¿Quién sostiene a los corruptos en España?

El pueblo ha hablado, y ha sido muy claro. Quiere ser gobernado por el PP. No son mayoría suficiente para formar gobierno pero son la flor más abundante del jardín nacional.

De cada cien votantes españoles, treintaitrés sienten afinidad, se identifican y por tanto quieren que les gobierne el partido más sospechoso de corrupción del panorama político. Hay partidos menos imputados, o nada imputados, pero a ese tercio de los votantes españoles no les inspiran confianza, ellos necesitan saber que aquellos que gobiernan y deciden las leyes de España son capaces de quebrantarlas a favor de los suyos. Necesitan la certeza, el aval de la imputación, la garantía de haber pasado por el banquillo frente a jueces y fiscales manteniendo la boca cerrada, sin enmienda. A partir de aquí ya no hay más que hablar.

Si miras a tu alrededor sin ser votante o militante del PP y tu vista alcanza a distinguir nueve personas con derecho a voto en España, habrás de saber que en tu campo visual se mueven al menos tres presuntos delincuentes o cómplices. No es tranquilizador para quienes no forman parte de esta hermética cofradía.

De dónde salen tan unánimes e irreductibles votantes, conscientemente alineados con la práctica de la corrupción, con la compraventa de cargos políticos, o desde cargos públicos, familiarizados con las trapisondas fiscales para eludir el pago de sus impuestos, impasibles ante los derechos públicos lesionados por estas prácticas que tanto sufrimiento producen, que tantas víctimas diseminan al paso alegre y desaprensivo del indolente Ministerio de Hacienda, protector de los suyos, verdugo del resto.

Una hipótesis concilia números, motivaciones (móviles) y resultados en las últimas elecciones. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 1 de enero de 2015 existían en España un total de 3.186.878 empresas activas, de las que más de la mitad no tiene empleados asalariados, alrededor de 900.000 trabajan con uno o dos empleados, más de 287.000 tienen entre tres y cinco trabajadores por cuenta ajena, más de 112.000 operan con entre seis y nueve personas a sueldo, más de 71.000 funcionan con entre diez y diecinueve empleados, y el resto de empresas, que supera las 61.000, emplean a más de veinte trabajadores cada una.

Es éste, a mi juicio, el irreductible semillero de votantes consecuentes con el PP. Son estos perseverantes electores los que saben por qué las imputaciones por corrupción no hacen sino animarles a persistir en el voto deshonesto. Numéricamente parecen ser los propietarios de estas empresas, sus consortes y parte de las familias, los votantes que comparten interés en que las prácticas torticeras de la política económica y fiscal del PP no pierda el respaldo legal que le suministran cada cuatro años; serán estos votantes los que viven enfrentados a los parámetros de justicia social, libertades públicas, etc., opuestos a las políticas que equilibren el esfuerzo económico y fiscal entre trabajadores y empresarios, amenazados en sus intereses por cada paso que esta sociedad da hacia la equidad en el reparto de cargas en el sostenimiento del estado, en la igualdad de oportunidades, en la imparcialidad en el trato ante la administración pública. Son estos empresarios, sus familias y trabajadores afines quienes no quieren saber nada de sector público, los que aplauden los recortes en los servicios públicos porque parece que les abren áreas de negocio para los intereses empresariales de sus familias, de sus clanes.

Estamos ante el suelo electoral de los partidos de derechas: 6.373.756, que es sencillamente el doble del número de empresas que el INE español reconoce, que puede corresponderse con el de propietarios, consortes y allegados, justo el entorno del respaldo electoral del PP que alcanza alrededor de ocho millones. A esta gente no se la puede convencer con argumentos políticos de carácter ético o de justicia social, pues lo que motiva su voto es puramente el interés crematístico que el PP ofrece y garantiza a sus empresas, pasando por encima de las leyes fiscales y el interés general, sacrificando peones o lo que haga falta. El bien público les trae sin cuidado cuando no les produce alergia, la ley que protege el bien común es una seria amenaza al estatus que les proporcionan sus negocios.

