El plutonio de Palomares queda en manos de Trump

"Bien está lo que bien acaba", solemnizó el entonces ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo (PP). Es el 19 de octubre de 2015. Margallo y el secretario de Estado de Estados Unidos, el demócrata John Kerry, acaban de firmar un acuerdo supuestamente histórico para la descontaminación de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), donde el 17 de enero de 1966 un accidente de aviación entre naves norteamericanas provocó la caída de cuatro bombas nucleares 75 veces más destructivas que las que fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Dos de las bombas liberaron plutonio, contaminante durante miles de años y extremadamente nocivo para el ser humano. El acuerdo, añadió Margallo aquel día de 2015 en que le regaló una guitarra española a Kerry, venía a "reparar un error histórico cometido hace 50 años". Hoy, con el republicano Donald Trump en el poder, dicho acuerdo está en el aire. La retirada de los residuos –al menos medio kilo de plutonio– carece de hoja de ruta.

Preguntado por infolibre, el Ministerio de Exteriores, ahora dirigido por Alfonso Dastis (PP), señala que el acuerdo es "un protocolo de intenciones que fija un importante compromiso político, que el material contaminado se almacenará definitivamente" en Estados Unidos, pero admite que no es vinculante. Según añade un portavoz oficial del ministerio, "hace falta un acuerdo jurídicamente vinculante" que plasme los detalles. La concreción del protocolo de intenciones está pendiente de la voluntad política de la Administración Trump, caracterizada –entre otras cosas– por su absoluto desprecio por el legado político de su antecesor, el demócrata Barack Obama.

La Embajada de Estados Unidos en España señala, cuestionada por este medio, que el Gobierno norteamericano "se ha comprometido plenamente a implementar" el protocolo de intenciones y "a trabajar con España para llegar a un acuerdo vinculante sobre remediación suplementaria de la zona afectada", si bien no concreta un calendario de actuación. "Estados Unidos realizó la remediación después del accidente y recibió del Gobierno español una carta indicando que se había cumplido con todas las obligaciones acordadas", señala la embajada, que añade: "Tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo final". No hay compromisos concretos.

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, afeó en febrero en el Congreso al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no hubiera abordado el problema de Palomares ni la cuestión del empleo en las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) durante su conversación telefónica con Trump. "Estoy muy tranquilo por su pregunta porque me consta que, si ustedes estuvieran en el Gobierno, hubieran hecho lo mismo que yo", le respondió Rajoy, despertando la ovación de la bancada popular. 

Un accidente hace más de 50 años

El accidente tuvo lugar el 17 de enero de 1966, en plena Guerra Fría. Colisionaron accidentalmente dos aeronaves –un bombardero B-52 y un avión nodriza KC-135– de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos durante una operación rutinaria de repostaje en vuelo. Fallecieron siete tripulantes. Los restos de las naves destruidas se extendieron sobre cientos de hectáreas en el litoral y el mar de la zona de Palomares. Cayeron también cuatro bombas nucleares que transportaba el B-52. Una se halló la misma noche del 17 de enero en el lecho seco del río Almanzora, al este de Palomares y a 300 metros de la costa. No había sufrido daños. Otra cayó en el mar Mediterráneo. Un pescador de Águilas (Murcia), Francisco Simó, la localizó. Fue recuperada intacta el 7 de abril, 80 días después de la colisión, a 8 kilómetros de la costa. El paracaídas había funcionado. Simó pasó a ser para siempre "Paco el de la bomba".

Los problemas vinieron con las otras dos bombas, las que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) llama W-2 y W-3 en su informe Palomares 1966-2013. En el camino de la normalización radiológica. La W-2 cayó en un pequeño valle detrás del cementerio, a 1,7 kilómetros al oeste del núcleo urbano. Su paracaídas no funcionó, por lo que se produjo la detonación del explosivo convencional, ocasionando un cráter de 6,6 metros de diámetro y 2 metros de profundidad. Hubo "dispersión material en forma de aerosol", según el CSN. La bomba W-3 cayó en una cañada en el límite este de Palomares, "en un lugar próximo a algunas viviendas", según el CSN. Su paracaídas se había desplegado pero resultó dañado, por lo que detonó parcialmente el explosivo químico, produciéndose un cráter de 6 metros de diámetro y un metro de profundidad. No hubo heridos entre los habitantes de Palomares, donde sí quedó para siempre el estigma del plutonio y la contaminación.

