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Cataluña

El Parlament aprueba su plan de ruptura a horas de que el PP decida si otorga grupo en el Congreso a Convergència

  • El Pleno de la Cámara autonómica respalda las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que apuestan por "la vía de la desconexión"
  • El tribunal de garantías advirtió la semana pasada de que ese texto contraviene "claramente" sus resoluciones anteriores y llamó a las autoridades catalanas a acatar la Carta Magna

Publicada 27/07/2016 a las 12:29 Actualizada 27/07/2016 a las 14:31    
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Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, vicepresidente y presidente de la Generalitat, este miércoles en el Parlament.

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, vicepresidente y presidente de la Generalitat, este miércoles en el Parlament.

EFE
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, vicepresidente y presidente de la Generalitat, este martes.

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, vicepresidente y presidente de la Generalitat, este martes.

EFE
El Pleno del Parlament de Cataluña ha aprobado este miércoles las conclusiones de la comisión del estudio del proceso constituyente catalán, un texto que, entre otras cuestiones, proclama la "legitimidad" del "pueblo de Cataluña" para "empezar una proceso constituyente" y que subraya su potestad para ejercer el "derecho a decidir" por "la vía de la desconexión".

La votación se ha saldado con 72 votos a favor –los de Junts pel Sí y la CUP– y 11 en contra –los de los diputados de Catalunya Sí que es Pot–. Los restantes grupos de la oposición no han participado en la votación: los parlamentarios del PSC se han quedado en el hemiciclo, mientras que los de Ciudadanos y el PP han optado por salir de la Cámara antes de iniciarse la votación.

La decisión de los partidos independentistas de aprobar en el Pleno las conclusiones de la citada comisión se ha producido a escasas horas de que la Mesa del Congreso se reúna en la tarde de este miércoles para decidir, entre otras cuestiones, si Convergència puede o no tener grupo propio en la Cámara baja. El partido catalán no cumple los requisitos que establece el Reglamento y depende de los votos del PP para lograrlo.

Instrucciones del Gobierno central

Tras conocerse la aprobación en el Parlamento catalán del plan de desconexión, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que ponga en marcha las actuaciones necesarias. Además, se ha puesto en contacto con los principales líderes políticos para informarles de los pasos que va a dar el Ejecutivo en funciones, informa Europa Press.

En concreto, se estudia la posibilidad de elevar al Consejo de Ministros de este viernes un acuerdo por el que se autorice a la Abogacía del Estado a presentar ante el Constitucional un incidente de ejecución contra la resolución aprobada en el Parlamento catalán. El Gobierno del PP considera que la resolución de la Cámara autonómica "vulnera radicalmente" sentencias y autos del tribunal de garantías.

Un debate tenso

La aprobación de las conclusiones se ha incluido en el orden del día del Pleno de la Cámara catalana en la misma mañana de este miércoles. Inicialmente no estaba previsto que se abordara, pero Junts pel Sí y la CUP solicitaron su inclusión y el reglamento del Parlament permite añadir nuevos puntos si dos grupos o una quinta parte de los diputados así lo piden, tal como sucedió.

Así, en esa primera votación sobre la modificación del orden del día, votaron a favor los 72 diputados independentistas de Junts pel Sí y la CUP, mientras que Ciudadanos, PSC y PP (52 votos en total) se opusieron. Catalunya Sí que es Pot, la lista avalada por Podemos, optó por no pronunciarse a favor ni en contra, y no participó en la votación.

Marta Rovira, portavoz de Junts pel Sí, ha defendido que el proceso constituyente es un "ejercicio democrático para desconectar" del Estado que garantiza transparencia y participación ciudadana. "No hay que esperar un aval del Estado que no llegará nunca", ha agregado. En esa misma línea, Gabriela Serra, diputada de la CUP, ha apostado por "el camino de la desobediencia". "No tenemos miedo", ha subrayado.

