El dilema de Juana Rivas: lejos de sus hijos o cerca de su maltratador

A sus 35 años, Juana Rivas vive una angustiosa cuenta atrás. Si la Audiencia de Granada resuelve que sus dos niños deben regresar con su padre a Italia, Rivas tendrá que elegir entre alejarse de ellos o acercarse a un hombre que la ha maltratado, tal y como estableció una sentencia judicial. "Si los niños vuelven sin mi protección no habrá nadie para protegerlos, y si vuelvo yo a Italia para defenderlos de su padre mi integridad está en serio peligro", resume. "La justicia española está poniendo en riesgo a mis hijos", añade Rivas, que encara la situación "sin victimismo", aunque en un estado de evidente nerviosismo.

Su ex pareja, F.A., fue condenado en 2009 por un juzgado penal de Ganada por "lesiones en el ámbito familiar" por "golpear repetidamente" a Rivas. Tras un periodo de separación, ambos vivían juntos en la isla de Carloforte, en una isla al suroeste de Cerdeña, desde donde Rivas salió en mayo hacia España con sus dos hijos menores de edad. Huía del maltrato, según asegura Rivas. El juzgado de primera instancia 3 de Granada acordó en diciembre que los niños, que ahora tienen diez y tres años, habían sido "sustraídos" por la madre y que debían volver con su padre a Italia. Rivas, asesorada por el Ayuntamiento de Maracena (Granada), ha presentado un recurso, que debe resolver la Audiencia Provincial. También cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía.

"Necesito exponer a la luz mi caso y que el sistema judicial nos proteja a mí y a mis hijos. De hacerse firme la sentencia, estaremos en una situación muy peligrosa. Ahora estamos desprotegidos porque no están considerando la situación de maltrato vivida por los niños", asegura Rivas.

Como si fuera "una delincuente internacional"

A pesar de la condena de 2009, la pareja volvió a convivir. Rivas, afirma, se creía "con el poder de ayudarlo". Pero se equivocó, asegura. Explica que en Carloforte su situación era lamentable. "Volví a España escapando de una situación de acoso, control, vejaciones, humillaciones... presenciadas, sufridas y lloradas por mis hijos", cuenta. "Al llegar a mi país puse una denuncia por maltrato que a día de hoy continúa archivada por falta de jurisdicción, y en lugar de estar tratándonos como lo que somos, una madre y dos niños que necesitan ser protegidos de su progenitor, me están tratando como si fuera una delincuente internacional", afirma. Y añade: "Vivo con miedo de que la propia justicia nos obligue a volver, contra nuestra voluntad, al lugar del que tanto nos ha costado y dolido salir. No busco culpables, busco protección, busco que me dejen rehacer mi vida y cuidar de mis hijos. Solo me falta la ayuda de la ley española para proteger a los niños y detener esta barbarie".

Carloforte "es una micro-isla de un tamaño aproximado de 100 campos de fútbol, donde los familiares más cercanos de los niños están a más de 800 kilómetros, en Génova, y son sus abuelos paternos, de 86 años, que no tienen relación con los niños", explica Rivas, que afirma que, en contraste, en Maracena los niños tienen más arropo familiar. Ante la idea de una sentencia contraria a sus intereses, esta mujer siente "miedo" por sus hijos y por sí misma. "Me están tratando como si fuera una secuestradora y a él lo están tratando como si fuera un padre que quiere a sus hijos, y ninguna de estas cosas es cierta", añade, convencida de que su expareja sólo pretende hacerle "la vida imposible".

La sentencia por maltrato de 2009

En la sentencia de 2009 del juzgado de lo penal 2 de Granada, F.A. fue condenado por un delito de "lesiones en el ámbito familiar". El acusado dio su conformidad con los hechos establecidos, según los cuales el 7 de mayo de 2009, cuando Rivas llegó al domicilio que ambos compartían en Granada, le pidió que le explicara dónde había estado durante la noche, tras lo cual la golpeó "repetidamente", por lo que la mujer necesitó asistencia médica. F.A. fue condenado a tres meses de prisión y a un año y tres meses sin poder acercarse a Rivas. infoLibre no ha podido establecer contacto con F.A., residente en Italia.

