La barra libre de agua toca a su fin en Doñana

El problema es típico: el interés de un sector económico choca con la protección de un valioso entorno natural. Y las autoridades dudan, vacilan, posponen, median, atribuyen la responsabilidad a otros... El conflicto se está dando con toda su crudeza en Doñana, cuyas aguas subterráneas sufren una histórica y constante sobreexplotación por su uso irregular por parte de explotaciones agrícolas. No es el único problema del acuífero, que también experimenta las consecuencias de la presión turística o la contaminación difusa, pero sí el más urgente.

España –tanto el Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno como la Consejería de Medio Ambiente de la Junta d Andalucía– está bajo la lupa de la Comisión Europea por permitir la sobreexplotación, especialmente desde la década de los 80, de los acuíferos del Parque Nacional de Doñana. El miércoles de la semana próxima concluye el ultimátum dado por las autoridades europeas. La paciencia de la CE se ha ido agotando a la vez que los plazos para que el Gobierno y la Junta den explicaciones convincentes. Europa activó primero el procedimiento de diálogo estructurado (el llamado EU Pilot), ante las evidencias de deterioro del acuífero y la extracción irregular de agua denunciada por WWF. Con posterioridad la Comisión ha ido quemando etapas hasta llegar a un dictamen motivado que ha hecho saltar las alarmas en el Gobierno y la Junta de Andalucía.

Si las autoridades españolas no dan una respuesta satisfactoria a este dictamen, el caso llegará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es una medida extraordinaria, que sólo se da en el 15% de los casos. La mayoría de las veces los procedimientos de infracción –en este caso por vulneración de las directivas de Hábitats y de Agua– se resuelven administrativamente. Si el caso llega al tribunal, tardará previsiblemente al menos dos años en resolverse.

Pero el tiempo corre en contra del acuífero. Eva Hernández, responsable de Aguas y Agricultura de WWF, alerta del "daño a ecosistemas únicos y muy sensibles" e incluso de una posible "daimielización" de Doñana, en referencia al proceso de desecación que sufrió el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, donde el suelo llegó a entrar en combustión provocando incendios subterráneos en 2009. Doñana es Patrimonio de la Humanidad desde 1994.

El 'lobby' de la fresa

Hernández considera "totalmente insuficientes" las medidas adoptadas hasta ahora por las administraciones, que han empezado muy lentamente a mover ficha ante la presión ecologista y de las autoridades europeas. "Desde que la Comisión envió su dictamen hace dos meses, se podría haber hecho mucho más. Lo primero, declarar el acuífero en riesgo y aplicar de manera firme y tajante la Ley de Aguas. Y por supuesto cerrar fincas ilegales. Hay algunas sobre las que puede haber incertidumbre, pero otras no hay por dónde cogerlas", señala la responsable de Aguas y Agricultura de WWF.

Tanto en el Gobierno como en la Junta de Andalucía reina la discreción a la hora de explicar qué medidas han adoptado, cuáles van a tomar y cómo van a defender su gestión ante una Comisión Europea que amenaza con los tribunales. En plena campaña electoral, nadie quiere pisar ningún charco ni provocar las iras de los regantes, que se han constituido en un ruidoso lobby de presiónlobby , la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que esta semana se ha reunido con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en la sede de San Telmo.

Histórica impunidad

"Tenemos el compromiso de la Junta de Andalucía de resolver lo antes posible las alegaciones al Plan de la Coronal Forestal", el conocido como Plan de la Fresa, en palabras de Cristóbal Picón, presidente de la Plataforma. Es poco botín. Picón ha empezado a comprobar, al igual que el conjunto de los agricultores que trabajan en la zona, que a pesar de la lentitud con la que han actuado las administraciones la barra libre de agua en Doñana toca a su fin. La impunidad ante la inacción institucional ha terminado. Queda, advierten los ecologistas y reconocen las administraciones, un largo camino para terminar con todas las prácticas irregulares, pero lo cierto es que ni la situación ni el clima social o político es comparable al de hace sólo dos años. Todo el mundo, incluso los propios agricultores, admite que hay un problema medioambiental.

La Junta de Andalucía aprobó en diciembre de 2014, tras siete años de trámites y con las alertas de la CE y de la Unesco encima de la mesa, el Plan de la Corona Forestal, que prevé la eliminación de entre 1.300 y 1.500 hectáreas de cultivos. El plan contempla la clausura de fincas agrícolas y el cierre de captaciones ilegales en municipios de la provincia de Huelva como Almonte, Bonares, Moguer, Rociana del Condado, Lucena del Puerto... Uno de sus propósitos es frenar el deterioro del conocido como acuífero 27, el más esquilmado y la principal fuente de agua de Doñana. Otro objetivo es revertir el estrechamiento de los corredores naturales.

