Lo que dice (y lo que no) la ley LGTBI de Podemos que gusta al PP pero no al PSOE

El Parlamento de Andalucía ha aprobado esta semana la toma en consideración, un primer paso de su recorrido en la Cámara, de la Ley para garantizar los derechos de las personas que se reconocen como LGTBI y para erradicar la LGTBIfobia, propuesta por Podemos. Ahora la norma pasa a la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales, donde continúa su tramitación, tras darle luz verde con su voto a favor el PP, Ciudadanos, Podemos e IU (62 diputados en total) y cosechar el voto contrario del PSOE (47). El resultado es chocante al tratarse una ley intervencionista de reconocimiento de derechos y libertades en el ámbito sexual, un terreno en el que la derecha suele defender posiciones más restrictivas que los socialistas.

Podemos, que en la sesión plenaria del miércoles votó a favor de la admisión a trámite de una ley sobre la misma cuestión propuesta por el PSOE –que obtuvo un apoyo unánime–, atribuye la posición de los socialistas a su afán de hegemonía parlamentaria. El PSOE sostiene que es ilógico votar por una ley cuando su propio grupo ha presentado otra sobre la misma materia que considera mejor. Eso en cuanto a la forma. Pero además se opone a determinados aspectos del contenido, sobre todo a un punto: si un menor transexual quiere recibir tratamiento hormonal y sus padres se oponen, prevalece la voluntad del menor. El PSOE centra su oposición a la norma en este aspecto.

LGTBI son las siglas de "lesbianas", "gays", "transexuales", "bisexuales" e "intersexuales" (esta última categoría se refiere a personas con caracteres de sexo masculino y femenino, lo que tradicionalmente se ha llamado "hermafroditas", término que ha ido adquiriendo connotaciones peyorativas). La ley de Podemos pretende garantizar sus derechos y prevenir "actitudes LGTBIfóbicas, sea en el ámbito de lo social, en la sanidad, en la educación, en el ocio y el deporte, en la familia y en otros ámbitos". Para ello dispone un amplio conjunto de medidas en todas esas áreas –desde campañas de prevención hasta protocolos de actuación policial ante delitos de odio, por citar dos ejemplos– y detalla la forma y en su caso los órganos encargados de desarrollarlas.

Planes contra el odio, contratos públicos, órganos administrativos...

Entre otras medidas, la norma establece que las empresas, fundaciones, confesiones religiosas y centros educativos que reciban financiación pública deben aplicar planes contra la LGTBIfobia en un año, o de lo contrario serán sancionados –las cuantías no se especifican–. También recoge posibles ventajas en el acceso a contratos públicos de empresas que promuevan medidas por la igualdad. Crea un observatorio contra la discriminación y un órgano administrativo coordinador de las políticas LGTBI. Y establece la "inversión de la carga de la prueba" en casos de discriminación sexual.

Podemos se ha apoyado en colectivos vinculados con la materia para la elaboración de la ley, exhaustiva en el recorrido por situaciones en las que se puede producir discriminación: adopción de menores, tratamiento informativo de la cuestión, acceso a establecimientos... La norma parte de una voluntad de despatologización de las diferentes identidades sexuales, con especial énfasis en la transexualidad, objeto de una arraigada estigmatización.

"Estamos en un periodo de cambio de paradigma: se ha pasado, desde hace tres años, de considerar la transexualidad como una patología a que poco a poco se imponga el sentido común. No es una enfermedad, como tampoco lo fue nunca la homosexualidad", afirma el parlamentario de Podemos Jesús Romero.

Protocolos sanitarios para trans e intersexuales

La norma parte de la premisa de la defensa del derecho a vivir en libertad y sin discriminación conforme al "sexo sentido" frente al "asignado" al nacer. La garantía de esos derechos se expresa en el ámbito de la salud, con la creación de "protocolos de atención integral" a transexuales e intersexuales que establecen modos en que deben proceder los profesionales sanitarios sobre la base de que la atención ofrecida por el sistema público andaluz "se adecuará a la identidad sexo-genérica" del paciente.

Transexuales e intersexuales podrán "acceder a cualquier servicio sanitario, incluidos los programas de prevención, ginecológicos, andrológicos y urológicos, en función de sus caracteres sexuales [...]", según la norma.

Motivos del rechazo del PSOE

La ley desagrada al PSOE, que la ve innecesaria, jurídicamente insolvente, rupturista con respecto a los consensos científicos y los procedimientos sanitarios y, sobre todo, inadecuada en su tratamiento de los menores de edad, asunto que ha convertido en banderín de enganche de su oposición a la norma.

