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El gasto armamentístico, ¿es una prioridad?

Enrique A. López Sánchez Publicada 10/09/2013 a las 17:34 Actualizada 10/09/2013 a las 17:55    
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In memoriam Diego Juncos 

Este verano, la prensa se hizo eco del primer vuelo de un helicóptero Tigre fabricado en la ciudad de Albacete. Hay que recordar que lo que determinó que en España se ubicara una nueva fábrica del consorcio público-privado Eurocopter fue el compromiso ratificado por el Gobierno de Zapatero de comprar 24 de estos aparatos por un coste estimado, por entonces, de más de 1.000 millones de euros (ahora ya de más de 1.500 millones).


La construcción de este helicóptero es una apuesta del lobby armamentístico europeo para competir con los helicópteros yaquis Apache. La ciudad elegida fue Albacete, para lo que que sin duda se tuvo muy en cuenta la existencia de la base aérea de Maestranza y del Campo de tiro de Chinchilla. Al poco tiempo supimos, que la fabricación del Tigre en Albacete llevaba también aparejado el traslado desde Bélgica del Programa de Liderazgo Táctico de la OTAN, una escuela avanzada para pilotos para realizar cursos teóricos y prácticos.



La noticia de la llegada de Eurocopter y más tarde de la  escuela de la OTAN fue celebrada con gran alborozo por parte de las autoridades locales y regionales -que no dudaron en ponerse la medalla de la noticia- así como de la inmensa mayoría de la sociedad articulada albaceteña. Rápidamente se insertaron anuncios propagandísticos en los periódicos proclamando la buena nueva, que supondría, miles de puestos de trabajo y riqueza para la ciudad. Sólo una pequeña porción de la sociedad albaceteña, conformada por diversos colectivos y personas a título individual, se agrupó en contra de estos programas conformando la Plataforma antimilitarista de Albacete.


A nivel político, frente a la pinza PSOE-PP municipal, sólo Izquierda Unida de Albacete -al contrario de la posición mantenida en sitios como en Sevilla con el apoyo al Airbus A400M-, mostró su frontal rechazo (posiblemente con efectos electorales negativos). Dicha oposición política y ciudadana se articuló bajo una reivindicación acuñada por nuestro querido y lamentablemente fallecido Diego Juncos: "Albacete, ciudad desvinculada de la guerra".


Soy consciente de lo verdaderamente complejo que es el debate sobre los ejércitos y las armas, la cantidad de aristas que tiene y las dificultades que las distintas visiones políticas -especialmente desde la izquierda- tienen para articular un discurso coherente y no contradictorio. Yo mismo, que me considero con una vocación nítidamente "antimilitarista" no sé configurar con exactitud los limites de mi posición, ni concretar cómo se debería implementar un hipotético programa de desarme a escala mundial.


Desde luego, siempre que se escribe sobre este asunto se aducen, para defender los programas armamentísticos, dos razones principales :

1º- Son fuente de trabajo y riqueza,

2º- Sirven para defender a nuestro país de amenazas exteriores o terroristas.

Respecto al primer aspecto, se puede hacer difícil discutir de ello con una persona o colectivo que vive, directa o indirectamente, de una instalación o programa militar. Pero si la cuestión la planteamos en términos generales y objetivos, como apuesta industrial a nivel europeo y estatal, ¿qué coste para las arcas públicas supone la creación de esos trabajos? La respuesta es obvia: miles de millones de euros. En el caso de Albacete, como ya hemos dicho, la adquisión de los 24 helicópteros Tigre supone un gasto público -que la propaganda municipal presentó como inversión- de más de 1.500 millones de euros. O lo que es lo es mismo, un coste estimado de más de 60 millones de euros por cada uno de estos helicópteros. A esto habría que sumarle la cuantía que para la Junta y el Ayuntamiento tuvo la adquisión del amplio terreno donde se ubica el polígono aeronáutico, así como las cuantiosas subvenciones que esta empresa, junto a otras de carácter armamentístico, reciben para programas de investigación. Junto a los Tigre la fábrica albaceteña construye otros helicópteros militares por encargo estatal y con presupuestos públicos, como es el caso del NH-90, con valor estimado en más de 2.400 millones de euros-. También construye otros helicópteros para la Guardia Civil, Polícia Nacional y diversos pedidos civiles, tanto públicos como privados, que en términos económicos representan una pequeña parte respecto al coste de los helicópteros Tigre y NH-90, aunque son los que reciben, curiosamente, más eco mediático. Tal y como señala el Centre de Estudis per la Pau, el Presupuesto militar del Estado para el año 2013, diseccionando la opaca información que el Gobierno da sobre estos gastos, ascenderá a más de 16.600 millones de euros, ascendiendo la deuda por contratos plurianuales de armamento a más de 30.700 millones de euros. Lógicamente, un gasto público tan importante tiene que generar a la fuerza puestos de trabajo e industrias auxiliares, pero la pregunta sería, ¿debe ser la industria militar la apuesta estratégica del Gobierno español y de las instituciones europeas frente a otras industrias o inversiones en las que se recorta o prohíbe cualquier tipo de subvención alegando la cuasi sagrada libertad de mercado o la austeridad?


