Por una nueva política migratoria (II)

Paco Solans

Tras mi anterior artículo, en el que repasaba los tres ejes fundamentales de una “no política” de inmigración fracasada: contención, represión y discriminación, los demagogos atacan con el más viejo de los trucos: acusar de radicalismo y de no proponer alternativas. La frase ya típica y en tono airado “¿entonces tú qué es lo que quieres, abrir las fronteras, que pueda venir todo el mundo? ¡Eso sería el caos!”.

Responder con la palabra “ponderación” a estas mentes preclaras que nos atacan con semejantes argumentos no resulta fácil. Espero tengan cerca un diccionario. Pero confiemos en que llegue a alguien más. El alarmismo exagerado de la amenaza de avalanchas e invasiones ha tenido en los últimos años un enemigo argumental cuyos hechos presentan una fuerza incontrovertible: la crisis económica ha demostrado que el “efecto llamada” es mentira, y que lo que existe es un fuerte “efecto expulsión” en los países de origen. Un efecto que se exacerba en casos de conflicto, pero que no nos es ajeno en este momento, y no sólo para muchos de nuestros jóvenes, sino que aquellos inmigrantes que ya han conseguido una mayor estabilidad –la ansiada nacionalidad– han sentido o vuelto a sentir ese efecto expulsión y han debido marchar, a su país de origen quien lo tenía o a un tercero en cualquiera de los dos casos.

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Ponderación también en la capacidad de acogida y en la capacidad de una economía de absorber personas: frente al cliché –consagrado legalmente– que concibe los puestos de trabajo como melones (limitados) de un campo, la realidad de la dinámica económica es otra bien distinta, y los puestos se crean y se destruyen proporcionalmente a y por necesidades y demandas de una población y una economía variable. El discurso oficial en la última crisis de refugiados ha sido patético, discutiendo desde un país de cuarenta millones de habitantes, desde una Europa con más de 700 millones de habitantes, de cantidades ridículas de tres cifras arriba o abajo, cual si nos hubiéramos convertido en un club de mezquinos avaros de un cuento de Dickens.

Ponderación es también tener en cuenta nuestras propias necesidades, a medio y largo plazo al considerar las variables demográficas, pero también de todo lo positivo que aporta la inmigración: la apertura de mentalidades, de diálogos, el enriquecimiento creativo, la diversidad como motor. No son tópicos buenistas rebatidos por ejemplos extremos, como se les descalifica con cierta frecuencia, sino que son realidades sociales representadas en miles y millones de casos pacíficos y felices.

No nos cansaremos de repetirlo: si nos oponemos a una “no política” de inmigración que además ha sido un completo fracaso no quiere decir que no queramos ninguna política, sino que lo que proponemos es una política de inmigración de verdad, no ese continuo exabrupto fangoso en el que nos movemos desde hace tantos años y que ha causado tanto sufrimiento inútil. Es necesaria una política de inmigración distinta, que deje de estar presidida por el miedo al diferente y por una xenofobia ramplona y ultra y que supere los tres ejes estúpidos y reactivos en los que se ha movido hasta ahora.

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La contención debe ser sustituida por una real gestión en origen. Digo real, porque los intentos que se han dado hasta ahora no han pasado de ser pequeños ensayos, o absurdas chapuzas. Esos flujos deben ser capaces de generar esperanza, y de disuadir a quienes, en su desesperación, acabarán viniendo igual, pero jugándose la vida o teniendo que salvarles en el mar. Claro que siempre habrá un Ministro de Interior que sugiera dejarlos ahogarse como ejemplo para el resto. Eso quiere decir que la contención debe ser sustituida también por una cooperación económica real y dirigida precisamente al desarrollo de las personas que ejercen la mayor presión migratoria: los jóvenes. Una cooperación centrada en la formación de los jóvenes, en el apoyo a emprendedores locales, en el desarrollo de vías estables de suministro e intercambio, en infraestructuras esenciales desarrolladas desde el propio país…

La represión debe dejar de ser un eje fundamental. Soy consciente de que nunca podrá abandonarse totalmente. Los juristas sabemos bien que ninguna ley se cumple si no se acompaña de unos mecanismos sancionadores que obliguen a su cumplimiento, pero ocurre que éstos deben cumplir unos parámetros de valoración y proporcionalidad (de nuevo la ponderación) y garantías de defensa que, lejos de cumplirse, han decaído al servicio de una eficacia draconiana. Las últimas conclusiones ante la crisis de refugiados siguen insistiendo en las políticas de retorno forzoso y llegan a presentarse como un chantaje vergonzante a los países de origen, condicionando los fondos para cooperación a la aceptación de devoluciones desarrolladas en muchas ocasiones por métodos inaceptables desde cualquier parámetro de derechos humanos. Mientras importe más quitarnos de encima a una persona como problema, que plantearnos su resolución desde la perspectiva de que no es un problema sino una persona, la represión que acompaña a las no políticas migratorias será fuente de vulneraciones constantes de los derechos humanos, de conflictos, de una imagen deleznable y de resultados contraproducentes. La reciente Sentencia Zaizoune de 23 de abril del 2.015 del TJUE, si bien no abandona esa línea obsesiva de la expulsión, nos ha venido a recordar también que en el marco de hacer cumplir la ley hay otras alternativas y otras formas de hacer las cosas: se deben intentar primero mecanismos que faciliten la salida voluntaria, y se deben estudiar los casos en que no proceda la salida, sino el paso a otra fase de integración.

