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Consulta catalana 2014

Mas pide archivar la causa del 9N porque “no pretendió obtener un mandato democrático”

  • Defiende que el proceso no quiso sustituir la figura del referéndum, cuya convocatoria "corresponde al Estado"
  • El tribunal considera que el expresident, Ortega y Rigau mantuvieron el control de la consulta pese a delegarla en "voluntarios"

infoLibre Publicada 06/07/2016 a las 09:13 Actualizada 06/07/2016 a las 09:32    
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Manifestación de apoyo a Artur Mas a su salida de los juzgados.

Manifestación de apoyo a Artur Mas a su salida de los juzgados.

Europa Press
La defensa del expresidente de la Generalitat Artur Mas ha pedido en un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que archive la causa del 9N porque considera que el proceso participativo sobre la independencia fue legal, entre otras razones, porque "no pretendió obtener un mandato democrático".

En un recurso de apelación al que ha tenido acceso Europa Press, después de que el tribunal haya dejado al expresidente a un paso de un juicio por presunta desobediencia y prevaricación, su defensa asegura que "el proceso de participación no pretendió sustituir la figura del referéndum, cuya convocatoria corresponde al Estado".

"El proceso del 9N no pretendió utilizar ni el procedimiento ni las garantías electorales, ni se dirigió al censo electoral, y no pretendió obtener un mandato democrático a través de su organización", argumenta su escrito ante el tribunal que mantiene acusados a Mas, a la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y a la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau.

La defensa del expresidente recuerda en su escrito que la Generalitat tiene "competencia exclusiva" en materia de procesos participativos y consultas populares, y que no se pretendió sustituir con él la figura del referéndum.

Sobre la desobediencia

El juez concluyó al finalizar la instrucción del caso que Mas conocía desde el mismo 4 noviembre de 2014 la providencia del Tribunal Constitucional (TC) que ordenaba la suspensión de la convocatoria porque se le comunicó personalmente y, pese a ello, se negó "abiertamente" a dar cumplimiento a este mandato.

El tribunal no se cree la justificación de Mas, Ortega y Rigau de que tras la providencia del TC dejaron el proceso en manos de voluntarios y considera que de manera encubierta mantuvieron el control y la dirección del mismo.

La opinión de la defensa de Mas es exactamente la contraria y alega que el Govern "interrumpió efectivamente la organización y gestión de dicho proceso" a partir de la decisión del Tribunal Constitucional.

"Otra cosa es la puesta a disposición de los ciudadanos de determinados medios públicos para llevar a cabo un proceso de índole participativa, que forma parte de una lícita y plausible acción política, propia de una sociedad que pretende ser democrática", reivindica su escrito.

El abogado también descarta que Mas haya desobedecido al TC porque cree que la providencia del 4 de noviembre no era un "mandato expreso, concreto y terminante" que jurisprudencialmente se exige para atribuirle este delito, y ha recordado que este fue el motivo por el que la Fiscalía Superior de Catalunya, en un primer momento, se opuso a querellarse contra él.

"No ha habido un mandato expreso ni requerimiento individualizado (...) y, por consiguiente, no se ha cometido delito de desobediencia por el M.H.Artur Mas i Gavarró, pues no puede desobedecer lo que no es requerido", añade el escrito.

Sobre la prevaricación

Sobre la presunta prevaricación por la que está siendo investigado, el abogado de Mas dice que "no existen ni siquiera atisbos" de haber cometido este delito porque cree que la aprobación del gasto para el proceso de participación se hizo de forma justificada y amparado por la legislación vigente.

"Las partidas de dinero se aplicaron correctamente y los pagos se comprometieron con anterioridad a la providencia del TC", añade el escrito, que incide a que, en todo caso, no fueron destinados a satisfacer las pretensiones particulares de Mas ni a un uso privado.

Considera que fue al contrario: "Se emplearon bajo la cobertura legal para la protección, desarrollo y reforzamiento de las instituciones y autogobierno de Catalunya, en ejecución de una competencia que es propia de la Generalitat y en beneficio de la participación política de sus ciudadanos", concluye el escrito.


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