Los grupos de la oposición se han mostrado críticos. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en Cataluña, ha calificado la aprobación de las conclusiones de "golpe a la democracia", y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha señalana que nadie tiene derecho a ponerse por encima del Estado de derecho, y ha criticado que se llame "desconexión" a la "independencia" para "hacerlo más asumible".

El conservador Xavier García-Albiol (PP), ha señalado que la votación es un "acto antidemocrático" que no saldrá "gratis" a Junts pel Sí y la CUP. Finalmente, el portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, ha acusado a los independentistas de realizar una "estafa política para mantenerse en el Govern". "¿Alguien cree que nos acostaremos con la ley española y nos levantaremos con la catalana?", se ha preguntado.

El aviso del Constitucional

Antes de que se tomara la primera decisión de llevar al Pleno las conclusiones de la comisión, la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, recordó a los portavoces de Junts pel Sí y de la CUP, Jordi Turull y Anna Gabriel respectivamente, que la pasada semana el Tribunal Constitucional advirtió de la imposibilidad de dar continuidad y soporte a la apertura de un proceso constituyente en Cataluña.

En concreto, el tribunal de garantías avisó en un auto de que "los poderes implicados" y "sus titulares", y en especial la Mesa del Parlament, tenían la "responsabilidad" de "impedir o paralizar cualquier iniciativa" que pretendiera dar continuidad a la declaración independentista aprobada por la Cámara catalana el 9 de noviembre de 2015, y que en síntesis proclamaba el inicio del proceso hacia un Estado independiente.

El auto agregaba que "no resulta constitucionalmente admisible" que la citada comisión de estudio se dirigiera "a dar continuidad y soporte" a esa resolución, pues fue declarada inconstitucional por el propio TC. Por ello, resaltó el tribunal, "la actividad de la comisión (...) resulta absolutamente inviable si no se entiende condicionada al cumplimiento de las exigencias de la Constitución".

El Constitucional también advirtió de que el contenido de las conclusiones aprobadas por la comisión parlamentaria de estudio "contraviene claramente los mandatos" del tribunal, y que "es a la propia Cámara autonómica a la que corresponde velar porque su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución y que todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva".

Pese a ello, los portavoces de los grupos independentistas afirmaron ser conscientes del mandato de las elecciones autonómicas celebradas el pasado 27 de septiembre de 2015 –en las que los grupos independentistas obtuvieron una mayoría absoluta de escaños, aunque no de votos– y de que hay una mayoría parlamentaria y democrática a favor de la independencia.

Forcadell, presidenta de la Cámara autonómica, resolvió entonces que el Pleno del Parlament es "soberano" y aceptó incluir este punto en el orden del día, pese a que la Mesa no lo hizo en su última reunión, celebrada apenas 24 horas después de que el Constitucional publicara el citado auto.

Moción de confianza

Por otra parte, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha precisado que la cuestión de confianza que anunció en junio se celebrará el miércoles 28 de septiembre –un año y un día después de las últimas elecciones catalanas–. Puigdemont ha argumentado, durante la sesión de control al Govern, que es la fecha idónea para hacer un debate "sereno desligado de otras consideraciones".

El president catalán avanzó ya el 8 de junio su intención de someterse a la citada cuestión de confianza, que le permitirá comprobar si dispone de una mayoría parlamentaria suficiente para seguir gobernando. Ese anuncio se produjo tras el veto de la CUP a los presupuestos catalanes para 2016, lo que implicó el rechazo de su admisión a trámite.

Si en la votación de esa moción de confianza Puigdemont obtiene la mayoría simple de los votos emitidos, continuará en el poder. En caso contrario, según el reglamento de la Cámara catalana, Puigdemont cesará en el cargo, quedará en funciones y se iniciará el proceso de investidura de un nuevo presidente. Para ello habría dos meses, tras los cuales se disolvería el Parlament y se convocarían elecciones si nadie resultara elegido.


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