El informe que destapó la corrupción en el Ayuntamiento de Granada y desató la guerra en el PP

"Actuar con la mayor diligencia posible y exigiendo las responsabilidades de diversa índole que pudieran derivarse". Con esta contundente propuesta de actuación cerró el 29 de enero de 2013 Jacobo de la Rosa, entonces director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, el informe que destapó las irregularidades del conocido como caso Serrallo. El informe, al que ha tenido acceso infoLibre, desvelaba un rosario de irregularidades en una operación urbanística que supuestamente benefició al empresario Roberto García Arrabal y supuso no sólo el inicio de la investigación que llevó el miércoles pasado a la detención del alcalde, José Torres Hurtado, sino que provocó también una guerra larvada en el PP que ahora ha exhibido toda su crudeza.

De la Rosa salió del Ayuntamiento tras la emisión del informe, cuyas consecuencias llegan hasta ahora, y fue incorporado de inmediato como director general de Fomento y Obras Públicas de la Diputación de Granada, presidida entonces por Sebastián Pérez, enemigo interno de Torres Hurtado y aspirante a su cargo. Las fechas son éstas: el informe es del 29 de enero, cuando De la Rosa ya sabía que "no contaba con la confianza de Isabel Nieto", entonces concejal de Urbanismo, según fuentes próximas al regidor. Su salida del Ayuntamiento se produjo inmediatamente después, según fuentes municipales. El Boletín Oficial de la Provincia publicó la plaza que se adjudicó a De la Rosa el 28 de enero. De la Rosa presentó su solicitud antes del 13 de marzo, cuando se cerraba el plazo. La adjudicación se produjo el 19 de abril. El alcalde se tomó aquella contratación de quien había dejado una bomba de relojería haciendo tic tac en la Gerencia de Urbanismo como una afrenta y perdió la confianza en el que había sido su pupilo.

Tras el enfrentamiento que provocó el informe entre Torres Hurtado y Sebastián Pérez, Jacobo de la Rosa regresó al Ayuntamiento de Granada, donde tiene plaza como funcionario. Allí se le encargaron en 2015 tareas de poca entidad teniendo en cuenta su historial, concretamente en una oficina de atención a vecinos en el emblemático barrio del Albaicín, señalan fuentes municipales. De la Rosa quedaba fuera del exclusivo círculo de altos cargos que durante años han controlado el urbanismo de Granada, y que ahora están en el punto de mira. Maripaz Espínola, directora general de Urbanismo –que sustituyó a De la Rosa–; Manuel Lorente, director de Obras; y Emilio Martín Herrera, director de Licencias, están entre los miembros de la cúpula de Urbanismo investigados. Urbanismo es descrito por numerosas personas conocedoras de su funcionamiento como "un coto cerrado" que funciona con alto grado de autonomía respecto del resto del Ayuntamiento.

Actualmente De la Rosa, tras su paso por la oficina técnica del Albaycín, se encuentra de baja. La ya ex concejal Isabel Nieto, tras dimitir, lanzó ante los medios acusaciones contra este funcionario, afirmando –aunque sin aportar pruebas– que había compatibilizado su actividad pública con el lucro a través de una empresa privada que no mostraba en su declaración de bienes. "Los que denuncian no siempre son los buenos", dijo Nieto, que asegura que es víctima de una "venganza". infoLibre ha intentando contactar con el funcionario y con Isabel Nieto.

De un parque infantil a una discoteca

La desconfianza entre Torres Hurtado y Pérez no dejó de crecer desde el fuerte encontronazo de 2013, hasta tal punto que el alcalde puso como condición para su dimisión –que le exigía el PP– que Pérez, que aspiraba a su cargo, también dejase su acta de concejal. No obstante, el también senador y presidente provincial del PP aún tiene trayectoria política por delante, mientras que Torres Hurtado está totalmente amortizado tras su dimisión.