Siete años después de aquella condena, Rivas, que había vuelto con él para residir juntos en Carloforte, salía con sus dos hijos, entonces de diez y dos años, con destino a España. "El detonante de mi regreso fue la situación diaria de opresión, aislamiento y maltrato durante más de dos años. No podía salir de casa si no era con su permiso y muchísimo menos irme con los niños. Conseguí convencerlo para venir a España con los niños y que pudieran ver a su familia durante unas vacaciones y que yo pudiera recuperarme del mal estado de salud que todo el sufrimiento vivido me ha provocado", afirma. Rivas ya no volvió. El padre reclama el regreso de los menores por "sustracción internacional".

"Sustracción" sin "consentimiento previo"

El juzgado 3 de Granada estableció en una sentencia en diciembre que los niños deben volver a con su padre, en virtud del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, el conocido como Convenio de La Haya, de 1980. La sentencia señala que la "retención" en España de los dos menores es "ilícita", entre otros motivos porque no había "un consentimiento previo" del padre para el traslado definitivo de los menores a España. El fallo establece que no hay "un peligro grave físico o psíquico" para los menores, para lo que el fallo invoca una prueba pericial. "El menor manifiesta que quiere vivir con su madre, aunque no le importaría pasar el verano con su padre en la isla. No se observa a lo largo de la evaluación con el menor que su restitución al contexto paterno suponga un grave peligro para su integridad física o psíquica", señala.

Rivas es condenada a pagar las costas, así como los gastos de viaje del eventual regreso de los menores a Italia. Esta es la sentencia recurrida. Si se hace firme, los menores deberán volver a Italia. "El sistema legal está más próximo al comportamiento de una máquina que al comportamiento de un ser humano. Esta sentencia es algo aterrador para los tres. Coloca a mis hijos en una situación de riesgo intolerable", señala Rivas. "No puedo creer que el sistema judicial de mi país no me esté escuchando ni me esté protegiendo", añade. Y se pregunta: "¿Cómo pretenden que los niños vuelvan a un entorno de maltrato sin el escudo humano de su madre?".

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"La justicia española no me está ayudando. Me están acusando de un crimen que no he cometido. Me están acusando de sustracción ilegal de menores cuando lo que soy es una mujer que trata de rehacer su vida. Necesito proteger a mis hijos de ese hombre y la justicia española no nos está dando esta protección. El 12 de julio puse una denuncia por malos tratos que a día de hoy continúa archivada porque la juez no tiene jurisdicción. Sin embargo, sí la tiene para condenarme a mí haciendo caso omiso a mi denuncia previa y mi petición de protección", afirma. La denuncia narra episodios de violencia psicológica e insultos ocurridos supuestamente en Italia, antes del regreso de Juana a España.

El Ayuntamiento de Maracena aprobó este lunes por unanimidad una moción que insta al Ministerio de Justicia y al Congreso de los Diputados a elaborar un protocolo específico para "los supuestos de sustracción internacional de menores en los que concurra una situación de violencia de género", de forma que los niños sean considerados "víctimas" de dicha violencia. "Lo ideal es que este caso sirva para evidenciar que hay que cambiar la ley, para que no dé lugar a dudas por parte de los jueces. No obstante, con el marco jurídico actual ya hay argumentos legales para defender que los niños se queden en España", afirma Francisca Granados, responsable del Centro de la Mujer de Maracena. Granados y el alcalde de Maracena, Noel López (PSOE), tienen previsto acompañar este martes a Rivas a Madrid, para trasladar sus reclamaciones a las instituciones y difundir una campaña a favor de esta causa que ha recogido más de 150.000 firmas a través de internet. Granados asegura que este caso ha puesto en contacto a Rivas con mujeres en situación similar como Vanessa Skewes.

La Junta de Andalucía apoya a Rivas. El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), a través de cauces oficiales, señala que "la protección de las mujeres y menores víctimas están por encima del derecho del presunto agresor", tal y como refleja la "propuesta de pacto de Estado" contra la violencia machista. "Y así lo debe ser para la Justicia", añade el IAM. "Como institución trabajamos para impulsar un cambio normativo que evite que los agresores tengan un régimen de visitas con sus hijos e hijas, que recordamos que son víctimas directas de la violencia de género", concluye.