Librepensadores

Fraude electoral

Javier Paniagua

Un debate historiográfico con repercusiones políticas ha provocado el trabajo de dos historiadores, Álvarez Tardío y Villa García, con 1936 Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular (Espasa, 2017) en el que señalan un fraude en las elecciones de febrero de 1936 que dio por ganador al Frente Popular. Dictaminan que si no se hubieran dado por buenas varias actas electorales el resultado de mayoría absoluta de las candidaturas de izquierdas habría sido diferente. El estudio de la II República sigue generando polémicas, primero con la historia oficial franquista representada por aquel periodista comprometido con el levantamiento militar, Joaquín Arrarás, y sus epígonos de los años 40 y 50, que redactó una Historia de la Cruzada con una negación absoluta de las políticas republicanas que justificaban el golpe de julio de 1936. Y posteriormente con las investigaciones, a partir de los años 60, en las universidades que han rehabilitado y recuperado el significado, desde distintos ángulos, de los intentos de reforma y revolución de aquel periodo para la sociedad española (1931-1939) En los años 80 una literatura panfletaria volvía a desacreditarla como lo hizo Pío Moa y otros desde fuera de las universidades que generalmente mantenían un discurso “comprensivo” aún con diferencias interpretativas. Ahora, el libro ha sido aprovechado para interpretar que aquellas elecciones no reflejaron fielmente las opciones políticas de los españoles. Algunos han reaccionado descalificando el estudio al interpretar que se tergiversa la actuación del entonces presidente de la Republica, Alcalá-Zamora con el nombramiento de Manuel Azaña como presidente del gobierno y dar los resultados como buenos sin revisar las actas. En todo caso es una modulación, con trabajo de archivo, de lo que tradicionalmente ha defendido la derecha española: existió una España moderada que quiso sobreponerse a la violencia de aquellos años que tal vez pudo evitar la guerra civil si hubiera tenido cauce político. Ya no se justifica los problemas de la II República como causa del levantamiento militar. La interpretación le vendrá bien a Ciudadanos y a parte del PP, lo que es un avance intelectual en la utilización de la historia para el debate político contemporáneo.

Desde que se implantó el sufragio universal masculino a finales del XIX los procesos electorales están empañados de fraudes. No solo en España (1890-1936), sino en los demás países europeos los mecanismos electorales para elegir Parlamentos y Gobiernos han tenido en ocasiones un control deficiente hasta bien entrado el siglo XX. Desde los burgos podridos ingleses hasta el control de los caciques en muchas zonas españolas las urnas no han reflejado con puridad los resultados. Bien por la suplantación de los electores, por la compra de votos o por el pucherazo –el llamado “embarazo de las urnas”- era normal la presión sobre muchas mesas electorales Es bien conocido que, en las zonas rurales españolas, pero también en ciudades, la transparencia de los procesos electorales ha estado mediatizada por los mecanismos que alcaldes, gobernadores civiles o representantes de los grandes partidos establecían para controlar los resultados. La ruptura del caciquismo electoral comenzó en las grandes ciudades, en los barrios de las clases populares para conseguir desplazar a los candidatos de los partidos dinásticos. También se emplearon fórmulas de presión violentas para controlar el voto de los partidarios de la Republica como ocurrió con los seguidores de Blasco Ibáñez en la Valencia de principios del siglo XX como ha estudiado Javier Varela (El ultimo conquistador. Blasco Ibáñez (1867-1928), editorial Tecnos, 2015). Precisamente la gran aportación de la Transición política española desde 1977, por encima de las interpretaciones que sobre ella se han hecho, es la conquista de la limpieza electoral con la introducción de apoderados e interventores en las mesas electorales.

Javier Paniagua es socio de infoLibre

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