El desquite tras las derrota del alcalde de Granada

Las ironías en voz baja abundan estos días en la conversación política granadina. "Fíjate, a última hora Pepe Torres le hizo un favor al PP", desliza con malicia un responsable político local. José Torres Hurtado, el anterior alcalde, fue detenido el 13 de abril por su implicación en una supuesta red de corrupción en el Ayuntamiento basada en la concesión de favores a promotores a cambio de contrapartidas. Como suele ocurrirle a los líderes carismáticos acostumbrados a ganar y a mandar, fue el último en asumir su muerte política, y aún pleiteaba contra la realidad mientras sus más cercanos preparaban el sepelio. Al final, presionado por las direcciones del PP andaluz y nacional, tiró la toalla. Pero con una condición: si él se iba, tenía que dimitir también su enemigo en la batalla interna del PP granadino, el presidente provincial, ex presidente de la Diputación y senador Sebastián Pérez, al que consideraba responsable de su caída. Y así ocurrió. Los acontecimientos posteriores han reservado a Torres Hurtado, que hoy declara como investigado ante el juez, un pequeño desquite tras su derrota final.

La gestión como presidente de la Diputación de Sebastián Pérez, el hombre que Torres Hurtado se llevó por delante con su dimisión, se encuentra ahora bajo un creciente escrutinio judicial. Las posibles irregularidades se centran en el apartado de personal de la la institución provincial, con contrataciones y retribuciones supuestamente contrarias al Estatuto Básico del Empleado Público y que no respetaron los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El propio Torres Hurtado ya advirtió al partido, cuando pugnaba por forzar la salida de Pérez junto con la suya, de que el líder provincial del PP podía verse en aprietos judiciales en el futuro, según señalaron a infoLibre fuentes próximas al regidor, que un mes después de su detención está desaparecido del mapa político.

Las investigaciones afectan a la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada (Visogsa), propiedad de la Diputación Provincial. Por un lado, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras recibir un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía, ha abierto diligencias por la contratación supuestamente ilegal de un trabajador, informan fuentes judiciales. Se trata de la contratación en abril de 2015, cuando Pérez era presidente de la Diputación y del consejo de administración de Visogsa, de un ex trabajador que había sido despedido anteriormente por motivos disciplinarios cuando el PSOE controlaba la institución. La información remitida por la Cámara de Cuentas a la fiscalía que dirige Jesús García Calderón señala que dicha contratación fue realizada al margen de los requisitos legales establecidos.

Denuncia de Podemos

Cuando las diligencias de la Fiscalía estén concluidas, las enviará al juzgado 6 de Granada, que ya está investigando la parte fundamental de las supuestas irregularidades en Visogsa. Concretamente, se trata de la contratación, entre 2011 y 2103, de cuatro trabajadores al margen de los procedimientos legales establecidos, según la denuncia presentada en diciembre de 2015 por el diputado provincial de Vamos Granada (marca de Podemos) Luis de Haro-Rossi, que fue jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía oriental (Granada, Málaga, Almería y Jaén). Las supuestas irregularidades no se refieren sólo a la contratación, sino también al trato que recibieron una vez contratados.

La Fiscalía del TSJA informó en marzo de las pesquisas a la Fiscalía General del Estado, dada la condición de aforado de Sebastián Pérez, y dio traslado del caso a los órganos judiciales, asignándosele al juzgado 6 de Granada. Una de las personas cuyo contrato está bajo sospecha es familiar de la fiscal jefe de Granada, por lo que el caso lo ha llevado directamente la Fiscalía del TSJA, que considera que podría haber "responsabilidad penal" en la propuesta de la contratación, la contratación misma, las sucesivas prórrogas y los incrementos salariales de estos cuatro trabajadores, dos de los cuales pudieron además realizar funciones distintas a aquellas para las que fueron incorporados. En el caso de una de ellos, M.C.M.M, fue contratada como administrativa de carácter temporal en Visogsa pero trabajó como secretaria del vicepresidente de la Diputación, José Antonio Robles, según la denuncia del diputado de Vamos Granada Haro-Rossi.

