La ‘Ley Lasalle’ reabre la guerra de las descargas

El Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes un anteproyecto de Ley de la Propiedad Intelectual –conocida como 'Ley Lasalle', por el secretario de Estado de Cultura– que, como era previsible, ha levantado reacciones encontradas y aparentemente irreconciliables en un campo en el que los contendientes no parecen acercar posturas.

Por un lado, están los que, pertrechados en una supuesta representación unánime del usuario, defienden un internet abierto en el que las descargas no sólo no sean perseguidas, sino legales. Por otro, están las sociedades de gestión de derechos y empresas que generan contenido, que ven cómo el producto de sus representados, en el que invierten, deja de ser rentable si el consumidor no paga por él. No parece que exista la cuadratura del círculo, y el Gobierno, consciente, ha optado por un enfoque que refuerza la anterior 'Ley Sinde', aunque con algunas variaciones significativas.

La copia privada

“Lo más grave ha sido la ampliación de los supuestos delictivos de descarga que ya no entran en el concepto de copia privada, que siempre ha sido un medio de difusión de la cultura”, afirma el abogado experto en derechos audiovisuales Álvaro Rebollo Otal. El profesor del Instituto de Empresa y experto en nuevas tecnologías Enrique Dans llegó a escribir en su blog que este anteproyecto suponía “una demostración de que este gobierno confunde intencionadamente la protección de la propiedad intelectual con el intento de preservación a toda costa de los beneficios de empresas discográficas y editoriales”.

Si bien son los partidarios de la despenalización de las descargas los que pueden afirmar sentirse más perjudicados por la ley, lo cierto es que la 'Ley Lasalle' da una de cal y otra de arena para ambos sectores, quizá aferrada a la idea de un aristotélico “justo medio” que no contentará a nadie y que parece llevar el sello político del presidente Rajoy, que cada día parece más el inquilino de la gatopardesca Donnafugata que del Palacio de la Moncloa.

Es cierto que el anteproyecto, además de reducir los supuestos de copia privada, lucha contra las páginas de descargas no autorizadas de contenidos sujetos a derechos (y de páginas que enlazan contenidos alojados en otras páginas), pero lo hace yendo, no tanto contra el usuario ni contra la persona jurídica que aloja los contenidos, sino asfixiando de facto las webs de descarga a través de restricciones en el mercado publicitario que las sustenta, bajo la consigna que tan bien funcionó a Bob Woodward cuando se la aconsejó Garganta Profunda durante su investigación del caso Watergate: “follow the money” . “Suena bien, pero llevarlo a la práctica resulta prácticamente imposible dada la casuística del mercado publicitario, gestionado por empresas mayoristas en las que los anunciantes y las webs de descarga pueden no tener relación, y es más, suelen no tenerla”, afirma Rebollo Otal.

¿Quién y cómo controla los contenidos?

Hay, además, un elemento que ha inquietado a la comunidad de internautas y a algunos expertos, que han expresado sus recelos en redes sociales y medios: la decisión de “estrangular” económicamente a una web a través de sus anunciantes dependerá, no de una autoridad judicial, ni siquiera de un consejo independiente, sino de órdenes administrativas de una comisión formada por miembros de cinco ministerios.

Pero no todo han sido medidas (aunque se prueben ineficaces) pensadas en favor de los gestores de contenido, pues uno de los aspectos esenciales del anteproyecto contiene disposiciones que mermarán el poder de las sociedades de gestión y las obligarán a actuar con mayor transparencia. Después del escándalo de la anterior cúpula de la SGAE, estas exigencias parecían obligadas. Las medidas buscan acabar con los siempre mencionados abusos en la gestión de tarifas y licencias, con objeto de que puedan redundar en un mercado más abierto y competitivo que abarate los precios y, a su vez, disminuya la tentación de la descarga no autorizada.

“Esto es el cuento de la lechera. La tecnología va tan por delante de la ley que siempre habrá nuevas páginas cuando se cierren por asfixia algunas, como pasó con Megaupload [tras la detención de su líder, Kim Dotcom, y el cierre del sitio web el año pasado]”, afirma Rebollo Otal, que añade: “El contenido ha de protegerse, pero no un modelo de negocio caduco que no acepta que la gente ya no quiere un disco sino música, y que quiere ver una película cuando quiera y no cuando el cine se la programe, nos guste o no; contra ese modelo de vida no se puede luchar, sólo amoldarse”. La duda es, ¿cómo se asume la pérdida de ingresos que este paradigma provoca?

Posiciones negociadoras equilibriadas

“La tecnología sin contenido no sirve de nada, así que en la redefinición del modelo de negocio las posiciones de generadores de contenidos, buscadores y webs de descarga no están tan desequilibradas”, afirma. “Lo que tampoco creo es que el mercado de la publicidad pueda sustentar por sí mismo los medios dada la democratización de la cultura y la dispersión de esa publicidad en infinidad de páginas. Ahí si veo importante proteger la inversión que genere contenidos caros que puedan financiarse con suscripciones y socios”.

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Rebollo Otal se muestra sorprendido por el hecho de que aún no se haya abordado en España la posibilidad de un acuerdo entre los editores de prensa y las empresas de servicios de ADSL y los buscadores que agregan noticias como el que se firmó en Francia hace unos meses. “Las fuentes de ingreso van a cambiar necesariamente en los medios y otros generadores de contenidos, y el anteproyecto del Gobierno se centra demasiado en el ciudadano y no en las empresas que más se aprovechan de esos contenidos”.

Empieza ahora el momento de las consultas y las aportaciones de las partes para su tramitación parlamentaria. El acuerdo ni está ni se le espera en el Congreso, y el debate entre el “gratis total” y la regulación de las descargas no autorizadas de contenidos sujetos a derechos tiene todos los visos de continuar durante muchos años y leyes más que llevarán apellidos de ministros y secretarios de Estado.

“Los artistas, los periodistas, los cineastas, todos han de saber que sin contenidos la gente se daría de baja en internet, y esa es su baza: se trata de cambiar el modelo y equilibrar las fuentes de financiación, y esta ley no lo va a conseguir”, concluye Rebollo Otal.