El informe del CSN

La situación resultante fue ésta, según el informe del CSN: "Al impactar dos de las bombas con el suelo, se produjo la deflagración de parte de su explosivo químico y se diseminó una buena parte de los 9 kilogramos de combustible nuclear fisionable [que puede sufrir fisión, es decir, división o rotura], en forma de óxidos de plutonio (Pu), uranio (U) y americio (Am)". Militares estadounidenses identificaron la zona afectada por la contaminación radiactiva, la llamada línea cero, que comprendía unas 220 hectáreas desde Puerto Blanco (donde se encontró la bomba 2) hasta las laderas de sierra Almagrera situadas junto al río Almanzora, donde cesó la búsqueda "ya que era una zona de difícil acceso, deshabitada y sin uso en esas fechas", según el CSN.

Más de 700 personas, en su mayoría militares de Estados Unidos auxiliados por militares españoles y guardias civiles, trabajaron en las tareas de reparación "sobre el suelo superficial y las cosechas", indica el informe del CSN. Se emplearon casi 100 vehículos, más de 20 máquinas pesadas y 33 navíos. Fue retirada la tierra contaminada de 25.000 metros cuadrados de suelo junto con restos vegetales. Las operaciones, que costaron al Ejército de Estados Unidos 80 millones de dólares de la época, supusieron la retirada de 1.400 toneladas de tierra y vegetales, trasladados por mar al país norteamericano en 4.810 bidones para su depósito en el centro de reprocesamiento de materiales nucleares Savannah River Facility, en Aiken (Carolina del Sur). The New York Times publicó en 2016 una información que desvelaba que de 40 veteranos del ejército de Estados Unidos que habían trabajado en la zona tras el accidente y que el periódico localizó, 21 tuvieron cáncer.

Colaboración sí; solución no

Desde 1966 hasta ahora los sucesivos gobiernos de España y Estados Unidos han mantenido una línea de colaboración para la supervisión de las consecuencias. A pesar de los intentos de España, nunca se ha acometido la descontaminación completa y el traslado de los restos a Estados Unidos. Ambos países han firmado diversos acuerdos de colaboración, desde el Pacto Otero-Hall de 1966 a los firmados en 1997, 2005 y 2007. Este último acuerdo menciona que, en caso de que se considerase la necesidad de proceder a una limpieza, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) prepararía las recomendaciones necesarias para alcanzar una limpieza final de la zona, tanto en superficie como subterránea.

Dichas recomendaciones están el Plan de Rehabilitación de Palomares de 2010, que prevé instalar in situ unas plantas de tratamiento de suelos para minimizar el volumen de terrenos a transferir a Estados Unidos para su almacenamiento definitivo. El plan establece los pasos a dar en relación a la zona contaminada: extracción de tierras, desbrozado de vegetación a ras de suelo, retirada de tierra afectadas de difícil acceso y que hayan permanecido inalteradas desde 1996 mediante aspiración con mangueras, expedición y transporte de los residuos radiactivos, restauración ambiental mediante relleno, comprobación radiológica y control final.

El riesgo de la dispersión

A juicio de José Herrera, autor del libro Accidente nuclear de Palomares. Consecuencias. 1966-2016, la solución al problema es factible, pero la diplomacia ha llevado siempre a España "a no querer tensar la cuerda por un contencioso con Estados Unidos por algo que pasa a más de 500 kilómetros de Madrid". El plan de rehabilitación del Ciemat es "realmente modélico si lo comparamos con lo acordado por Kerry y Margallo", según Herrera. Si llegaran a concretarse las intenciones del acuerdo Kerry-Margallo de 2015, advierte, se produciría "una descontaminación parcial, que obligaría a mantener el vallado y la señalización, con restricción de uso de la zona".

El Ciemat puso cifras a la contaminación en 2010: 30.000 metros cúbicos de tierra en 40 hectáreas. Medio kilo de plutonio ¿Es urgente la descontaminación de la zona y la retirada de los residuos? Según el Ciemat, no. En su monografía Palomares, desde el accidente a la restauración, este organismo dependiente del Ministerio de Economía señala: "La contaminación reside en el propio suelo, en profundidades que van desde unos centímetros hasta varios metros. [...] La exposición externa para la población es irrelevante".

