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Comisión de investigación

La Junta de Andalucía reclama 90 millones por ayudas a la formación sin justificar

  • "Yo no estaba aquí", se defiende Susana Díaz ante la comisión de investigación por el fraude de los cursos. La presidenta andaluza incide en su honestidad personal: "Sí, me he casado con un tieso"
  • El Gobierno autonómico ha recuperado 3 millones del montante sin justificar, que podría ampliarse hasta en 51 millones más

Publicada 31/05/2016 a las 06:00 Actualizada 31/05/2016 a las 23:03    
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La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en la comisión de investigación de este martes.

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, en la comisión de investigación de este martes.

IL
"Yo no estaba en el Gobierno de la Junta de Andalucía". La presidenta Susana Díaz quiso este martes dejar claro nada más sentarse en la comisión de investigación sobre los cursos de formación para el empleo que durante su etapa en el Gobierno regional (desde mayo de 2012 como consejera de Presidencia y desde septiembre de 2013 como cabeza del Ejecutivo) no se produjo el fraude al que los diputados están poniendo la lupa. "Yo no estaba aquí", reiteró ante los parlamentarios, por lo que su situación es diferente a la de José Antonio Griñán cuando compareció como presidente de la Junta en la comisión de investigación de los ERE. Ante los ataques del PP, Díaz hizo especial énfasis en la defensa de su honestidad y austeridad personales, hasta el punto de lanzar una afirmación que despertó a medias sorpresa e hilaridad entre quienes seguían la comisión. "Sí, me he casado con un tieso", dijo en tono de broma para ilustrar la condición humilde de su marido, José María Moriche, al que el PP pone en el disparadero por haber trabajado en el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) de UGT, que impartió cursos de formación.

La presente comisión investiga ayudas desde 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y justificación, pero las convocatorias de cursos se agotan antes de la llegada de Díaz a la Presidencia. La presidenta defendió su decisión "contundente" de "mantener" la paralización de las líneas de ayuda a la formación por un principio de "responsabilidad" ante las "sospechas de que la gestión de los fondos no era la correcta". En cualquier caso, lanzó un reproche a quienes habían hecho cundir la idea de que el fraude era "generalizado", en referencia al PP, que maneja la cifra de 3.000 millones de dinero defraudado.

Las dimensiones del supuesto fraude aún no están delimitadas. Pero es obvio que es un caso grave. La Junta de Andalucía reclama ya en firme a distintos beneficiarios de ayudas 90 millones de euros por deficiencias en la justificación, según desveló este martes el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado. Hay 51 millones más en proceso de reintegro, si bien en expedientes en los que las empresas aún pueden presentar alegaciones. Hasta marzo de 2016, los beneficiarios habían depositado en la Administración 3 de esos 90 millones. La Junta se enfrentará, a la hora de recuperar el dinero, a situaciones como la desaparición o insolvencia de empresas beneficiarias de ayudas.

"Una milloná"

"90 millones son una milloná. Yo también vengo del sector tieso y eso es una milloná", le dijo José Antonio Castro (IU) a Díaz. La presidenta se negó a dar por sentado que esos 90 millones –a los que se podrían sumar 51 más– constituyan dinero defraudado. "Ya veremos si al final son 90, 65 u 80", dijo, en referencia a que las empresas podrán pleitear contra la Junta y la cifra disminuir finalmente. Díaz intentó no pronunciarse sobre si había existido ilegalidad, fraude, delito... Ese ha sido en numerosas ocasiones el campo de juego en la comisión: el sustantivo o el adjetivo que el compareciente de turno le ponía a los hechos. "Yo no sé si hay más irregularidades o menos. Pero si llega un informe de la Cámara de Cuentas [hubo uno en 2007 y otro en 2014 pidiendo correcciones en el sistema] o una alerta de la intervención general, lo que uno tiene que hacer es acatarlo", señaló para avalar su decisión posterior de mantener congelados los cursos, que está previsto que se reanuden esta misma semana con una nueva convocatoria. "Lo haré [actuar con contundencia] cada vez que tenga dudas", afirmó.

Falta de personal

La presidenta sí hizo referencia a posibles "deficiencias". "Para ser más garantista, hubiera sido necesario más personal", afirmó. También aludió a la obviedad de que hay investigaciones judiciales en curso y ha habido operaciones policiales notorias, que justificaron la existencia de "sospechas". No obstante, sobre las operaciones policiales dijo: "A ver en qué quedan al final". Díaz sí quiso subrayar que ha habido también operaciones policiales en comunidades como Galicia, Madrid, Valencia, Aragón y Extremadura, y que sólo en Andalucía se ha celebrado una comisión de investigación. La presidenta recordó al PP que en Madrid se opuso a la misma.