Creo que no hago demagogia si digo que la inversión de una cantidad de dinero público tan abultada tendría unos efectos de empleo, como mínimo, tan importantes, si se empleara en ámbitos tan importantes y acuciados por los recortes como son la educación, sanidad, servicios sociales, energías renovables o investigación civil. Desde luego, los beneficios en términos de bienestar social y activación económica serían inmensamente superiores. Entonces, ¿por qué se gasta tan ingente cantidad de dinero público en gasto militar? Se alega, además, del engañoso argumento del empleo, la segunda de las razones habituales, o sea, la necesidad de desempeñar labores humanitarias, y en último término, la defensa de España del terrorismo o de amenazas externas.


Al respecto decir que es dificil encontrar el desempeño humanitario que puede realizar un helicóptero como el Tigre HAD (Helicóptero de Apoyo y Destrucción Español), de carácter exclusivamente ofensivo, y especialmente dotado para guerras en escenarios urbanos. En el caso de la defensa contra el terrorismo o países "antidemocráticos", la verdad es que si indagamos un poco más allá de la teledirigida propaganda oficial, advertimos que en la geopolítica se hace difícil, por no decir, imposible, distinguir entre "buenos" y "malos", e incluso se advierte como algunos cambian rápidamente de rol para ser ensalzados un día, y atacados al día siguiente. Así ocurrió en Afganistán -donde por cierto operan ya los Tigres- donde los que antaño fueron "guerrilleros de la libertad" contra la Unión Soviética, pasaron a ser los más malignos de los terroristas que merecen ser enclaustrados en cárceles secretas e ilegales. O en Libia, donde en un breve lapso de tiempo pasamos de estrechar la mano del amigo Gadafi, a armar hasta los dientes a las democráticas milicias que han suplantado al tirano. Así comprobamos como Cuba sufre un bloqueo económica por ser considerado un país totalitario, pero se firman sustanciosos contratos comerciales, económicos y militares con los democracias de China o Arabia Saudita. Eso sin olvidar que aún estamos buscando las armas de destrucción masiva que tenía almacenadas Sadam Houssein y que generaron una intervención militar en Iraq que ha generado cientos de miles de muertos en dicho país.


La prueba palpable de que los enemigos son difusos es que lo que hoy se construya para el ejército de un país, como puede ser el helicóptero Tigre, acaba, pasados los años, a formar parte de un mercado totalmente incontrolado a merced del mejor postor.


La realidad es que en torno a la fabricación de los helicópteros Tigre, cazas, buques o misiles se esconde un importante lobby empresarial -del que forma parte el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés- muy poderoso, tanto en España como en el conjunto de Europa, fuertemente subvencionado con dinero público -como en el caso del lobby nuclear o el eléctrico- y que presiona fuertemente a los gobiernos para que no se reduzcan los fuertes beneficios que obtienen.


Además de los numerosos intereses económicos de este lobby español e internacional, en el que por cierto tienen amplia participación entidades bancarias como Bankia o Liberbank, el armamentismo va ligado a una serie de intereses geopolíticos de carácter económico, especialmente ligados a la obtención de fuentes de energía o recursos naturales, y en el que poco importa, a poco que se repase con objetividad los diferentes conflictos, el respeto a los derechos humanos o la hipotética lucha contra el terrorismo.


Frente a la respuesta fácil de que la alternativa sería echarnos en brazos de Al Qaeda, replicaré que la desaparición de las profundas desigualdades en el mundo permitiría acabar con la inmensa mayoría de los conflictos armados y territoristas existentes. En todo caso, no digo que la solución sea fácil ni inmediata, pero la política de despilfarro en armamento e instalaciones militares y la sumisión a los intereses de lobbies internacionales está suponiendo que miles de millones de euros no sean destinados a verdaderas necesidades sociales.


Por eso son necesarias campañas explicativas como la promovida por diversas organizaciones sociales bajo el lema Recortemos el gasto militar, invirtamos en gasto social para demostrar que el gasto armamentístico no debería ser un gasto prioritario para un país, y menos en una situación de profunda crisis económica y social como la que padecemos.


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