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La integración social tan cacareada sólo se conseguirá con y desde la igualdad de derechos. Y eso afecta a todos los derechos, a las obligaciones, a trabajar, a pagar impuestos, a la libertad de asociación, de reunión, de libertad religiosa, a los derechos de participación política –el voto entre ellos–, y a que los límites que deban ponerse a las libertades, es decir, el Código Penal y sus hermanas leyes sancionadoras, se apliquen también con plena igualdad. Resulta extraño ver a tanto defensor de nuestro sistema legal que piensa que en cuanto cambias de sujeto al que se le aplica, el mismo sistema deja de funcionar. La pregunta de por qué un sistema penal de reinserción y reintegrador –¡no, no es una ingenuidad, es una cita de la Constitución! – va a funcionar con unos (los nacionales y los ciudadanos de la Unión, los “nuestros”) y no con otros (los nacionales de terceros Estados, los “extranjeros” en terminología del Convenio Schengen, los “otros”) no se responde fácilmente. La represión –palabra oscura pero instrumento ineludible de nuestras normas para hacerse cumplir– también debe estar presidida por la igualdad. Si no, se convierte en opresión. Y la opresión genera rabia y rebeldía, y la rebeldía conflicto y violencia.

Esa misma igualdad y seguridad es la que permite a un inmigrante sentirse y crecer en su sentimiento de ciudadanía. La discriminación sólo crea resentimiento y frustración, ganas de huir, efecto expulsión. No se nos oculta que esa es una de las razones del porqué de esa no política basada en la discriminación, en la exigencia de permisos y de autorizaciones para todo, en la exigencia de desconfiadas renovaciones de esos permisos cada poco tiempo, en el control policial asfixiante, en las represalias desmedidas, en la desconsideración hacia derechos como los de unidad familiar o los de los menores… Los que gestionamos despachos especializados en derecho de extranjería conocemos bien la sensación de angustia que se tiene cada vez que se recibe una carta del Ministerio del Interior, o cada vez que hay que renovar “los papeles”. La mayoría de las nacionalidades que se solicitan no son por una identificación subjetiva con los ideales y valores de la nueva patria, sino como una forma de escapar de esa constante discriminación e inseguridad jurídica que da el ser extranjero. Pedir esfuerzos de integración social a quien se ve sometido a esas presiones supone un auténtico sarcasmo lleno de cinismo.

todos somos inmigrantes

Y debemos hacernos a la idea de que esa igualdad de derechos, esa simple y razonable extensión del artículo 14 de la Constitución a los que al fin y al cabo residen junto a nosotros, pagan nuestros mismos impuestos, son nuestros vecinos y conciudadanos, es una conditio sine qua non para esa integración social que tanto se demanda. Aquel que no reconozca esa igualdad se desautoriza a sí mismo para pedir integración.

Por tanto, la opción correcta no es asumir esa “no política migratoria” de una forma estable y ajena al debate político, a través de un “pacto de estado” que lo único que facilite a todas las partes es no tener que enfrentarse a lo que no saben afrontar. Si ese pacto sirve para perpetuar los mismos ejes de una no política absolutamente fracasada, los firmantes del pacto sin duda se quitarán un peso de encima, pero mal favor nos estaremos haciendo a nosotros mismos. El problema no es la inmigración, sino esos ejes que han presidido la no política, y en el ámbito territorial de esos ejes.

No olvidemos que una de las mentiras del derecho de extranjería es que esto sea un fenómeno europeo que se debe afrontar desde las instituciones europeas. Y es mentira porque, cada vez que en Europa se habla de esto, siempre salen los mismos que en casa se llenan la boca de europeísmo a defender áreas de soberanía de sus respectivas parcelas. Ahora bien, aprovechemos esa situación: que nos permita tomar la iniciativa, sin perder la perspectiva al resto de Europa. Es necesario cambiar esos tres ejes de “no política de inmigración” comenzando por el nivel nacional pero con la vista puesta en el nivel europeo, con una verdadera política proactiva que comience precisamente en los países del Sur de Europa, los más afectados, y que sustituya esos tres ejes nefastos y fracasados por una política activa y positiva de cooperación, derechos humanos e igualdad, para descubrir que esos parámetros no sólo son más pacíficos, sino más eficaces para todo, incluso para la prevención del terrorismo.

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