El resultado de las últimas elecciones es inquietante no sólo por lo que representa de generalización de la podredumbre política institucionalizada, sino además por el conocido como efecto llamada. El 27J toda la prensa mundial, todos los medios de comunicación del universo político difundieron el hecho incontrovertible de que la fuerza política que mejor resultado obtiene en España, la que más respaldo popular alcanza después de quitarse el antifaz, es también la más corrupta, la más facinerosa, y un tercio de los votantes españoles, que tontos no son, la eligen a sabiendas para tener acceso a la elaboración de leyes armónicas con la arbitrariedad política y fiscal, necesaria para que crezcan los chiringuitos de quienes respaldan al PP y para que además sus agentes políticos tengan vía libre a la caja de los dineros públicos y poder así decidir legalmente qué empresas de los amigos del alma tapizar con los billetes de los fondos públicos.

Una tercera parte del electorado español hace dengues y manifiesta, en los sondeos y encuestas electorales, ambigüedad a la hora de mostrar la adscripción política de su sufragio, no es más que tinta de calamar, maniobra de distracción; su voto es indudable y constante, pese a las gazmoñerías el recuento de votos le retratará como integrante de la red de apoyo a un partido definido en un auto judicial como una asociación de malhechores.

El mensaje subsiguiente a las elecciones es claro: Delincuentes del mundo, vivís perseguidos por la justicia de vuestros países, amenazados por un código civil y penal que os inquieta, no os preocupéis más y venid a la tierra de promisión para los que como vosotros manifiestan condiciones para ejercer el segundo oficio más viejo del mundo. Aquí hallaréis refugio y comprensión. (¡Venirsus pa´spaña, chorizos, aquí hay pan para toos!)

Si no votaste a la facción más respaldada y que ha formado una insuficiente mayoría parlamentaria, no te deprimas, no dejes que la impotencia y la desesperación ganen tu ánimo. No asistirás a nada que no hayas conocido ya. Los malos políticos y los empresarios aprovechados y sin escrúpulos, junto con sus cómplices no han podido armar el andamiaje suficiente en el Congreso de los Diputados para poder gobernar. Sus homólogos de la derecha periférica no les apoyarán o sí, pues el éxito en la consecución de sus objetivos se mide en euros, miles de millones de euros, su lucha no es otra. Quieren ser el PP de su propia comarca sin tener que repartir o pedir permiso a los centralistas, entre tanto se conforman con cobrar el peaje que les ha fortalecido los últimos treinta años.

Si el PSOE no se deja doblegar para alzar un gobierno del PP por activa o por pasiva, habrá una tercera ronda electoral.

Las izquierdas aún no han procesado el voto localista como un freno a la obtención de los objetivos de justicia, democracia, libertad y solidaridad dentro de un Estado fuerte (la cuarta economía de la UE) y todavía sufren el sarampión nacionalista que no parecen haber terminado de superar. Algunos creen todavía que el respaldo que reciben de las clases populares les viene por ser de su pueblo, no por defender el interés público superior.

Ignoro por qué azares del destino a los españoles de izquierdas, mayoría demográfica en el país, se les brinda la oportunidad de rectificar los errores flagrantes perpetrados con los propios votos y abstenciones el 20D y el 26J, mediante una posible tercera convocatoria electoral. Víctimas de la eficaz desinformación que las empresas demoscópicas de sondeos a la carta, pagados por el sector de los contendientes que obtuvo la pírrica victoria en ambas convocatorias, condujo a las urnas a las masas populares cegadas por espejismos amañados en las cocinas demoscópicas dando a las fuerzas que suelen operar fuera de la ley, la posibilidad de seguir gobernando con los resultados indeseables conocidos por la mayoría de la población.

Los 3.186.878 de empresarios que señala el INE junto con su entorno familiar y de influencia seguirán, cada vez más solos, votando unánimes a quienes les garanticen por lo civil o por lo criminal el sistema político que la corrupción política les viene proporcionando. Es hora de que las fuerzas representativas de la izquierda política demuestren que además de superioridad ética también son capaces de mostrar generosidad e inteligencia al servicio del interés común.

A la tercera irá la vencida. Amén. Veremos.

Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre