El Gobierno regula a medias las tarifas de las gestoras de derechos de autor

El Ministerio de Cultura no ha satisfecho ni a unos ni a otros. La normativa que regula las tarifas de las entidades de gestión, publicada este viernes en el BOE, llegaba tras meses de negociación. La orden que trataba de establecer unas tarifas "simples y claras" es, para la SGAE y demás sociedades una medida "intervencionista" que pretende "una reducción de los costes de acceso". Pero la nueva regulación responde solo en parte a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que había advertido, sobre el borrador de la orden, del "abuso" de las entidades, a las que acusa de usar unas tarifas "muy elevadas" como "un elemento de presión negociadora" ante los usuarios. El Ministerio cae en las medias tintas, como confirman los expertos consultados, a dos semanas de las elecciones generales. 

Las entidades de gestión calculan y recaudan los derechos de autor de autores literarios, teatrales, plásticos (SGAE, CEDRO, VEGAP, DAMA), actores e intérpretes (AISGE, AIE), y productores de música y audiovisual (AGEDI y EGEDA). Son ellas las que establecen sus propias tarifas, hasta ahora sin control del estado. La CNMC ya advirtió en 2009 el carácter "monopolístico" de estas sociedades, a las que acusaba de un "posible abuso de su posición de dominio" para fijar tarifas "discriminatorias". La Ley de Propiedad Intelectual recogía la necesidad de introducir "simplicidad y claridad" en el establecimiento de los precios. A esto trataba de responder la orden del Ministerio, que llega después de que la SGAE y otras entidades de gestión hayan sido tocadas por escándalos de corrupción y multadas en numerosas ocasiones por Competencia. 

Para las entidades, demasiado; para Competencia, demasiado poco

Las entidades no se lo han tomado bien. La sociedad que las agrupa a todas acusaba en una nota a la Secretaría de Estado de permitir participar en la redacción de la norma a "usuarios muy poderosos de otros sectores" y de "evitar el pago de un precio justo por la explotación de obras". "La normativa está pensada para que las tarifas de bajen", se queja Antonio Fernández, director general de Adepi, la asociación que las defiende a todas. Él no ve dudas en que los más beneficiados por la orden son sus principales clientes, "el sector hotelero y el sector de las telecomunicaciones y los operadores de televisión". A ojos de estas entidades, la normativa deja desprotegidos a los autores y hace prevalecer los intereses de los usuarios. 

Sin embargo, la normativa no resulta tan estricta como aconsejó Competencia, cuyas indicaciones se siguieron solo en parte. El borrador, para esta Comisión, no daba una "respuesta satisfactoria" a los principales problemas de "equidad" y "discriminación" de las tarifas, así como de "abuso de posición de dominio" de las entidades. Por eso, su informe publicado el 8 de octubre recomendaba, por ejemplo, afinar los criterios para establecer las tarifas (que la orden publicada el viernes define algo más exhaustivamente) o eliminar los descuentos que se establecían para entes públicos, entidades culturales y proyectos en línea (excepciones que han desaparecido en la ley definitiva).

Pero también daba ciertas directrices que no se han seguido. Ser transparentes y hacer públicos los acuerdos tarifarios firmados con los usuarios, que según la Comisión permitiría a otros en la misma situación acogerse a los mismos beneficios. Tampoco se establecen tarifas especiales para usuarios pequeños sin capacidad de negociación. No se fija cuánto cuesta el trabajo de la entidad (cuánto puede cobrar por registrar, monitorizar y cobrar derechos), ni se establecen sanciones específicas para las sociedades que incumplan la orden. La normativa que indigna a las entidades de gestión es, para Competencia, insuficiente. 

