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La hora de los jueces: porcentaje del PIB.

José Luis Rodríguez Jiménez Publicada 11/04/2013 a las 17:50 Actualizada 25/04/2013 a las 20:50    
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La democracia española es una ilusión, algo ficticio, un espejismo en el trayecto. La verdadera democracia está por llegar, después del simulacro que hemos vivido durante casi 35 años. El fraude generalizado ha sido descubierto "gracias" a la evolución económica de nuestro país. La mayoría silenciosa lo intuía pero miraba de soslayo y en aptitud tolerante o defensiva.

Nuestra dimensión ética, de la mayoría de los ciudadanos, ha de ser reconsiderada ya que bien por comodidad, bien por una especie de aturdimiento colectivo derivado del adorno y del ruido exterior, hemos flotado sobre la corriente y cuando tuvimos la voluntad de escapar, la corriente era demasiado fuerte y no había nada a lo que agarrarse.

Hoy vivimos una especie de periodo constituyente, en el que se van a crear los fundamentos de la futura democracia. Los medios de comunicación frecuentemente nos informan de que existen corrupciones generalizadas enraizadas durante décadas en muchas de las instituciones de nuestro país, lo cual es un obstáculo de primer orden para lograr eso que se ha llamado regeneración democrática. El poder judicial es la clave de bóveda de la regeneración democrática; de ellos, de los jueces dependerá en gran medida la adecuada orientación del funcionamiento de las instituciones en España.

A pesar de la extraordinaria limitación de medios, de las enormes presiones que han de soportar los lobos solitarios, a pesar de la existencia de control político de los órganos de gobierno y órganos colegiados, a pesar de los riesgos que les acechan tanto en lo profesional como en lo personal (por todos, el caso Garzón), a pesar de "la soledad del juzgador", tengo plena confianza en la altura moral y vocacional de la mayor parte del colectivo de jueces, sean conservadores o progresistas, jóvenes o veteranos, que motivará una reacción a la altura de las necesidades actuales.

Los jueces tienen la responsabilidad de liderar el cambio que exige nuestra sociedad para rescatar los principios y valores vulnerados con excesiva frecuencia e impunidad. La impunidad constituye un auténtico cáncer que se irradia hacia múltiples ámbitos del funcionamiento del Estado.

Espero que los ciudadanos a través de sus futuros representantes, especialmente de aquellos partidos políticos que no hayan tenido responsabilidades de poder desde 1978, propongan medidas que impulsen y garanticen la debida independencia judicial, la dotación prioritaria de medios suficientes que aseguren razonablemente una justicia a la altura de la democracia. Nuestra Constitución garantiza la tutela efectiva ante los tribunales de los derechos fundamentales y libertades públicas mediante la aplicación de los principios de preferencia y sumariedad. Dicha protección es violada con demasiada frecuencia, debido fundamentalmente a la escasez de medios del poder judicial.

La carencia de medios seguramente no casual, resta eficacia a la labor de control judicial generando el efecto perverso de la impunidad de todo tipo de actos ilícitos. La nueva democracia ha de encontrar en el poder judicial un pilar que garantice la tutela de los derechos y deberes de los ciudadanos, por lo que las normas de funcionamiento de dicho poder deberían establecer una previsión económica para garantizar suficiencia de medios mediante una fórmula que podría relacionarse con un porcentaje del PIB, que consensuada ampliamente e insertada en normas con rango de ley orgánica podría constituir el germen de una justicia verdadera.

La justicia tiene un precio y vale mucho más de lo que nos cuesta, por ello es imprescindible priorizar.


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