Gobierno y derechos humanos: la coordinación es un valor

Diego Blázquez

El día 22 de febrero el Profesor Javier de Lucas dedicaba su entrada en este blog a los conflictos y limitaciones que conlleva un organismo gubernamental de coordinación de la política de Derechos Humanos, y las ilustraba al hilo de la (bochornosa) experiencia francesa al respecto.

Efectivamente, coincido con Javier de Lucas en que la creación de una estructura permanente de derechos humanos en el Gobierno se trata de una de las propuestas más interesantes de los documentos programáticos de los partidos en este largo periodo electoral; por cierto, una más de las similitudes que comparten Podemos y el PSOE. Una medida que implica la esperada revitalización de un futuro II Plan de Derechos Humanos, y una apuesta política por la vuelta a una senda de liderazgo y de prestigio internacional que nunca debió abandonar nuestro país.

También comparto con el profesor la certeza sobre las muchas dificultades y contradicciones que posiblemente entraña la existencia de un departamento gubernamental dedicado a los Derechos Humanos, y más si tenemos en juego a personajes políticos como Sarkozy y sus fichajes de liga de las estrellas.

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Sin embargo, creo que muchas de estas dificultades, y hasta frustraciones, pueden obedecer a unas excesivas expectativas sobre un tal órgano. Si se permite la comparación, sería como si considerásemos que, por el hecho de que exista una Secretaría de Estado para el Agua o para la Vivienda, no iba a haber sequía o van a bajar los precios de los pisos… Es decir, no creo que la existencia de una Secretaría de Estado para los Derechos Humanos tenga como fin convertirse en el brazo militante del Gobierno en la política exterior e interior.

No creo que el impedimento para ello sea las cínicas razones que Kouchner alegaba en su momento, ni tampoco la falta de independencia. Volviendo a la cuestión de las expectativas, el problema es comprender y situar el propósito de un órgano semejante.

Determinar el objetivo y misión de esa potencial Secretaría de Estado dentro de la arquitectura estatal, no es solo relevante para garantizar su eficacia y buen funcionamiento, sino que también lo es para desactivar las tentaciones fagocitadoras, cuando no abiertamente depredadoras o manipuladoras, respecto de los movimientos sociales y militantes, o de la propia Institución Nacional de Derechos Humanos, y que ejemplifica muy bien el caso francés que expone Javier de Lucas.

Sin embargo, aun en el mejor de los casos, y fuera de la patológica experiencia Sarkozy/Kouchner, una visión militante y activista de un órgano gubernamental y administrativo de Derechos humanos creo que tampoco es la adecuada ni la más conveniente.

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En primer lugar, porque desconoce el rol de otros agentes a los que le toca jugar ese papel exigente y militante; agentes que, además lo hacen mejor precisamente porque ya tienen en su propia naturaleza los rasgos de la independencia y la autonomía.

En segundo lugar porque, en mi opinión, el objetivo de una institución similar ha de ser más modesto, pero no por ello menos importante. Y lo ha de ser conforme a los principios constitucionales de la buena Administración: sirviendo con objetividad los intereses generales y de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho (art. 103). Y, por supuesto, bajo la dirección política del Gobierno de turno, a quien le corresponde la dirección de la política interior y exterior (art.97).

Esto supone, de una parte, que la independencia que tendrá este órgano será limitada, por supuesto, pero no lo debería ser más que la que tiene cualquier otro órgano gubernamental. Por otro lado, ello significa aceptar que habrá diferentes políticas de derechos humanos (salvo en la situación del Gobierno Rajoy, donde lamentablemente no hemos tenido ninguna). Y, esta será una primera aportación positiva en caso de creación de este órgano de relevancia política, ya que exigirá, o al menos visualizará, el compromiso y desarrollo de un Gobierno con la política de derechos humanos.

Además esto significa que, como cualquier otra parte de la Administración, este futuro órgano político-administrativo encontrará su autonomía e independencia en el servicio objetivo al interés general y en una satisfactoria realización de sus funciones.

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Este es precisamente el sentido de la creación de una estructura de Derechos Humanos de carácter permanente y de alto nivel en la arquitectura institucional del Gobierno. Como decía, se trata de un fin modesto pero muy importante, ya que permite centrar la actividad del Estado en torno a sus obligaciones en la materia de carácter internacional (la interlocución con los órganos de derechos humanos universales y regionales) y nacional (la coordinación de un Plan Nacional de Derechos Humanos), así como facilitar el diálogo con la Institución nacional de Derechos Humanos y las organizaciones y asociaciones activas en la materia.

No hay que olvidar que Estados como España, con un fuerte compromiso con el sistema internacional de derechos humanos y un peso político interno muy importante de estas cuestiones, asumen una gran carga de trabajo fuertemente especializado ante los órganos de la Carta de Naciones Unidas y derivados de los Tratados. El ritmo de preparación de informes periódicos, la defensa de los mismos, los informes de seguimiento, respuesta a peticiones o quejas individuales, preparación y realización de visitas de procedimientos especiales es absolutamente vertiginoso (que se duplica por la pertenencia al sistema universal y al sistema regional europeo), y en ocasiones se tiene que espaciar en el tiempo por falta de recursos, pero también ante una ausencia de clara dirección política autónoma, y no basada exclusivamente en los asuntos exteriores, como denunció Fernando Rey.

No se trata de un problema solo de España, sino que es una inquietud que llevó al Alto Comisario para los Derechos Humanos de Naciones Unidas a subrayar esta cuestión en su informe para promover el fortalecimiento del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. En este informe se incluyó una recomendación a los Estados para crear mecanismos permanentes de coordinación. Estos órganos deberían analizar las analizar las recomendaciones recibidas por los Estados en el marco de los órganos de seguimiento de los tratados internacionales de Derechos humanos, establecer y asignar la responsabilidad interna de la puesta en marcha de esa recomendación, asegurar su seguimiento y proveer de la asistencia necesaria a los órganos de la administración técnica con el objetivo de desarrollar las mencionadas recomendaciones. Además, según esta misma propuesta, deberían realizar consultas periódicas con la el Parlamento, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la sociedad civil, de cara al proceso de informes periódicos, su seguimiento y su ejecución.

La existencia de un órgano similar aporta muchas ventajas ya que, junto a su visibilidad política, permite acumular la experiencia y el conocimiento técnico de derechos humanos, garantizando la transversalidad de los mismos en las políticas públicas. Por otro lado, desde el punto de vista político puede garantizar la coherencia en la posición del Estado al permitir centrar la negociación entre varias instituciones y no solo establecer la posición del departamento competente por razón de la materia.

Ciertamente se trata de labores que solo realizan parcialmente la gran altura ética que exigen los muchos desafíos para la mejora y protección de los derechos humanos en el mundo actual y en la España de 2016. Sin embargo, en su modestia, suponen la satisfacción de los compromisos internacionales de España en el marco normativo actualmente vigente, y una apuesta por una cultura política y administrativa de los derechos humanos seria y responsable, que, al fin y al cabo constituye la base de la credibilidad necesaria para abordar las tareas más arduas y complicadas en la defensa de los derechos humanos a nivel global y local.

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