Susana Díaz se enfrentó duramente a Teresa Ruiz Sillero (PP), que lanzó reiteradas preguntas a la presidenta sobre su marido, José María Moriche. "No haga preguntas retóricas. Dígalo, dé un paso más. Tenga valentía y gallardía", le pedía la presidenta. Iba preparada para esta ofensiva. Díaz llegó a leer parte de la vida laboral de su marido. Trabajó en una cafetería, en una ortopedia, en UGT, en IFES... "Salió de IFES cuando yo entré en el Gobierno. Habla usted del expediente de Moriche como si el dinero se lo hubieran dado a Moriche", dijo Díaz, que incluso desveló el sueldo de su marido cuando era auxiliar administrativo en IFES –entre 700 y 1.200 euros al mes con las pagas prorrateadas– y puso a disposición de sus señorías las nóminas de su marido. "En mi casa, como entra poco, sé de dónde viene [...]. Yo estoy casada con un trabajador", afirmó Díaz antes de añadir con una sonrisa: "Sí, me he casado con un tieso". A Ruiz Sillero le dijo que le daría "pena" y "vergüenza" que sus "compañeros de grupo" le asignaran el papel que le habían dado a ella.

Fin de la primera fase de la comisión

La comparecencia de Díaz puso fin a la primera fase de la comisión sobre el fraude de los cursos de formación, que pretendió señalar las responsabilidades políticas y ordenar medidas para que no vuelva a repetirse. Ahora los grupos deben decidir si solicitan o no nuevos comparecientes. Si no los hay –dependerá de que las peticiones consigan o no mayoría–, los grupos harán sus propuestas de dictamen, a partir de las cuales se intentarán negociar unas conclusiones. Será difícil, visto lo enconado de las posturas hasta ahora, que haya unanimidad. El papel de Ciudadanos, que suma mayoría tanto con el resto de partidos de la oposición como con el PSOE –con el que tiene un pacto de legislatura–, será clave.

Las subvenciones a la formación rondaron los 3.000 millones de euros desde 2002, otorgadas a patronal, empresarios y sindicatos. Los beneficiarios, al menos en ocasiones, no empleaban los fondos para impartir formación, sino para obtener beneficios, según las diferentes investigaciones judiciales abiertas por toda Andalucía. Hubo profesores y alumnos supuestamente simulados y gastos computados que en realidad no tenían relación con los cursos.

Las dimensiones del fraude


El supuesto fraude no es de 3.000 millones. Este es el dato del montante global de ayudas concedidas desde 2002 hasta 2012, aunque su gestión y tramitación se prolongó hasta años posteriores. La cuantía de lo defraudado está todavía por delimitar. El consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, que compareció este martes antes que la presidenta, cuantificó en 90 millones el dinero reclamado por la Junta de Andalucía a beneficiarios de las ayudas que no las han justificado debidamente, cuando el último dato ofrecido había sido de 72 millones. El dato va in crescendo conforme se verifican expedientes. A esta cifra podrían sumarse otros 51 millones, que están "en proceso de reintegro". Es decir, en un momento administrativo diferente en el que no cabe realizar todavía la solicitud de reintegro, por ejemplo porque la empresa aún puede realizar alegaciones. En total, la Junta reclama a las empresas 141 millones de euros, si bien 51 de ellos están todavía en fase de alegaciones. Del conjunto, los beneficiarios han depositado 3.

Sánchez Maldonado no cuantificó la cifra que se ha podido recuperar hasta la fecha. Que el consejero no acudiera a la comisión con el dato de dinero recuperado provocó las críticas de los diputados opositores. "Pienso lo que pensaría cualquiera cuando usted no lo trae, que han recuperado cero", dijo Teresa Ruiz Sillero (PP). La presidenta sí llevó ese dato, que solicitó antes de la comparecencia a la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. De esos 90 millones reclamados, los beneficiarios han depositado en la Junta 3 millones de euros (2 de forma voluntaria y 1 por la vía de apremio). No obstante, al tener ya solicitados 90 millones con resoluciones en firme, todas las empresas que quieran pleitear con la Junta deberán presentar un aval con el dinero requerido para hacerlo, lo cual fue citado por Díaz como un beneficio de la acción de la Junta.

El PSOE niega que haya existido, como denuncia la oposición, un "fraude masivo" u "organizado". Lo que sí ha quedado reiteradamente puesto de relieve durante la comisión es que hubo falta de medios para supervisar la formación, escasez de control y un uso generalizado de las exceptuaciones, un controvertido procedimiento previsto por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía que permitía a la Junta proponer el pago de nuevas subvenciones aun sin haber justificado las anteriores.

Los funcionarios que han pasado por la comisión se han inclinado más por describir fallos administrativos que delitos, si bien ha habido empresarios, alumnos e interventores que han descrito prácticas irregulares y deficiencias claras. La Junta de Andalucía ha perdido la posibilidad de dedicar a formación unos 800 millones de euros de fondos euros, calculó el consejero Sánchez Maldonado, debido a la paralización de los cursos tras la detección de los primeros indicios de fraude.

Por la comisión han pasado varios ex consejeros con responsabilidad sobre los cursos de formación, entre ellos Antonio Fernández y José Antonio Viera, investigados también por el fraude de los ERE. Fernández afirmó que el caso de los cursos de formación es un "bluf" provocado por el "nerviosismo" que causó entre los funcionarios el caso de los ERE.
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