Los socialistas opinan que "crea programas específicos y puertas de entrada diferentes" a la sanidad pública para los LGTBI, en palabras de su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, que reivindica los "criterios profesionales" en una "materia técnica como la sanitaria". "Hay un tufillo antimédico" en la norma de Podemos, señala Soledad Pérez, ponente de la ley socialista.

Modificación de la Ley de Transexualidad de 2014

Al margen de esta consideración negativa del enfoque general de la la ley, el PSOE centra su rechazo en la disposición adicional cuarta, que supone una modificación de la Ley de Transexualidad, aprobada por el Parlamento por unanimidad en 2014 (con el apoyo de PP, PSOE e IU). Esta disposición establece que "las personas transexuales menores de edad tienen derecho a recibir tratamiento médico para garantizar su desarrollo adecuado a su sexo sentido".

Los socialistas consideran que este aspecto ya está recogido "de manera más sencilla y pacífica para la comunidad científica y médica" en la Ley de Transexualidad y desarrollada en dos instrucciones de la Consejería de Salud. "El análisis debe hacerse caso a caso y con los criterios médicos profesionales. Si se establece como derecho, plantea un dilema jurídico y un problema: si no se da, el asunto puede acabar en los tribunales y complicándose", señala Soledad Pérez.

La disposición adicional añade que los menores transexuales tendrán derecho a recibir tratamiento hormonal al inicio y durante la pubertad para evitar –o provocar– el desarrollo de determinados caracteres sexuales. Es decir, si un menor adolescente transexual quiere frenar hormonalmente el desarrollo de sus pechos, tendría derecho a hacerlo

El aspecto más polémico

En su punto más polémico, en esa misma disposición adicional, la ley dice: "Ante la negativa de los padres o tutores a autorizar los tratamientos previstos en el número anterior, el personal sanitario atenderá al interés superior del menor a su salud en sentido amplio, entre tanto no reciban orden judicial en contra".

Éste es el párrafo que ha destapado la caja de los truenos. La redacción es algo confusa en parte del artículo: "[...] al interés superior del menor a su salud [...]". Pero el sentido que quiere dar Podemos es que el interés superior del menor contempla su salud física y mental, y ésta incluye el respeto a la expresión de su libertad. Y que ante un conflicto de pareceres, prevalece el del menor. Esto es lo más controvertido de la ley.

Podemos denuncia que el PSOE ha utilizado este artículo para confundir e intoxicar. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, afirmó que la formación morada "quiere dejar sin efecto la mayoría de edad en la toma de decisiones sobre reasignación quirúrgica". En realidad no se dice nada sobre cirugía en este punto. En base a este artículo, el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, ha señalado que la ley "establece un mecanismo mediante el que el menor puede reclamar ante la Fiscalía que el facultativo obligatoriamente inicie el procedimiento de reasignación de sexo".

La palabra "reasignación" no aparece en toda la ley. En cualquier caso, lo que la formación morada no admite es que la toma de hormonas bloqueantes suponga una "reasignación de sexo", término que suele remitir a la cirugía, y que de hecho así ha sido interpretado por numerosos medios de comunicación esta semana. La norma tampoco establece, al menos no expresamente, ningún mecanismos para reclamar ante la Fiscalía. "O no se han leído la ley, o quieren confundir", señalan desde Podemos.

"Un conflicto serio", según el PSOE

Ese párrafo supone "un conflicto serio", según Soledad Pérez (PSOE), que ofrece una posición matizada a infoLibre. "El médico tendría que hormonar al menor salvo que un juez lo impida. La opinión médica brilla por su ausencia. Al final si hay disconformidad el asunto acabará aclarándolo el juez y la Fiscalía de menores", afirma Pérez, que señala que leyes como las de Extremadura, Canarias, Cataluña o Madrid no han llegado hasta ahí.

El PSOE reivindica la forma en que está abordada esta materia en la Ley de Transexualidad, que fija que los menores tienen "derecho" la atención necesaria "para promover su desarrollo integral, mediante actuaciones eficaces para su integración familiar y social". Esta ley de 2014 reconoce el "derecho" de los menores "con disconformidad de su identidad de género a desarrollarse física, mental y socialmente en forma saludable y plena". Y añade: "Sus padres [...], con la expresa conformidad de los menores, que serán oídos teniendo en cuenta los principios de aptitud y capacidad progresiva [...], facilitarán y colaborarán con la Administración autonómica a fin de garantizar" estos derechos. Los menores "serán oídos", según la ley de 2014.

