Chaves y Griñán niegan el fraude de los cursos de formación sin descartar irregularidades

Los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves (1990-2009) y José Antonio Griñán (2009-2013) son hoy dos pensionistas pendientes de la justicia. Ambos se exponen a un procesamiento inminente por el caso ERE, el gran lastre de su herencia política, que podría producirse en pleno mes electoral. Chaves y Griñán, viejos amigos hoy distanciados, comparten problemas con la justicia, pero poco más. Este lunes ambos se sentaron –primero Chaves, luego Griñán– en la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre el supuesto fraude de la formación, otro caso de corrupción que afecta a la gestión de ambos, aunque ninguno de los dos está imputado por estos hechos ni las investigaciones apuntan a que lo vayan a estar. Lo que se busca aquí es delimitar su responsabilidad política. Ante los diputados que los interrogaron en la comisión, ambos evidenciaron su alejamiento político.

Chaves y Griñán no se mencionaron, ni mucho menos se defendieron mutuamente, aunque fuera con una alusión genérica a la forma en que se hacen las cosas en el Gobierno andaluz independientemente de quién lo presida. En absoluto. Limitaron su defensa a sí mismos, a su papel como presidentes, hasta donde alcanzaron sus competencias durante el tiempo que las ostentaron. Ambos coincidieron en defender la legalidad de la gestión de los cursos durante su presidencia, aunque no descartaron "irregularidades" (Chaves) o "deficiencias" (Griñán).

Chaves delimitó con claridad el ámbito del que se siente políticamente responsable: lo hecho por él mismo durante su etapa como presidente (1990-2009) y lo abordado en las reuniones del Consejo de Gobierno que él presidió. Nada más. Chaves no se detuvo a defender ni lo que hizo después Griñán –al que no nombró– ni lo que hacían sus consejeros en el ámbito de su competencias sin pasar por el Consejo de Gobierno. "No me quiero responsabilizar de decisiones que han tomado otros a partir de 2009", señaló a preguntas de la diputada de IU Elena Cortés, en lo que suponía poner el foco sobre la gestión de su sucesor, José Antonio Griñán. Afirmó no haber tenido conocimiento, ni a través de la Cámara de Cuentas ni de los informes de intervención, de irregularidades en los cursos de formación.

Sin responsabilidad política

"En mi etapa el Consejo de Gobierno no le dio ninguna subvención al señor [Ángel] Ojeda [ex consejero de la Junta y empresario]", añadió. Afirmó haber tenido "plena confianza" en los que fueron sus consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, actualmente imputados por los ERE, pero añadió, a preguntas del diputado del PP Miguel Ángel Torrico: "Si me quiere hacer responsable político de lo que ha hecho el funcionario, el interventor o incluso el consejero, no lo acepto".

Chaves afirmó que la formación se gestionó dentro de la ley y defendió en términos genéricos la labor de funcionarios y cargos directivos. Y puso especial énfasis en lo que respecta a sí mismo: "Nunca firmé ninguna decisión ilegal. Todas las decisiones fueron legales con los trámites y requisitos exigidos por la ley. Nunca tuve conocimiento de irregularidades, ni las conocí, ni impulsé ni toleré, y nunca las hubiera consentido. En mi mandato nunca se produjo una alerta, ningún aviso, sobre deficiencia o irregularidad". A pesar de esto, y en lo que fue su máxima concesión a la duda, Chaves dijo que "es posible" que hubiera habido alguna "irregularidad", si bien "no ilegalidad ni fraude".

Cuando se le preguntó por el 20% de beneficio que de forma supuestamente fraudulenta ganaba uno de los empresarios, afirmó: "El acto ilícito lo habría cometido el que lo cometió, no el funcionario o el directivo". Chaves negó también –desplazando de nuevo la responsabilidad adelante en el tiempo– que durante su mandato se realizasen las llamadas exceptuaciones, un procedimiento previsto por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía que permitía a la Junta proponer el pago de nuevas subvenciones aun sin haber justificado las anteriores.

Tanto Chaves como Griñán, que fueron acompañados hasta la sala de comisiones por el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, tiraron de aplomo, cintura y soltura en temas jurídicos y de técnica administrativa. Los únicos choques se produjeron con diputados del PP. "Nosotros no rompemos ordenadores", le soltó Griñán a Teresa Ruiz, del PP, cuando ésta endureció las acusaciones de corrupción.

Ni Chaves ni Griñán entraron al trapo de las invitaciones a la autocrítica de los diputados de la oposición. Ambos saben que los ejercicios autocrítica son convertidos por el adversario político en confesiones de culpa. Así que no picaron el anzuelo. "No he venido a esta comisión a hacer un ejercicio de autocrítica", advirtió Chaves a la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet. A la misma diputada luego le dijo Griñán: "Esto es una comisión de investigación, no de autocrítica". No obstante, Griñán hizo una concesión a la hora de valorar el fracaso de la lucha contra el desempleo en Andalucía, donde el paro a duras penas baja del millón de personas."Mi gobierno, gobiernos anteriores y de otras latitudes nos dejamos llevar por la burbuja inmobiliaria, aunque cuando empezó yo no era presidente".

