Una Convención de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas mayores

Fernando Flores

Hace ya un año que comenzamos a escribir sobre derechos humanos en Alrevésyalderecho, pero todavía no hemos hablado de los derechos de las personas mayores (las de más de 60 años). Además de que esta ausencia merece una autocrítica, si añadimos que nadie nos lo ha reprochado, quizás podamos convenir que también revela un síntoma: su invisibilidad.

Como en su momento las personas con discapacidad, los dependientes o las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas mayores y sus derechos no han encontrado todavía el hueco en la atención social que sería deseable. Sin embargo, existen razones suficientes para que así sea.

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La organización HelpAge International, que trabaja como red global para la defensa de los derechos de las personas mayores, ha elaborado un Informe que revela la magnitud de las violaciones de derechos humanos que experimentan todos los días muchos hombres y mujeres mayores alrededor del mundo. El Informe revela realidades que nos hablan de tratos indignos y violencia, de maltrato (se entiende que éste existe cuando procede de un ámbito de relación de confianza), de barreras para acceder a cuidados de la salud, de dificultades para acceder a bienes básicos esenciales (el alimento, el agua, el refugio, la ropa y la calefacción), de la imposibilidad de obtener empleo, de sentimientos de inseguridad, de abusos de tipo económico, de falta de asesoramiento legal acerca de sus propios derechos, de alejamiento de la participación ciudadana… Obviamente, estas situaciones de discriminación aumentan de grado en los países pobres, o en los contextos de guerras y de crisis humanitarias, en los que las personas mayores son las golpeadas con mayor dureza, pues son las más vulnerables.

En cualquier caso, sería un error pensar que la desprotección de los mayores se reduce a los países pobres o en desarrollo. Los ciudadanos de algunos países de la Unión Europea, entre los que se encuentra España, asisten a la drástica disminución de los servicios sociales, una circunstancia que afecta directamente a las necesidades que genera el envejecimiento de su población (pensiones, gastos sanitarios y farmacéuticos, dependencia…). Además, otros derechos como el acceso a la justicia, los medios de reconocimiento de su capacidad jurídica, o la participación política, no están adecuadamente garantizados para los mayores.

Por lo demás, el mundo envejece. Aunque lo hace en todos sus continentes, es Asia la que lo experimenta de forma más acelerada. Se calcula que en 2050 una de cada cinco personas del Planeta tendrá más de 60 años. Hoy ese porcentaje es de una cada nueve. En España, más del 22% de la población ya tiene más de 60 años, y el Fondo de Población de la ONU sitúa ese porcentaje, en 2050, en el 38%.

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Todas las mencionadas son algunas de las razones, de fondo y de perspectiva, para prestar una mayor atención al mundo de los mayores y sus derechos fundamentales. Dicha atención va creciendo poco a poco.

En el marco de las Naciones Unidas desde los años 80 se han impulsado acciones dirigidas a promocionar el envejecimiento activo y las políticas de protección de las personas mayores. En esa dirección, aunque más recientemente (desde 2010, cuando se crea el Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento) se viene trabajando en la elaboración de una Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Es cierto que los principales tratados internacionales de derechos humanos se aplican a este colectivo, pues ninguno establece un límite de edad máximo para el reconocimiento y goce de los derechos consagrados en ellos. Sin embargo, al no existir un régimen de protección concentrada, la atención de los organismos existentes es menor, esporádica y, muchas veces, poco rigurosa. Además, las normas que les protegen están dispersas y, salvo excepciones, la edad no aparece explícitamente como una razón por la que alguien no debería ser discriminado.

El impulso de una nueva Convención es una buena idea. Por varias razones. En primer lugar, porque aumentaría la visibilidad de los problemas específicos a los que hacen frente las personas mayores, lo que serviría de base para el fomento de capacidades, la concienciación pública y la educación sobre sus derechos. En segundo lugar, y relacionado directamente con el argumento anterior, porque ayudaría a cambiar actitudes y prejuicios, a cambiar la imagen de sujetos destinatarios de caridad y ayuda, a la de sujetos de derechos, conocimiento y experiencia. En tercer lugar, porque aclararía algunas responsabilidades de los Estados firmantes, facilitaría el diálogo de Gobiernos y sociedad civil, y propiciaría su rendición de cuentas. En fin, porque crearía un marco jurídico de referencia más preciso, que permitiría garantizar mejor los derechos y responder más eficazmente al fenómeno del envejecimiento de la población. El reciente nombramiento por la ONU de un Experto Derechos Humanos de las Personas Mayores va en esa dirección.

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Por último, creo que es importante subrayar que es la sociedad civil la que está detrás de la iniciativa de una nueva Convención. Tanto en los países latinoamericanos, donde los gobiernos son más favorables a la adopción del tratado internacional, como en Europa, donde el apoyo institucional es en este momento muy débil (la UE y sus estados miembros no están por la labor de aumentar el “peso” organizativo de Naciones Unidas, y menos con un instrumento de claro perfil social).

En España, impulsada por HelpAge, se ha creado recientemente la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores. Ésta está formada por las principales entidades del tercer sector relacionadas con la defensa de los derechos humanos, la acción social y la atención a las personas mayores, y se incorpora al movimiento global ADA, una campaña internacional que tiene como objetivo luchar contra la discriminación, los abusos y la violencia por razón de edad. La misión de la Mesa Estatal es, precisamente, la lucha contra esa discriminación, hacer visible a las personas mayores en el actual sistema de protección de derechos humanos, para que éstos les sean efectivamente garantizados, y destacar las contribuciones positivas e imprescindibles que las personas mayores realiza a sus familias y a la sociedad en general. Con esas ideas como principios, el impulso para la elaboración y aprobación de una Convención de Naciones Unidas está en marcha.

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. Índice Global del Envejecimiento.

Fotos
. Habiba Ali, refugiada de Somalia. Benjamin Schilling/ HelpAge International.
. Turunesh y su nieta Senait, Etiopía. Jeff Williams/HelpAge International.

Un pensamiento en “Una Convención de Naciones Unidas para los derechos humanos de las personas mayores

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