El diputado andaluz de Podemos Jesús Romero afirma que en efecto Andalucía está "a la vanguardia de derechos trans, pero para seguir estándolo, debemos ir adaptando", o de lo contrario la norma "puede quedar desfasada muy rápidamente". "Ninguna ley es intocable", añade el parlamentario, que insiste en la atención a las demandas de "los colectivos" y en la necesaria búsqueda de "consenso" entre los grupos políticos a lo largo del trámite parlamentario.

Romero lanza la siguiente pregunta, no directamente vinculada con la cuestión del tratamiento hormonal: "¿Qué pasa si una joven transexual de, por ejemplo, 15 años, es obligada por sus padres a tener que comportarse, vestir y, en definitiva desarrollar su identidad en masculino, si ése no es su deseo?¿Prevalece la opinión del padre, o el derecho al libre desarrollo de esa persona?".

Intervenciones "libremente elegidas"

Hay otros artículos de la ley de Podemos que para el PSOE son inasumibles. Por ejemplo el 12, que establece la actualización de los protocolos sanitarios para "proporcionar las intervenciones quirúrgicas de reconstrucción genital, de aumento de pecho, de masculinización del tórax, de cuerdas vocales y cualesquiera otras que se consideren necesarias, y sean libremente elegidas, sin ningún tipo de retraso injustificado, y dentro de las listas de espera quirúrgicas generales para todas las personas usuarias, sin que sea justificable segregación alguna".

La socialista Soledad Pérez ve el problema en ese "libremente elegidas", porque opina que abre la puerta a una confusión entre una operación estética –un posible aumento de pecho, por ejemplo– y una necesaria. Podemos rechaza este conflicto, que ve fruto de una interpretación interesada de la norma, y afirma que su propuesta de atención integral es similar a la que existe en la Comunidad de Madrid. "Si el PSOE considera que la atención a personas transexuales en el sistema andaluz debe ser menos amplia que, por ejemplo, la que se realiza en Madrid, lo deberá defender", señala Romero (Podemos).

"Erradicación" de la cirugía a bebés intersexuales

También hay discrepancias respecto al artículo 13, cuando establece la "erradicación de las prácticas de asignación de sexo en bebés recién nacidos atendiendo únicamente a criterios quirúrgicos y en un momento en el que se desconoce cuál es la identidad real de la persona intersexual recién nacida, todo ello con la salvedad de los criterios médicos basados en la protección de la salud de la persona recién nacida".

"No nos parece un disparate, ni mucho menos. De hecho, las corrientes médicas van en esa dirección. Pero esto, que puede ser razonable, convertido en una ley puede acabar causando más problemas de los que soluciona", señala Pérez. Por su parte, Jesús Romero, de Podemos, subraya que "durante años se han cometido verdaderos crímenes [contra los bebés intersexuales], ya que eran los médicos los que decidían cuál era el género". "Este punto es necesario para no cometer los errores del pasado", señala.

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La posición del PP

La admisión a trámite de la ley con todos los votos a favor salvo los del PSOE ha provocado la paradoja de ver al PSOE apelando al tradicional conservadurismo de la derecha en materia social. El portavoz socialista, Mario Jiménez, ha preguntado al PP –y de paso a Ciudadanos, su socio de legislatura– si el apoyo a esta ley "es coherente con su trayecto y pensamiento político". Durante su cara a cara con el líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la sesión de control al Gobierno del jueves, la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, afeó al PP que "abandone sus propios principios para que el PSOE perdiera una votación".

El PP está dando explicaciones. En el debate sobre la toma en consideración de la norma tomó la palabra la diputada Esperanza Oña, defensora de posiciones liberales en materia social y con diálogo fluido con los colectivos arcoiris. Oña acusó al PSOE de presentar un texto innecesario sólo para "boicotear" el de Podemos, "mejor, más avanzado y ambicioso". Oña, ex alcaldesa de Fuengirola (destino tradicional de turismo gay), afirmó que lo "deseable" sería alcanzar un consenso entre los dos textos pero que "de no ser así, apoyaremos la más justa", a su juicio la de Podemos. Numerosos medios conservadores están cuestionando la posición del PP. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, intentó atajar la cuestión señalando que el apoyo a la tramitación "no quiere decir que se comparta", e insistió en que la norma "no recoge el cambio de sexo a menores", argumento con el que los socialistas los están presionando.