Una adjudicación bajo sospecha de 2008 persigue al consejero de Economía de Susana Díaz

La primera piedra del Centro de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Sevilla (Centrius) se colocó en noviembre de 2009. Ni los optimistas más irredentos negaban ya que la crisis estaba aquí. No obstante, el acto estuvo cargado de la ambición de aquellos proyectos de los (buenos) viejos tiempos. Se iban a construir modernos edificios de seis plantas y dos sótanos, sobre una superficie de casi 26.000 metros cuadrados, con un presupuesto global de 34,8 millones de euros. Seis años y medio después, el proyecto no está acabado y la Universidad de Sevilla no le pone fecha de término. A la espera de su completa materialización física, políticamente el Centrius sí está presente. Tan presente que amenaza la posición del actual consejero andaluz de Economía y Competitividad, Antonio Ramírez de Arellano, ex vicerrector y ex rector de la Universidad de Sevilla.

El consejero del Gobierno de Susana Díaz está citado a declarar "como investigado" el próximo martes, 10 de mayo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), informan fuentes del alto tribunal. El hecho investigado es la adjudicación en 2008, supuestamente irregular por el amaño del proceso, del proyecto que desembocaría en la construcción del Centrius. La Fiscalía Superior de Andalucía, en un decreto de apertura de diligencias de 14 de agosto de 2015, aprecia indicios de los delitos de prevaricación y falsedad en documento público.

La Consejería de Economía y Competitividad, consultada este miércoles por infoLibre, afirmó que Ramírez de Arellano mantiene su postura de no dimitir porque ser llamado a declarar como investigado "entra dentro de la normalidad del proceso". La posición de Arellano es que el tema concierne a la Universidad, no al Gobierno andaluz. La presidenta Díaz lo apoya y quita hierro al asunto.

Casi 750.000 euros sin concurrencia, según el TSJA

Los hechos se remontan a septiembre de 2008. La Universidad de Sevilla, desde la vicerrectoría que entonces ostentaba Ramírez de Arellano, adjudicó al estudio del arquitecto José Jiménez Ramón el proyecto básico, el estudio preliminar de instalaciones, el proyecto de ejecución y la dirección de obra del Centrius, que suman 747.138 euros, todo ello según un auto del TSJA de 12 de abril de este año. Ello se hace, según el auto, "sin que arquitectos ajenos a dicho estudio hubieran tenido posibilidad alguna de concurrir a dichas adjudicaciones, y sin que, por otra parte, pueda descartarse que tales adjudicaciones hubiesen sido decididas de antemano como un conjunto". El auto no identifica al estudio concreto al que se adjudica, limitándose a nombrar al arquitecto. No obstante, en la denuncia del Colegio de Arquitectos ante la Fiscalía –origen del caso– se especifica que se trata del estudio Tridarq.

El TSJA sospecha que los contratos estaban dados de antemano. "No puede descartarse", añade el alto tribunal en su auto, que estas adjudicaciónes fueran al menos parcialmente "el resultado de una designación discrecional revestida de un aparente procedimiento negociado sin publicidad", añade el auto de 12 de abril. Este procedimiento sería "formalmente correcto en función de la cuantía del contrato, pero acaso inexistente".

Una supuesta candidata: "No es mi firma"

¿Por qué "inexistente"? El auto del TSJA, que se apoya en informes de la Policía Judicial emitidos para las diligencias de la Fiscalía, señala que "el examen de las tres propuestas presentadas permite sospechar que las dos no elegidas [tres es el mínimo exigible] lo fueron sólo para dotar de contenido al expediente". Una de ellas, afirma el TSJA, "pudo ser falseada", al haber manifestado una de las proponentes [...] que no presentó ninguna oferta, y que la firma que aparece, aunque se parece a la suya, 'no es su firma'".

En una de las adjudicaciones concretas, la propuesta de adjudicación es de 27 de enero de 2009, mientras que la fecha de presentación de las tres propuestas sobre precio y plazo es de 30 de enero, informa el TSJA. Las fechas no cuadran, según el relato que hace el auto. Y ello, añade el alto tribunal, sin aparecer "el pliego de condiciones técnicas del expediente".

El TSJA también sospecha que el estudio había comenzado a elaborar el proyecto básico antes de resultar adjudicatario, lo cual no supone en rigor nada irregular, aunque sí podría abundar como indicio de que el proceso estuviera decidido de antemano. Con fecha de 31 de julio de 2008, dos días después de la adjudicación provisional y 18 días antes de la definitiva, dicho proyecto fue presentado para su visado en el Colegio de Arquitectos de Sevilla.

Posible contratación sin expediente

En cuanto al proyecto de ejecución, el TSJA señala que podría haberse producido "una contratación pública por vía indirecta, sin expediente administrativo y sin concurrencia de ningún tipo, y por un importe no inferior a 500.000 euros". Del mismo modo, el auto también apunta a que el estudio ganador empezó el proyecto de ejecución antes de la firma del contrato de la Universidad con FCC para la construcción del Centrius, y de FCC con el propio estudio. Estas firmas se realizaron el 15 de septiembre de 2009, el mismo día en que los arquitectos presentan escrito en la Gerencia de Urbanismo informando de que "se encuentran redactando el proyecto de ejecución de la primera fase [...]", habiendo detectado ya un problema en cuanto a la ubicación de una parcela, según el TSJA.

El alto tribunal señala, en cuanto a la "autoría", que "todas las resoluciones" fueron "dictadas" por Ramírez de Arellano, que entonces era vicerrector de Infraestructuras. Ocupó este cargo entre 2008 y 2012. Antes había sido vicerrector de Posgrado y Doctorado (2006-2008) y director del Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (2004-2006). Fue rector desde 2012 hasta 2015, cuando se incorporó al Gobierno de Susana Díaz salido de las elecciones autonómicas de marzo. Catedrático en el área de Física de la Materia Condensada y Licenciado en Economía, Ramírez de Arellano se incorporó al Gobierno como independiente. Al ser aforado, declarará ante el TSJA, no ante un juzgado de instrucción normal.

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El caso de las adjudicaciones supuestamente irregulares fue denunciado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla, que presentó una denuncia ante la Fiscalía el 10 de marzo de 2015 (antes de ser Ramírez de Arellano nombrado consejero) alegando que se estaba incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público. Esta denuncia llegó tras una larga batalla por hacerse con el expediente, que según el Colegio de Arquitectos fue ocultado durante años por la Universidad. El TSJA falló a favor del Colegio de Arquitectos en 2013.

Díaz: "Es una pelea de arquitectos con la Universidad"

La citación para declarar de Ramírez de Arellano tensó este miércoles el escenario político andaluz. Ciudadanos –aliado del PSOE en Andalucía, aunque sin formar parte del Gobierno– no exigió su dimisión, lo cual fue aprovechado por el PP para acusar al partido naranja de ser blando con los socialistas y duro con ellos. C's puso la frontera para pedir la dimisión en que sea imputado por "corrupción política", en palabras del dirigente andaluz Sergio Romero. Susana Díaz fue preguntada por el asunto en Gérgal (Almería) y descartó cesar a Ramírez de Arellano. "Es un tema administrativo", dijo la presidenta, para quien se trata de "una pelea de arquitectos con la Universidad de Sevilla por el tema de una biblioteca". Díaz afirmó que será "bueno" que cuanto antes se aclaren estos "temas administrativos".