"Tareas" para Griñán

Antes, el diputado de IU José Antonio Castro le había advertido a Griñán de que Chaves había dejado "un montón de tareas para usted", en el sentido de que muchas de las respuestas de éste señalaban directa o indirectamente a aquél. "No sé si se lo agradezco", respondió con cierto tono de broma Griñán. Este sí aceptó la realización de exceptuaciones durante su Gobierno, aunque defendió su legalidad. A su juicio, todo el proceso fue "reglado y garantista". "Las deficiencias, si las ha habido, no han sido de la administración sino contra ella", añadió.

Tanto Chaves como Griñán rehusaron valorar los cambios realizados por Susana Díaz con respecto a la formación, que podrían entenderse –así lo planteó el PP– como una enmienda a lo hecho antes de ella. Es decir, a lo hecho por ellos. "Pregúntele mañana [por este martes] a ella", respondieron ambos a los diputados del PP que les lanzaron la cuestión. Griñán fue más cálido con su sucesora al calificar como "responsable" todo lo hecho y dicho por la presidenta. Negó además, como proponía el PP, que ella fuera su "punto débil". "Al contrario, es mi punto fuerte", dijo. Chaves no hizo comentario alguno sobre Díaz: "A mí pregúnteme hasta 2009".

Comparecencia de Susana Díaz

La primera fase de la comisión del fraude de los cursos de formación concluirá este martes con la comparecencia de la presidenta Susana Díaz, que acude contra el criterio del PSOE pero forzada por toda la oposición, incluido Ciudadanos, socio de legislatura de los socialistas (no forma parte del Gobierno pero da apoyo parlamentario). La comisión pretende dirimir las responsabilidades políticas del fraude, cuyas dimensiones totales están todavía pendientes de aclarar. Las subvenciones a la formación superaron los 3.000 millones de euros entre 2002 y 2013, otorgadas a patronal, empresarios y sindicatos.

El fraude consistía en que los beneficiarios de las ayudas no empleaban los fondos para la formación, sino para quedarse el dinero o para otros fines, haciendo como que los cursos se celebraban, en ocasiones con profesores y alumnos supuestamente falsos, o introduciendo como gastos justificables lo que en realidad no tenía nada que ver con los cursos. El Gobierno andaluz cifra por el momento en 2.468 el número de expedientes de subvenciones "en proceso de justificación", que suman un importe total de 632,3 millones. Ello no significa que el fraude alcance esta cuantía.

En paralelo a la comisión de investigación tienen lugar investigaciones judiciales en diferentes juzgados andaluces. El caso se divide en diversas ramas: la trama empresarial del ex consejero de la Junta Ángel Odeja; el funcionamiento de los consorcios públicos de formación: Ciomijas, Formades, Forma y CTI; y el funcionamiento de la controvertida fundación Faffe y del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Las investigaciones judiciales dirimirán también la posible responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía.

Falta de medios y escasez de control

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El balance general de las comparecencias de los funcionarios arroja la idea de falta de medios y escasez de control, aunque la mayoría se inclina más por posibles fallos administrativos que por delitos. La comisión no está siendo el calvario para el PSOE que podía esperar la oposición. Ha quedado claro que la simultaneidad de investigaciones parlamentarias y judiciales tiene claras contraindicaciones para el desarrollo de las primeras, ya que los abogados aconsejan silencio a sus defendidos. No obstante, el PSOE se está llevando ciertos sobresaltos. Por ejemplo, cuando el empresario –imputado– José María Pérez ironizó sobre la concurrencia competitiva a la hora de asignar los cursos: "Los cursos se han dado de la forma que se han dado". Sobre los inspectores, este mismo empresario dijo que a "montones" de cursos no fue ninguno.

Un alumno titulado en un curso sobre productos cárnicos, Javier Martín, también ofreció una descripción muy cruda del funcionamiento de los cursos, y afirmó que se fue con el título pero sin saber ni hacer "un chorizo". Por su parte, Teodoro Montes, un funcionario que la juez Mercedes Alaya convirtió en testigo protegido, afirmó que la formación fue "el negocio del siglo"

Por la comisión han pasado varios ex consejeros con responsabilidad sobre los cursos de formación, entre ellos Antonio Fernández y José Antonio Viera, investigados también por el fraude de los ERE. Fernández afirmó que el caso de los cursos de formación es un "bluf" provocado por el "nerviosismo" que causó entre los funcionarios el caso de los ERE. A la hora de definir las conclusiones, serán claves no sólo los resultados fácticos de la comisión, sino también las posturas de los partidos políticos. El papel de Ciudadanos será determinante.