Las sociedades de gestión, "juez y parte"

"El asunto es francamente complejo", admite David García Aristegui, autor de ¿Por qué Marx no habló de copyright? y que prepara el proyecto SGAE: historia, funcionamiento y alternativas junto a Ainara LeGardon. "El problema es que las entidades de gestión se adjudican las tarifas a las que cobran sus servicios, sin ningún tipo de regulación ni control por parte del Estado. ¿Qué ocurre? Que la CNMC, la única que las monitoriza, llega periódicamente a imponer multas. La patronal de hostelería no quiere pagar; CEDRO, DAMA ... quieren que se pague el máximo. El problema es que las entidades de gestión son juez y parte", explica.

Competencia, efectivamente, ha sido implacable. La "posición de dominio incontrovertida" de las entidades ha vuelto a este sector "muy problemático", como recoge el informe sobre el borrador. En él, la Comisión cita como ejemplo diez multas impuestas a las sociedades de gestión desde 2009: AIE, AISGE, EGEDA, AGEDI, SGAE... todas han caido en "conductas abusivas" en los últimos años. Para Antonio Fernández, esto no supone nada excepcional: "Ocurre en todos los sectores".

Pero no es la única institución que lo ha reconocido. "La fijación o establecimiento unilateral de las tarifas generales tiene unos efectos que pueden ser gravosos para los usuarios", decía el Tribunal Supremo en una sentencia del 19 de marzo de 2013, en la que aconsejaba "incluir remuneraciones equitativas" y "no ocultar los contratos ya concertados con otros operadores". La extinta Comisión Nacional de la Competencia advertía en 2011: "AISGE tiene la capacidad para elevar ostensiblemente y de manera injustificada la tarifa general y lo hace con la intención de presionar a las asociaciones y a las salas en negociación de los nuevos convenios".

¿De dónde salen los precios?

El Ministerio de Cultura niega rotundamente que "usuarios muy poderosos" hayan influido en la redacción, para la que asegura que han consultado a todos los interesados. Pese a las denuncias de las entidades de gestión, el director general de Política e Industrias Culturales, José Pascual Marco, aseguró el viernes que no habrá "subidas ni bajadas" excesivas con la nueva norma, ni tampoco "cambios dramáticos" en las tarifas. Hay que especificar que lo que se regula son las tarifas generales, las que se aplican cuando no hay acuerdo entre usuario y entidad de gestión de derechos. Pero, como advierte Competencia, "la fijación de tarifas generales muy elevadas puede ser utilizada por las entidades como un elemento de presión negociadora". 

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Las entidades deberán revisar las tarifas "cuando no cumplan los criterios objetivos establecidos en la ley", como explica la Secretaría de Cultura a este periódico, en cuyo caso deberán "justificar" cómo se forma el precio final. Es decir, cuando para los mismos usos se cobren tarifas muy diferentes, tendrán que argumentar que "responden a diferencias objetivas en el valor económico de la utilización de los derechos". Esto, que no exige un cambio directo, sino una revisión para detectar hipotéticas inequidades o discriminaciones, es el primer control que van a sufrir las entidades, que jamás han visto cuestionados sus precios. 

"Me pregunto cómo se puede fijar el precio real de un producto que no es tangible. Esto es lo que no entendía la CNMC ni el Gobierno. De hecho, no ha sido posible fijar un criterio para la determinación del coste", critica Fernández. Es cierto que la norma no recoge unos máximos y mínimos para cada tipo de gestión, por ejemplo. Lo que hace es establecer unas bases para diagnosticar abusos en la fijación de tarifas: que para el mismo uso, no haya diferencias significativas entre lo que se cobra a cada usuario, que no haya muchas diferencias entre las tarifas españolas y las que se aplican por el mismo servicio en otros países de la UE de las mismas características...

A Fernández no le parece lógico: "Se nos obliga a poner la tarifa más baja de las aplicadas dentro del mismo sector. Se nos dice 'usted tiene topes para las tarifas'. Pero bueno, ¿por qué? ¿Acaso se fija el precio del pan? ¿O le dicen a los hosteleros a cuánto poner el café?". Responde García Aristegui: "El problema es que la asociación de hosteleros no es un monopolio ni tiene una labor de protección de la cultura".