Primeros pozos cerrados

Pero el desarrollo del plan es muy escaso. "Se está comenzando a aplicar desde el estricto cumplimiento de la la legalidad", señalan con parquedad desde la Consejería de Medio Ambiente. Uno de los inconvenientes del plan es que requiere de una colaboración estrecha entre la Junta y el Gobierno, concretamente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

Es la Confederación a la que está correspondiendo empezar a cerrar pozos. Concretamente, ha clausurado 42 recientemente, de los que se dejarán de sacar casi 700.000 metros cúbicos de agua al año, según sus cuentas. La CHG también ha adquirido las 922 hectáreas de la finca de Los Mimbrales, lo que supone dejar de detraer de los acuíferos hasta 6,8 millones de metros cúbicos de los derechos privados de agua que esta explotación tiene reconocidos por sentencia firme, según la Confederación.

Trasvases

¿Son muchos o pocos 42 pozos? Pocos, cuantitativamente. Las estimaciones de WWF sitúan el número de pozos ilegales entre 1.000 y 2.000. Cualitativamente es el primer síntoma de que la impunidad y la barra libre de agua en Doñana tocan a su fin. "No habrá amnistía", ha manifestado públicamente Susana Díaz en relación a las alegaciones presentadas por los regantes al Plan de la Fresa. Este plan prevé mantener más de 9.000 hectáreas de regadíos. Para surtirlas de agua es necesario un plan de trasvases. El Gobierno central ha anunciado –en plena campaña– que en julio otorgará concesiones temporales de agua por un año para el riego de 1.700 hectáreas de regadíos del entorno de Doñana dentro del trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos (Hm3) desde el Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir. Este trasvase de 4,99 –el conocido como "trasvase chico"– fue autorizado por el Gobierno en 2008. El "trasvase grande", de 15,3 Hm3, debe esperar a una Ley de Trasvase adicional al Guadalquivir.

El temor de los agricultores

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Bartolomé Fernández, gerente de la Cooperativa Costa de Huelva, cree que tampoco los trasvases, ni siquiera ambos juntos, solucionan lo que él llama "el problema". "Aún quedarían fuera unas 2.500 o 2.799 hectáreas que están en cultivo, que suponen unos 15.000 empleos. Y eso si se producen los trasvases, que está por ver", señala Fernández. Tanto la Cooperativa Costa de Huelva como la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado lanzan cifras alarmantes de supuesta pérdida de empleo una vez que, hipotéticamente, esté desarrollado el Plan de la Corona Norte de Doñana. Ahora están, como se dice vulgarmente, poniendo el parche antes de la herida, porque según admite Fernández su desarrollo es mínimo, al margen "del cierre de algunos pozos y balsas". "Esperemos que tarde en aplicarse", dice, aunque es consciente de que una vez que empiecen los trasvases las autoridades se quedarán sin excusas y el ritmo de cierre de pozos previsiblemente crecerá.

Fernández lamenta que los trabajadores que se van a quedar fuera no tienen "ninguna alternativa", y señala que la fresa, la frambuesa, el arándano y la mora, los cultivos más extendidos en la zona, "requieren mucha inversión", por lo que los agricultores están "muy endeudados" y "sin capacidad de devolver" los préstamos. Los agricultores, que insisten en que no quieren "nada ilegal", presionan a la Junta de Andalucía para lograr compensaciones indeterminadas o ampliar la superficie regable a última hora. Son conscientes de que nada volverá a ser como antes, pero quieren que se parezca lo más posible. Los alcaldes la zona también alzan la voz en defensa del empleo. WWF alerta contra la coartada del empleo como puerta de entrada a soluciones sólo aparentes que condenen al acuífero a seguir sufriendo una presión insoportable. "Los problemas sociales no se arreglan a base de crear problemas ambientales", señala Eva Hernández.

En el entorno de Doñana hay otros proyectos medioambientalmente controvertidos sobre la mesa, caso de iniciativas para la extracción, almacenamiento y transporte de gas. El proyecto de refinería en Extremadura que requería un oleoducto con afección a Doñana se frustró por incumplir los requisitos normativos. También parece cada vez más lejos el proyecto del dragado del Guadalquivir.