"Según se desprende de la documentación aportada, las contrataciones realizadas no contaron con convocatoria alguna" ni estuvieron sujetas a los criterios de "publicidad, libre concurrencia, mérito y capacidad", según la Fiscalía del TSJA. Sebastián Pérez era el que emitía y firmaba las resoluciones de contratación. El juez encargado del caso –que no tiene competencias en lo concerniente a Pérez, porque es aforado– ya está investigando a dos ex gerentes de Visogsa por un supuesto delito de prevaricación continuada. Uno de ellos, José Ramón Jiménez, es considerado responsable de la subida de sueldo de uno de los trabajadores de 28.259 a 35.000 euros al año sin informe de intervención ni tramitación alguna.

Pérez no está imputado

Sebastián Pérez, que ha sido elegido coordinador del comité de campaña del PP en Andalucía, no se encuentra en situación de investigado –lo que antes se llamaba imputado–. Pérez mantiene su aforamiento como miembro de la Diputación Permanente del Senado. La parlamentaria granadina Ana Vanessa García explicó a INFOLIBRE que, a juicio del PP, "todo se ha hecho correctamente" en la Diputación, y que el partido "estará como siempre a lo que digan los tribunales". El PP ha anunciado además una denuncia contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, por prevaricación al no abstenerse en la tramitación del informe que dio pie a las diligencias de la Fiscalía en una de las contrataciones bajo escrutinio. El motivo esgrimido por el PP es la relación entre José Luis Hernández, ex gerente de Visogsa con el PSOE, y López, que fue subordinado de aquel cuando era alcalde de Guadix.

De no haber dimitido cuando lo exigió Torres Hurtado, hoy el principal referente del PP en el Ayuntamiento de Granada sería Sebastián Pérez, lo cual probablemente estaría dando al partido graves dolores de cabeza. Pérez era en principio una opción que el PP presentaba a C's –partido que tiene la llave de la gobernabilidad en Granada– para sustituir a Torres Hurtado. "No vetamos al PP", dijo el líder de C's en Andalucía, Juan Marín, tras la detención de Torres Hurtado. El mensaje inicial de C's, aunque rápidamente se cambió a un rechazo al PP en su conjunto en Granada, fue que el veto era a los corruptos, no al PP. Hoy el grupo popular cuenta con una portavoz municipal, Rocío Díaz, joven y con una gestión ajena a las áreas bajo sospecha de la era de Torres Hurtado.

"Una guerra política"

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El PP, en momentos delicados en Andalucía, atraviesa un periodo especialmente complicado en Granada. Su crisis interna, evidenciada por los movimientos de Torres Hurtado y Pérez, ha sido puesta de relieve también por algunos de los investigados en el caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento. El constructor José Julián Romero, investigado en el caso, ha afirmado que la llamada operación Nazarí responde a "una guerra política en el PP para quitar al alcalde", y que en el bando contrario está Sebastián Pérez.

La declaración de Torres Hurtado este jueves en el juzgado de instrucción 2 por la corrupción urbanística en Granada se producirá con el socialista Francisco Cuenca recién aterrizado en la alcaldía. Sus propósitos iniciales son conocer a fondo la situación económica del ayuntamiento, los expedientes urbanísticos y la política de personal, explica el Gobierno local a infoLibre.

En cuanto a Urbanismo, que durante lustros ha trabajado casi al margen del resto del Ayuntamiento, el nuevo Gobierno local todavía no conoce esta área a fondo. Hoy por hoy siguen en sus puestos, incluso después de su detención e imputación, los tres altos cargos de Urbanismo que hacen y deshacen desde años en Granada: Maripaz Espínola, directora general de Urbanismo; Manuel Lorente, director de Obras; y Emilio Martín Herrera, director de Licencias. En cuanto al alcalde, desde su dimisión hasta hoy ha ido poco a poco desapareciendo y a día de hoy ya prácticamente ni los medios locales hablan de él.