La (in)Justicia que tenemos

Joaquín Urías

En estos tiempos en los que tanto nos cuestionamos la vigencia del sistema político e institucional de 1978 resulta que prácticamente nadie pone en duda el funcionamiento de la Justicia.

Se ponen en solfa la capacidad de los políticos profesionales y sus privilegios. Se duda de la necesidad de instituciones como el Senado y de la utilidad de otras como el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial. Arrecian las críticas contra un sistema autonómico que no termina de ser federal y deja a todos descontentos. Y sin embargo de la Justicia no habla nadie.

Tenemos un sistema de selección de jueces que sólo permite el acceso a la carrera judicial a las clase altas y promueve su desconexión de los problemas reales de la gente. Las leyes procesales dan a menudo a los tribunales un poder prácticamente arbitrario sobre la vida de las gentes. Con demasiada frecuencia las decisiones judiciales responden a intereses económicos, políticos o simplemente personales. Pero de todo eso no se habla. Por no criticar, la mayoría ni se atreve a criticar siquiera las sentencias más evidentemente injustas.

1

En este panorama, sin embargo, de vez en cuando salta un caso tan injusto, tan sangrante, que nos hace reaccionar.

Ha pasado estos días con un muchacho de una barriada marginal del extrarradio sevillano. El chico hace siete años, cuando apenas tenía dieciocho, cogió una noche una bicicleta del servicio de préstamo municipal que se encontró apoyada en una pared. Camino de su casa, de madrugada, por una carretera nacional, lo paró la guardia civil, que lo imputó por hurto.

Ahora está casado, tienes dos niños pequeñísimos y lleva unos meses trabajando de cocinero en un restaurante. Con lo que le pagan, y su mujer en paro, han conseguido alquilar unas habitaciones en su barrio y a duras penas sobreviven los cuatro.

2

Pues resulta que por el hurto de la bici fue condenado a seis meses de prisión. Y hace unas semanas un juez sevillano ha decidido que tiene que entrar en la cárcel. Lo argumenta en que siendo menor ya fue condenado por dos asuntos menores: probar un coche sin carnet y saltarse la valla de un chalet para bañarse en la piscina.

El juez sabe que eso fueron gamberradas de juventud. Sabe que está reinsertado, si es que de eso tiene uno que reinsertarse. Sabe también que si entra en prisión perderá su trabajo y su familia tendrá que irse a vivir de la caridad de algún familiar. Sabe todo eso, y la ley le permite libremente suspender la pena de prisión. Pero ha decidido no hacerlo.

El caso es injusto y chocante. Injusto porque resulta incluso contrario a la Constitución. Chocante porque este tipo de decisiones judiciales tienen mucho de lucha de clases y de humillación.

3a

El artículo 25.2 de la Constitución explica cuál es la finalidad de la prisión en nuestra sociedad: la resocialización y la reinserción del delincuente. Nuestro Tribunal Constitucional, que rara vez está a la altura del texto que debe guardar, ha matizado que la ley puede añadirle otras funciones a la privación de libertad: esencialmente la de vengarse del delincuente y amenazar a quien quiera caer en la tentación de cometer un delito. Pero la prioridad constitucional está clara, facilitar que quien delinca se convierta en un ciudadano integrado.

En este caso si hay algo que puede perjudicar la socialización del muchacho es, precisamente, meterlo en una cárcel con todo lo que eso conlleva, siete años después y por un delito tan menor.

Se trata de una decisión aparentemente contraria a la Constitución. Pero, aunque hace más de doscientos años que se aprobaron las primeras constituciones modernas y nuestra propia constitución va a cumplir pronto cuarenta años en vigor… y sigue habiendo en España jueces que parecen impermeables a los mandatos constitucionales. Ellos aplican la letra pequeña de la ley y rara vez miran los preceptos de la Constitución. Demasiado moderna, demasiado liberal.

Y evidentemente la vara de medir no es la misma para todos. A primera vista da la impresión de que en este caso haya influido que el condenado sea un muchacho de clase muy baja, que apenas sabe leer y vive en un barrio marginal. Los jueces, educados casi todos en un ambiente de clase alta en el que nunca ha faltado de nada, tienden a mirar con cierta displicencia a las personas que deben luchar día a día por sobrevivir en la precariedad. Es posible que el juez haya pensado que viviendo donde vive está condenado a delinquir tarde o temprano, así que no se pierde mucho por hacerlo caer en la marginación. O quizás no, que en la mente de los jueces no se puede entrar. ¡Cualquiera sabe! Sabemos que estamos en sus manos, y poco más.

4

En todo caso la impresión general es que si se tratara de un muchacho de buena familia todos esos pecadillos de juventud se mirarían de otra manera. No parecerían delitos dignos de pena de prisión, sino gamberradas de chaval. Y es muy posible que entonces el juez correspondiente no hubiera dudado en suspenderle la prisión para no dañar una carrera de progreso y triunfo social.

Creo que es evidente que la Justicia no es igual para todos. Eso es una convicción asentada en la mayoría de los ciudadanos. Pero pocas veces lo decimos en público. Casi nunca nos atrevemos a criticar a la justicia. Y mejor así, que los jueces tienen el poder real en sus manos; y se protegen entre sí; y hasta el Tribunal Constitucional empieza a decir que la libertad de expresión no permite criticar las decisiones judiciales. Sobre la justicia, pues, rige la ley del silencio. Pocas veces se leen o se oyen críticas a una sentencia fuera del ambiente académico, y en esos casos sus autores son unos temerarios.

Por eso son importantes casos como el de este moderno ladrón de bicicletas. El muchacho que sobrevive penosamente rozando la miseria absoluta y un día usa una bici que no es suya. A ése se le aplica toda la dureza de la ley. Se le rompe la vida y se lo mete en la cárcel. A ése se le aplican todas las leyes, sin piedad.

Esa es la (in)Justicia que tenemos, y no nos merecemos.

Fotos: Ladrón de bicicletas – Vittorio de Sica, 1948

Firma para pedir la suspensión de la condena de 6 meses de prisión a Adrián Moreno por usar sin permiso una bicicleta de Sevici hace 7 años

Un pensamiento en “La (in)Justicia que tenemos

  1. Si por NADIE se refiere a los políticos, estoy de acuerdo, TODOS cuantos podrían alzar la voz están pringaos hasta el cuello de delincuencia, robos y corrupción. Respecto de la ciudadanía, creo no equivocarme si digo que la mayoría opinamos lo mismo: están tan pringaos como los políticos o más.ienen más delito por el hecho ser jueces, en teoría administradores de la Justicia que brilla por su ausencia.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *