Gallardón, la revolución ‘abortada’

Pepe Reig Cruañes

Este hombre fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo, máxima distinción en materia de justicia, por el mismo Gobierno que le dejó caer y justo antes de anular otra de sus reformas estrella, la del “tasazo”. Lo de este hombre es proverbial … y meteórico: desde las más altas cumbres de aprecio público (era el ministro mejor valorado al empezar, con un 3,54) hasta el profundo abismo de la impopularidad (1,87 en septiembre de 2014).

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El trato deferente del grupo Prisa le había granjeado un sello de transversalidad que le hacía tan tratable para la izquierda, como sospechoso para la derecha. Esa transversalidad “construida”, sin embargo, se evaporó como perfume barato en cuanto tocó poder ministerial. A partir de ese momento le pudo su vieja hiperactividad de alcalde y su mística conservadora, tanto tiempo escondida. Le pudo eso o quizá la oportunidad de encumbrarse entre los suyos por una vez. La batería de reformas que anunció en su estreno merece el nombre de revolución, otra cosa es que muchas de sus grandes ideas hayan acabado en la papelera de reciclaje.

Si nos atenemos a su encendido discurso de toma de posesión se trataba nada menos que de esto:

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Si hubiera que definir las líneas de fondo de semejante programa habría que empezar por el aroma clasista y privatizador de muchas de sus iniciativas. No se trata sólo de las tasas y su disolvente efecto sobre la igualdad en el acceso a la justicia, sino también de la tendencia a poner en manos privadas responsabilidades crecientes del sistema público. Notarios, Registradores y procuradores han visto incrementar su participación en el pastel de la economía judicial y lo agradecieron convirtiéndose en (casi) los únicos apoyos públicos con que han contado las iniciativas de Gallardón. La reforma que cede a los registradores y notarios el negocio de bodas, nacimientos y defunciones mereció un varapalo del Consejo de Estado que tildó de “inconstitucional” y “oscura” la intentona, aunque no hay noticias de que se haya detenido. Otra de sus inclinaciones es estirar el concepto de profesionalización de la justicia hasta condenar –así lo hizo en la presentación de su programa ministerial- como inconstitucional el nombramiento parlamentario del órgano de Gobierno de los jueces. Finalmente, el sesgo religioso de su conservadurismo social se tenía que reflejar en iniciativas que socavan libertades individuales, como las referidas al aborto y la prisión permanente. El “plumero místico” se le ha visto a Gallardón en expresiones osadas que no parecen provenir de ningún acervo jurídico o político, sino de algún recoveco de su bachiller jesuítico o de su paso por el CEU. Un hombre que asegura que “gobernar es repartir dolor”, seguro que bebe más en el pietismo barroco que en la mesura clásica.

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Para ver en detalle la cronología de la “legislatura Gallardón” (el lector puede verla y hacer zoom sobre cada detalle para expandirlo) pulsar AQUÍ.

Tasas sin tasa

Aprobada en solitario por el PP y rechazada por todos los grupos parlamentarios, sectores profesionales, sindicatos, consumidores, abogados, fiscales y jueces, la Ley de Tasas (Ley 10/2012), es la historia de un fracaso. Cinco recursos al TC y varias cuestiones de inconstitucionalidad, o sea que la había recurrido “hasta el Tato”, que diría Rajoy. No así la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que no podía hacerle eso a su amigo, pero le dijo que hiciera alguna rebaja y mantuviera la gratuidad para los menores. Tuvo que rebajarla a los dos meses y ahora su sustituto, Rafael Catalá, la acaba de anular de facto (y solo en parte), al excluir a las personas físicas del pago de tasas judiciales. (Para seguir todo lo relativo a este tema puede verse el blog de Verónica del Carpio).

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Gallardón había intentado justificar su “tasazo” (800€ por recurrir en apelación y 1200 en casación) con una de sus acostumbradas fintas jesuíticas: la tasas se destinarían a financiar la justicia gratuita. Nadie ha sido capaz, sin embargo, de aclarar el destino de los 500 millones recaudados (ni siquiera la cantidad es segura). La otra razón que adujo tampoco sale bien parada. Si se trataba de reducir la litigiosidad, incluso haciendo como que no vemos el sesgo social de esa disuasión económica, es preciso reconocer que algo se redujo en 2013, como venía ocurriendo desde el principio de la crisis, pero también que volvió a subir en 2014, especialmente en lo Civil y lo Contencioso-Administrativo, donde más había bajado al primer impacto del “tasazo”. Y eso tanto si contemplamos el número de nuevos asuntos ingresados a los juzgados, como si miramos la tasa por mil habitantes o el número de asuntos por juez. Como disuasorio del presunto “abuso en el acceso” no pudo ser más decepcionante.

Poder judicial de ida y vuelta

La otra gran apuesta del ministro de justicia era una tarea pendiente casi desde tiempos del rey Wamba, la reforma del poder judicial. La estrategia fue ir por partes, primero aspectos laborales de los jueces, luego competencias y elección de su gobierno, limitación de la justicia universal y, finalmente, la Ley Orgánica. Es una forma de eludir el verdadero control legislativo.

