llamado a declarar a la comisión, negó que su abandono del puesto que ocupaba desde junio de 2012 tuviese relación con el caso. También quitó hierro al fraude, llegando a sugerir que el mismo se produce en otras comunidades, y ensalzó una y otra vez el trabajo de los funcionarios de la intervención. En la segunda ronda de preguntas de los grupos, la parlamentaria del PSOE responsable del interrogatorio, Marisa Bustinduy, lo despidió así: "Quisiera agradecerle su comparecencia, por brillante y por clara".

Frío, tranquilo y muy técnico, García se negó casi por sistema a opinar ante las preguntas de los grupos de la oposición, que querían arrimarlo a sus tesis. "No sé", "No le puedo contestar", "Los actos de fe, las presunciones y las ocurrencias no son mi terreno", decía cuando los diputados de PP, Podemos, C's e IU le buscaban las vueltas. Las veces que se lanzó a dar su punto de vista fue para avalar la actuación de la Junta de Andalucía en un caso de fraude millonario, cuyas dimensiones están todavía por delimitar y que está siendo investigado por casi una veintena de juzgados en las ocho provincias de la comunidad autónoma. Un caso que se suma, además, al de los ERE, también en instrucción y sobre el que ya se celebró una comisión de investigación parlamentaria en 2012.

"Mal de muchos, consuelo de..."

"Ha habido deficiencias en determinadas áreas de gestión", ponderó García, que de inmediato destacó que "estas irregularidades se han detectado desde dentro, con recursos propios". Y añadió: "Me atrevería a añadir que se ha actuado de forma contundente e inmediata. Tenemos que vanagloriarnos de eso". Vio "impensable" que la norma estuviera "diseñada para el fraude". Tildó de "rocambolesca" la hipótesis de una acción concertada para el fraude en las ocho provincias. E incluso apuntó a que el fraude en la formación se produce en otras comunidades donde no está siendo investigado o donde la intervención ha reaccionado de forma menos diligente. "No me vale eso", le dijo Marta Bosquet, de Ciudadanos. "Aquí estamos en Andalucía. No vale eso de 'mal de muchos, consuelo de...'". "Por supuesto", reaccionó García.

Más tarde la parlamentaria del PP Teresa Ruiz Sillero le preguntó si creía que lo ocurrido era "grave". "No es habitual", respondió. Ella le insistió en el panorama de descontrol que había descrito el interventor de Huelva el lunes, en contraste con la visión que estaba ofreciendo el propio García. Y el ex interventor jefe contestó tranquilamente: "Es posible que el interventor de Huelva tenga más información que yo".

Con la comparecencia de García concluye la ronda de interventores, que ha abarcado a los ocho provinciales y a su superior jerárquico. Estos funcionarios no han ofrecido un discurso homogéneo, ni preparado colectivamente. No ha habido opiniones similares entre ellos en si los expedientes ya han prescrito o no, lo que marcaría la frontera entre si ya se ha producido menoscabo para las arcas públicas o aún no. También han diferido en el tenor de sus respuestas ante cuestiones sobre cómo podían ocurrir prácticas fraudulentas similares en todas las provincias, o si consideran que la Junta ha vulnerado la ley, o si el mecanismo de las exoneraciones (un procedimiento previsto por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía que permitía a la Junta proponer el pago de nuevas subvenciones aun sin haber justificado las anteriores) fue habilitado con la finalidad de facilitar el descontrol. E incluso han dicho cosas diferentes cuando se les ha preguntado si fallaba la normativa o su aplicación.

Pero todos han compartido algo: los ocho han dejado apuntes muy críticos con la actuación de la administración, componiendo un panorama general de desorden y falta de medios, en el mejor de los casos, y grave descontrol, en el peor, que permitió la práctica fraudulenta: los beneficiarios de las ayudas no utilizaban los fondos para la formación, sino para quedarse el dinero o para otros fines, simulando la celebración de los cursos, en ocasiones con profesores y alumnos falsos. El Gobierno andaluz –en datos aportados el verano pasado– cifra la cantidad investigada en 1.613 millones, si bien esto es lo global, no todo lo defraudado. La Junta ha reclamado al menos la devolución 72 millones, a la espera de que el consejero José Sánchez Maldonado actualice la cifra. Hay cuatro ex consejeros de la Junta imputados: Ángel Ojeda (por su actividad como empresario), Antonio Fernández, Antonio Ávila y Manuel Recio. En la comisión tendrán que comparecer los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán (que declararán además la semana que viene como imputados en el caso de los ERE en un juzgado de Sevilla) y la actual jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, que cerrará la comisión. No hay constancia de que se haya producido fraude con posterioridad a la entrada de Díaz en el Gobierno andaluz en 2012.

Expedientes incompletos y fotocopias ilegibles

La Junta no actuó con la "diligencia debida", dijo este martes la interventora de Sevilla, Victoria López, que pasó por la comisión antes que García y afirmó que cuando tuvo que empezara a fiscalizar los expedientes estos le llegaron "incompletos" con "fotocopias ilegibles o desordenadas", otra constante en el relato de los interventores. El relato más crudo lo puso el lunes el interventor de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, que habló abiertamente de "relajación" en los mecanismos de control con su consiguiente "menoscabo" de fondos públicos. Afirmó que encontró "muchas irregularidades y muy relevantes", con expedientes "sin la documentación mínima y con errores muy relevantes".

El interventor de Huelva se permitió algunos apuntes que rozaron el sarcasmo. Fue con diferencia el que más entró al trapo de los parlamentarios de PP, Podemos, C's e IU, que se frotaron las manos con su intervención. García Bermúdez acabó incluso protagonizando momentos de tensión con el parlamentario del PSOE, Rodrigo Sánchez Haro, que sostiene la tesis de que no hubo fraude, sino en todo caso irregularidades puntuales ante las que la Junta actuó de forma fulgurante.

Lo del ex interventor general ha sido muy distinto a lo del responsable de la fiscalización en Huelva. No se puede decir que haya mantenido choques con los diputados de la oposición, porque de hecho Adolfo García dio la impresión de ser inmune a los nervios. No estuvo ni siquiera cerca de atender el capote que una y otra vez le ponían los portavoces de la oposición. Y finalmente estos dejaron entrever su malestar con la postura de García. "Está siendo usted muy tibio, permítame que se lo diga con todo respeto", le dijo Teresa Ruiz Sillero, del PP. "Usted opina unas veces sí, y otras no", le dejó caer Juan Manuel Moreno Yagüe, de Podemos, que le reprochaba veladamente que se mojase para juicios de valor que favorecen las tesis del PSOE. Marta Bosquet, de C's (partido que es socio de legislatura del PSOE y cuyo papel en la elaboración de las conclusiones será clave) le soltó que sueldo se lo pagan "todos los andaluces, y no el partido que gobierna". Elena Cortés, de IU, evitó las críticas, pero tampoco quedó satisfecha con las múltiples evasivas de García.

Varios portavoces ironizaron sobre si todo el problema estaría en los cambios de competencias, que han hecho que la formación baile entre Empleo y Educación, un proceso en el que, según varios interventores, se extravió información. García dijo que de todo cambio de competencias se dice coloquialmente que es "un pequeño incendio", y que esto podría explicar cierta pérdida de información. No calculó que los portavoces le tomarían la palabra. "Esto fue el coloso en llamas", le dijo Elena Cortés, de IU. Cada vez que se le preguntó por la afirmación del "pequeño incendio", García explicó –sin perder en ningún instante la calma– que era una "anécdota" que podía entender "cualquiera que hubiera hecho una mudanza".


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