"El riesgo que se podría dar en Palomares", advierte el informe, "es que las partículas contaminantes que están de un modo estable adheridas a los suelos puedan ser ingeridas o inhaladas por su transferencia a alimentos o al aire". Ambas vías se controlan en la actualidad de acuerdo a los criterios de restricción de uso de los terrenos con la delimitación y control de accesos a las zonas afectadas. Por lo tanto, señala el Ciemat, "puede asegurarse que la exposición de la población de Palomares es muy baja y que las dosis son irrelevantes desde el punto de vista de la protección radiológica del público". El informe añade que el seguimiento desde 1966 del estado de salud en más de mil habitantes de Palomares no ha observado "ninguna evidencia de patología directamente relacionada con el accidente, incluso en aquellas personas que presentan algún resultado dosimétrico por encima del límite [...]".

Carlos Sancho, responsable del programa de rehabilitación en el Ciemat, afirma que los riesgos están bajo control. "Mientras no se toque, no hay problema", afirma gráficamente, al tiempo que subraya que la labor de supervisión sanitaria es tranquilizadora. Rafael Moreno, autor de La historia secreta de las bombas de Palomares, opina que son los propios gobiernos de Estados Unidos y España los que, al comprometerse a limpiarlo, asumen la urgencia de la descontaminación. "Si el acuerdo es limpiarlo, lo lógico es hacerlo lo antes posible", afirma.

Los ecologistas denuncian el "secretismo"

La posición de Ecologistas en Acción es categórica y viene marcada por la desconfianza hacia los datos oficiales. "Hay un enorme secretismo, más aquí incluso que en Estados Unidos. Nos obligan a trabajar con deducciones, aunque el cálculo es sencillo. Si cada bomba tenía 4 kilos y medio de de plutonio y los americanos se llevaron unos gramos, pueden quedar como mínimo 8 kilos", afirma José Ignacio Domínguez, de Ecologistas en Acción. Domínguez considera "ilegal" mantener lo que de facto es "una instalación nuclear". "El plutonio se sigue expandiendo vía fauna, vía viento. Se puede mover como consecuencia de riadas. En esta situación los habitantes de Palomares está siendo utilizados como conejillos de indias", denuncia.

Ecologistas en Acción remitió en enero un escrito al Consejo de Seguridad Nacional solicitando que empiece a retirar y almacenar tierra contaminada. Dicho escrito señala que la limpieza realizada en 1966 fue "puramente cosmética y las autoridades españolas lo sabían", como confirmaría la carta de agosto de 1968 enviada por el presidente de la Junta de Energía Nuclear, José María Otero Navascués, al entonces ministro de Industria Gregorio López Bravo, en la que exponía que en Palomares “no se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”.

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Una denuncia contra el CSN

La organización ecologista alerta de que "el tratamiento dado por los norteamericanos a los aproximadamente 8 kilos de plutonio que dejaron esparcidos por el terreno consistió básicamente en enterrarlos a unos 30 centímetros de profundidad mediante un arado profundo y construir dos grandes fosas [...] donde depositaron material contaminado en capas separadas unas de otras por material aislante". "En otras zonas", añade el escrito, "el plutonio no fue tratado, por lo que continúa en su estado original salvo el que se ha llevado la lluvia, el viento, la fauna silvestre y doméstica y los transeúntes".

A juicio de Ecologistas, la situación resultante es "ilegal". El plutonio enterrado "constituye una instalación nuclear definida en el artículo 11 del reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas", mientras las zonas no tratadas constituyen un área contaminada prevista en el artículo 81 del real recreto 35/08 que modifica al anterior, "aunque no esté registrada como tal área contaminada", según dicho escrito. Por tal motivo, y en función de cuál sea la respuesta del CSN a su escrito, Ecologistas prevé demandar judicialmente a dicho organismo, explica José Ignacio Domínguez. La Fiscalía ya archivó en 2016 una denuncia de Ecologistas contra autoridades españolas por el mismo tema.