El cambio en la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial era una promesa electoral, y la calificación como inconstitucional de la elección parlamentaria fue uno de los titulares que se desprendía de aquella primera intervención del ministro en que anunció su (contra)revolución. No pudo ser. Ni siquiera la ya limitada propuesta de que 12 de los 20 miembros de CGPJ fueran elegidos por y entre los propios jueces. Tampoco la división entre aquellos con dedicación exclusiva o sin ella, introducida por Gallardón en su Ley Orgánica 4/2013 de reforma del Consejo. El proyecto final de Ley Orgánica del Poder Judicial, ya con Gallardón en barbecho, reducirá el número de los “exclusivos” y anulará de facto la diferencia entre unos y otros. También la eliminación de los “jueces estrella” y su sustitución por un tribunal de tres ha quedado descafeinada, y el proyecto sólo reorganiza las normas de reparto y permite la especialización de los jueces. Pero el cambio más llamativo, por ser el asunto que más protestas había desatado, es el intento de prohibir que jueces y asociaciones judiciales puedan valorar públicamente casos abiertos, (ver post aquí) y que el CGPJ pueda impedir a un medio de comunicación informar sobre el trabajo de un juez que pudiera ver “perturbada” su independencia judicial. De ese empeño del ministro Gallardón no queda nada en el proyecto final. Como tampoco de la anunciada Ley de Demarcación y Planta, que había de reestructurar las sedes judiciales: desapareció sin dejar rastro a fines del 2013. En poco menos de tres años hemos llegado… al principio.

Código Penal, con pena y sin gloria

Algo más de éxito, a lo que se ve, parece haber tenido el ministro Gallardón en lo penal. La ambición aquí era también crecida y los resultados menguados, pero concretos. El intento de Código Procesal Penal , donde ya planteaba la “instrucción fiscal” y suprimía la acusación popular, desapareció sin llegar al Congreso, aunque sus ideas se subrogaron en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal. La intervención de las telecomunicaciones fue considerada inconstitucional por el CGPJ. La instrucción por los fiscales es otro caso claro de reforma de ida y vuelta, ya que Gallardón rectificó la oposición cerrada del PP a esta medida y la asumió como propia, pero el ministro que le sucede en el cargo rectifica la rectificación y deja caer la propuesta del Proyecto presentado finalmente en febrero 2015.

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Del cambio de modelo punitivo de la Ley Orgánica 1/2015 que modifica el Código Penal, (agravamiento de penas y desaparición de faltas) se ha dicho que parece blando con los delitos económicos y duro con la protesta social. Por ejemplo prevé un delito de coacción a la huelga que pone los pelos de punta. También incorpora la llamada “prisión permanente revisable”, lo que ya le ha valido un recurso al Constitucional, una llamada de atención del CGPJ y multitud de protestas de colectivos judiciales y ciudadanos. La indudable vocación de perpetuidad del ministro Gallardón, habrá sufrido aquí una decepción al retirarse del texto definitivo toda referencia a las medidas de seguridad de carácter indefinido, que el Anteproyecto preveía para personas con trastornos mentales que hubieran cometido algún delito. Una suerte de cadena perpetua con base en suposiciones sobre la “peligrosidad” del enfermo, que había levantado protestas en el mundo sanitario.

Justicia universal, pero mucho menos

Este debe ser uno de los pocos logros netos del Ministro Gallardón, ya que su Ley Orgánica 1/2014 que modifica la L.O. 6/1985 del Poder Judicial sobre Justicia Universal, sigue vigente, para alegría de las autoridades chinas (ver post de Javier de Lucas aquí) que instaron, según cree saberse, el cambio legislativo. Esta reforma nos saca de la locomotora del derecho internacional para dejarnos en el vagón de cola. Se hizo sin consenso parlamentario, ni apoyo de la opinión pública, y se tramitó como una Proposición de Ley del Grupo Popular (no como Proyecto, que es la vía gubernativa) para eludir los informes del Consejo Fiscal, CGPJ y Consejo de Estado. Está recurrida al Constitucional y aún podría deparar sorpresas.

Aborto y final

Con la reforma del aborto el ministro Gallardón se empleó a fondo, sin reservas. Ahí brilló todo su entusiasmo redentor y su mística conservadora. Con esta reforma, destinada a privar a las mujeres del derecho a decidir sobre su cuerpo, en nombre de principios y creencias de una estricta minoría religiosa, el ministro destapó el tarro de las esencias. “La libertad de la maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres” ya que, en su criterio, existe una “violencia estructural” que obliga a abortar. Conclusión: vuelta al sistema de supuestos.

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La iniciativa empezó a naufragar frente a la enorme ola de protestas que suscitó, pero la puntilla se la dio el propio presidente del Gobierno cuando calculó el desgaste electoral que le iba a suponer en un año tan cargado como el 2015. La reforma se abandonó y el ministro, coherentemente, dimitió. De aquella cruzada sólo quedó la exigencia de consentimiento paterno en menores de 16 y 17 años, que se llevará por vía de Proposición de Ley Orgánica del Grupo Popular, como en la Justicia Universal y por los mismos motivos, para eludir los informes preceptivos. Será un único articulo en la Ley de Autonomía del Paciente.

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Fuese y no hubo nada, que diría aquel. El plan Gallardón hacía agua mucho antes de lo del aborto, porque con tanta mayoría absoluta y tanta inspiración, se entendía mal con las realidades del mundo.

Ya se sabe que las revoluciones, aunque sean conservadoras, no pueden pararse, porque ahí se pierden. Ésta de Gallardón empezó con ímpetu de caballo, pero se detuvo con firmeza de asno en cuanto tropezó con la pluralidad de la vida. Aún nos colarán lo que puedan de ella pero, de momento, esa revolución acabó en aborto.

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