El informe de De la Rosa describe punto por punto cómo una concesión para un parque infantil realizada en 2006 se convirtió en la construcción de una discoteca y un pabellón cubierto de pista de patinaje con bar cafetería en los golosos terrenos junto al centro comercial Serrallo, contraviniendo lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Granada (PGOU). Y ello sin incrementar el canon de concesión, 12.100 euros anuales, con lo que se dispara el lucro para el adjudicatario. Se produjo "un claro y muy grave exceso de ocupación y de volumen construido en el espacio libre, no permitido por el ordenamiento urbanístico vigente", señala el informe. Y añade: "Se introducen [...] usos prohibidos como el de sala de fiestas, [...] produciendo una muy grave actuación de especulación urbanística en las zonas verdes".

Restaurar el estado urbanístico anterior

El entonces director general de Urbanismo cerraba su informe con una conclusión demoledora, al señalar que "dada la gravedad" de los hechos, se debía "restaurar" el estado urbanístico anterior, "actuando con la mayor diligencia posible y exigiendo las responsabilidades de diversa índole que pudieran derivarse de las mismas". Jacobo de la Rosa lo dejó firmado un 29 de febrero de 2013, cuando la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, le había comunicado la pérdida de confianza en él. El informe acabó en manos del concejal de Izquierda Unida Francisco Puentedura, y después de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Granada, que denunció los hechos ahora investigados –junto a otras operaciones urbanísticas similares y también bajo sospecha– por la Policía Nacional y el juzgado.

infoLibre ha tenido acceso tanto a la denuncia de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente como a un informe de la Junta de Andalucía solicitado por aquella. Ambos documentos coinciden en un relato de los hechos que detalla clamorosas irregularidades en esta operación. "El objeto de la concesión es modificado sucesivamente a través de alteraciones del proyecto de urbanización que debía concretar las obras a desarrollar en el parque, incorporando incluso varias edificaciones sin solicitar licencia para ello", señala el informe de la Consejería de Medio Ambiente. La denuncia de la Fiscalía señala que el volumen y los usos construidos son "contrarios a la norma", y que "en la práctica" lo que se hace es dar a la misma empresa del centro comercial una ampliación de sus actividades en las zonas verdes colindantes.

El presidente de la patronal

El caso Serrallo es una de las líneas de investigación que sigue el juzgado de instrucción número 2 de Granada, en el marco de cuyas diligencias el miércoles pasado fueron interrogadas al menos 17 personas, entre ellas el alcalde, José Torres Hurtado, su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto –ambos en libertad con cargos y ya dimitidos–, altos cargos de Urbanismo y empresarios.

Entre los promotores interrogados por el caso Serrallo está Roberto García Arrabal, entonces representante legal de Inversiones Área Sur, sociedad propietaria del próximo centro comercial Serrallo y beneficiario de la concesión bajo sospecha. También Enrique Legerén, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Granada (APC), fue interrogado por su vinculación con la empresa Upper Club, que recibió la licencia de apertura de la sala de fiestas. La APC, a través de un portavoz, explicó que Legerén está completamente convencido de su inocencia y que de hecho "no sabe" qué se le imputa.

La investigación apunta también a otras operaciones urbanísticas, como un desarrollo en Cerrillo Maracena por parte del empresario José Julián Romero –interrogado igualmente el pasado miércoles–, que compró al Ayuntamiento unos terrenos pero supuestamente no los pagó en su totalidad. Otras operaciones de Romero, caso de la construcción de un parking, también están siendo investigadas. Romero debe 5,6 millones al Estado, según el listado de deudores hecho público en diciembre por la Agencia Tributaria.

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Una "trama corrupta"

La investigación de la "trama corrupta", según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), abarca los supuestos delitos de cohecho (soborno), fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.

Tras la dimisión de Torres Hurtado y, forzado por éste, de Sebastián Pérez, el alcalde en funciones de Granada es Juan García Montero. Pero el PP está a un paso de perder el poder, porque todos los partidos de la oposición (PSOE, Ciudadanos, Vamos Granada e IU) están de acuerdo en convertir en regidor al socialista Francisco Cuenca.