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Propiedad Intelectual

El Senado inicia el debate de la LPI con incremento de sanciones por descargas, cambios en la ‘tasa Google’ y seis vetos

  • La oposición ha presentado seis vetos para que el texto sea devuelto a la Cámara Baja
  • Dado que el PP tiene mayoría absoluta, la norma seguirá su tramitación en la Cámara Alta y podría ser aprobada a mediados de octubre

INFOLIBRE Publicada 22/09/2014 a las 15:11 Actualizada 22/09/2014 a las 16:14    
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Los Grupos parlamentarios del Senado han planteado esta semana sus propuestas para modificar el proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), al que dio luz verde el Congreso antes del verano. Ahora, los senadores plantean cambios relacionados, entre otros, con las sanciones a las descargas o la tasa Google. Además, la oposición ha presentado seis vetos para que el texto sea devuelto a la Cámara Baja.

Dado que el PP tiene mayoría absoluta, la norma seguirá su tramitación en la Cámara Alta y podría ser aprobada a mediados de octubre. Si se introducen cambios, lo que es más que probable porque el Grupo Popular ha presentado cinco enmiendas, deberá volver a ser refrendada por el Congreso. Su entrada en vigor está prevista, para la mayor parte de los puntos, en enero de 2015.

Entre las enmiendas que el PP ha registrado en el Senado destaca la propuesta de elevar las sanciones contra las descargas en Internet y para las infracciones "muy graves" de los 300.000 euros hasta los 600.000 euros, según se desprende de su paquete de cinco enmiendas al que ha tenido acceso Europa Press.

El Congreso estableció que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, encargada de gestionar el cierre de webs por actos de descarga, pudiera intervenir "siempre y cuando hubiera un nivel apreciable de audiencia en España de dicho prestador o volumen apreciable de obras y prestaciones protegidas no autorizadas puestas a disposición o difundidas".

Ahora, en el Senado, el PP quiere ir más allá y aumentar las sanciones económicas como "elemento disuasorio". De esta forma, se duplicarían las multas máximas de 300.000 euros hasta los 600.000 para aquellas páginas de enlaces que incumplan los requerimientos de retirada de contenidos declarados infractores. Además, las multas mínimas también ascienden de los 30.000 euros hasta los 150.001 euros.

"Estas sanciones estarían destinadas a las páginas web que reproducen canciones, videos o series sin permiso. Se ha decidido que sea mucho más grave la pena económica porque es la mejor forma de atajar este tipo de páginas", explica a Europa Press el portavoz del PP de Cultura en el Senado, Alberto Gutiérrez, quien indica también que se hace para homologar las multas con las ya previstas sobre el tema en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico.

'Tasa Google'

En cambio, entre las enmiendas del Grupo Popular no se recogen propuestas relativas a una modificación de la denominada 'tasa Google', una compensación económica para editores de noticias por la explotación de sus contenidos en el ámbito de los agregadores de noticias en Internet, y un aspecto que generó bastantes discrepancias con los grupos de la oposición en el mes de julio, durante su primer paso por el Congreso.

El PSOE, sin embargo, sí ha registrado una enmienda con la que propone que los editores tengan la posibilidad de decidir si quieren ser compensados por los prestadores de servicios de agregación de contenidos. Según ha indicado a este medio el secretario de Cultura del PSOE, Iban García del Blanco, los medios pequeños han reclamado la posibilidad de "negociar bilateralmente con las páginas web y agregadores las condiciones en la que querían estar o no incluidos en este tipo de páginas".

En concreto, en la enmienda se argumenta que la "irrenunciabilidad a la retribución por el enlace de contenidos puede crear inseguridad jurídica a los usuarios de Internet, así como a los editores de medios digitales que no desean ser retribuidos por los agregadores que enlazan sus contenidos".

Copia privada: el Congreso consultará al TJUE

El PP tampoco ha planteado cambios para la compensación económica por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) un sistema aprobado por Real Decreto en diciembre de 2012 con el que se sustituye la recaudación obtenida a través del canon digital y ha generado controversia en el sector y en los grupos de la oposición.

Precisamente, hace unos días el Tribunal Supremo acordó preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si este sistema se ajusta a la legislación europea. En caso afirmativo, el Supremo cuestionará si la cantidad total destinada por los PGE a la compensación, "aún siendo calculada con base en el perjuicio efectivamente causado, debe fijarse dentro de los límites presupuestarios establecidos en cada ejercicio".

En referencia a este auto, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aclaró que la cuestión que plantea el Supremo no suspende la tramitación de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, puesto que "no es una sentencia ni resuelve ningún aspecto del fondo planteado", sino que solo es una "consulta entre órganos en el marco de un recurso contencioso-administrativo presentado por algunas entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual".

Entidades de gestión y préstamo de libros

Respecto a los derechos de alquiler y préstamo de libros, el Grupo Popular en el Senado traspone una directiva europea sobre esta materia "para aclarar que es el préstamo de libros" y evitar que "bibliotecas públicas cobren por coger prestado un libro".

En concreto, la normativa europea señala que "procede excluir de los conceptos de alquiler y préstamos determinadas formas de puesta a disposición de fonogramas o de películas (obras cinematográficas o audiovisuales o imágenes en movimiento, con o sin acompañamiento de sonido) para fines de representación pública o radiodifusión, la puesta a disposición con fines de exhibición o la puesta a disposición para consulta 'in situ', que, con arreglo a la presente directiva, el préstamo no incluye la puesta a disposición entre entidades accesibles al público".

Por otro lado, durante el trámite del Congreso se puso sobre la mesa una nueva regulación de tarifas a pagar a las entidades de gestión (SGAE, AGEDI Y AIE, por ejemplo). Es en el Senado donde el PP plantea limitar el pago debido en el 70 por ciento y, además, se amplía el plazo de los dos años planteados en el Congreso a tres.

Seis vetos


En todo caso, varios grupos de la oposición en el Senado han presentado seis vetos o peticiones al Gobierno para que devuelva a la tramitación del Congreso la Ley de Propiedad Intelectual (LPI): uno del PSOE, dos de la Entesa catalana, Izquierda Unida, ERC, y otro de diputados vascos independientes y de EA.

Por un lado, el Grupo Socialista en el Senado detecta varios vicios de origen que afectan de "manera grave" a su utilidad. En concreto, echa en falta un diagnóstico de la situación real de la industria cultural y de su relación con las nuevas tecnologías, así como un análisis detallado de los aspectos más conflictivos en el uso de bienes y servicios protegidos por la legislación de propiedad intelectual.

Para los senadores de la Entesa Mónica Almiñana, Francisco Boya, Rafel Bruguera, José Montilla o Carlos Martí, "esta norma no resuelve la gran crisis" que está viviendo la cultura en España, que a su juicio necesita una gran reconversión industrial. Asimismo, los senadores Joan Saura y Jordi Guillot, de la Entesa Catalana, justifican su veto conjunto por una "injustificada provisionalidad y urgencia por acometer esta reforma".

Por parte de Izquierda Unida, Jesús Enrique Iglesias Fernández y el senador José Manuel Mariscal, creen que la reforma "ha concitado la unidad de todos los sectores culturales en su contra", mientras que desde ERC no se comparte la regulación de la compensación por copia privada incorporada en el proyecto de ley.


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