Por el derecho a crear

El Gobierno empuja a los escritores veteranos a abandonar la literatura

Forges firmando uno de sus libros.

“Yo no voy a publicar ¡¿Cómo voy a hacerlo, si me quitan la pensión, que es mi modo de vida?! ¿Y si me da un ictus o no me llega la inspiración?”. Visiblemente enfadado, el escritor Luis Landero, premio Nacional de Literatura, resume así la encrucijada en la que se han visto inmersos decenas de creadores jubilados que reciben a la vez ingresos por los derechos de autor de toda una vida, conferencias, premios o artículos en medios de comunicación. A Landero todavía no le ha llegado la sanción por compatibilizar su pensión de profesor jubilado con la escritura, o con el premio Dulce Chacón de narrativa, que recibió el pasado mes de noviembre; pero ya le han avisado de que los beneficios que obtuvo con esas actividades son incompatibles con el cobro de su jubilación. Landero tendrá que escoger entre seguir publicando o recibir su pensión. Y ante esa disyuntiva su decisión, al igual que la del poeta Antonio Gamoneda, es bastante clara: prefieren quedarse con el único ingreso fijo con el que cuentan.

Esta medida, puesta en marcha en 2013 por el Gobierno del PP a través de la reforma de las pensiones, afecta a cualquier persona jubilada que quiera compaginar esos ingresos con otra actividad que le reporte anualmente el equivalente al salario mínimo interprofesional, fijado para este año en 9.172,80 euros. “Ya he anulado algunos compromisos que tenía para dar conferencias”, se lamenta Landero en conversación telefónica con infoLibre, “ya que con el premio Dulce Chacón [dotado con 9.000 euros] ya llegaba a la cantidad establecida”. La cuestión iba a estallar, pues, más pronto que tarde, aunque las primeras sanciones no fueron comunicadas hasta hace dos años. Entre esos primeros afectados, estaban el propio Gamoneda y José Manuel Caballero Bonald, según informó El Español. “En 2012 empieza el problema, cuando la Seguridad Social, que no tiene dinero para pagar las pensiones, le pide a Hacienda que cruce datos. Entonces, comprueban que hay personas que están declarando 100 cuando su pensión era 50 y las sanciones comienzan a ser efectivas a partir de 2014”, explica Carlos Muñoz, asesor jurídico de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE).

Manuel Rico, presidente de este organismo, incide en la peculiaridad que presenta el oficio de escritor, aunque la medida también afecta a músicos, guionistas, fotógrafos o dibujantes. “Buena parte de los creadores han obtenido la pensión porque han tenido otra profesión”, señala, “además, lo que producimos es un bien intangible y va en beneficio de la cultura de un país”. Por ello, Rico calcula que la pensión media que reciben los creadores oscila entre los 400 y los 800 euros mensuales. Landero, que siempre escribió en los ratos libres que le dejaba la docencia, explica que su primera novela tardó 10 años en terminarla, mientras que al resto dedicó una media de cinco años. De esta manera, define a la profesión como bastante volátil en cuestiones económicas. “Yo no puedo vivir con eso”, sentencia.

Sanciones retroactivas

De la misma opinión es el periodista y escritor Javier Reverte al que la Seguridad Social ha multado con 120.000 euros por haber superado el umbral fijado en la ley desde el año 2012. Además, desde el 31 de diciembre Reverte ha dejado de cobrar su pensión como periodista. “Nos consideran como un trabajador cualquiera, pero no lo somos, ya que puedo sacar una obra y ésta puede tener éxito o no”, afirma. El escritor ha recurrido la decisión, pero de momento, la única solución posible es darse de alta como autónomo y pagar religiosamente las cuotas correspondientes a la Seguridad Social. Sin embargo, si en algún momento Reverte quisiera renunciar a obra literaria, podría volver a solicitar la pensión por haber cotizado 40 años como periodista, pero con una penalización de seis meses en los que no percibiría ni un solo euro.

Entre los afectados también están el dibujante Antonio Fraguas, ForgesForges; el fotógrafo Chema Madoz; el compositor y cantaor José Mercé; la dramaturga Paloma Pedrero; o las escritores Marta Rivera de la Cruz, José Caballero Bonald, Paula izquierdo o Juan Goytisolo. El pasado mes de noviembre, algunos de ellos presentaron ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un escrito en el que denunciaban esta situación. Otros, como Eduardo Mendoza, ya han pagado la multa; y el resto, entre ellos los 12 que representa la ACE, pleitean para subsanar la aplicación de esta legislación. “Tú puedes tener acciones y percibir los beneficios, pero no puedes escribir”, se queja Manuel Rico.

Uno de los grandes absurdos de la ley es que afecta también a los derechos de autor de obras publicadas antes de la jubilación de sus autores. “En el Real Decreto no desarrollaba este punto”, incide Carlos Muñoz, “así que me reuní con Javier Cerrolaza, director territorial de la inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, y me dijo, de palabra, que no, que eso no computaba [para el cálculo de la sanción]. Pero la realidad es que a Javier Reverte se lo han reclamado. Aunque Cerrolaza dijo posteriormente que se lo devolverían”. Eso sí, la devolución a la que alude sólo se hará si el afectado se da cuenta, lo reclama y prueba que esas obras habían sido publicadas con anterioridad.

Este viernes, los organismos firmantes del manifiesto Por el derecho a seguir creando –ACE, SGAE, CEDRO, VEGAP, entre otros muchos- se reunirán para “plantear la apertura de una negociación con la Administración para encontrar una fórmula que satisfaga a todos los implicados”, explica Rico. Y añade, como hace el resto de entrevistados, que de los beneficios que ellos perciban, al margen de su pensión, también se beneficia el Estado a través de los impuestos que pagan. Muñoz no cree que esto vaya a tener una solución a corto plazo, pero sí en un futuro. “Esto es cargarse la cultura de un país. No lo digo sólo por nosotros, sino por todos los que vienen detrás”, advierte Landero.

Dices cultura y sacan la pistola

Desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social defienden “que los derechos de autor no se tienen en cuenta” a la hora de aplicar las sanciones. Es decir, esos ingresos no se contemplarían como parte de los 9.000 euros que fija la ley como tope máximo de ingresos al margen de la pensión, ya que son “rentas derivadas de trabajos por los que ya se ha cotizado”. También quedarían excluidos, según fuentes de este organismo, los derechos de autor de obras publicadas después de los 65 años. Y en los casos en los que sí se han computado, los expedientes se han “archivado” en investigaciones posteriores. Por lo tanto, la mayor parte de actividades que estarían valorando desde la Administración serían conferencias o colaboraciones en prensa. En ese caso, “lo que tienen que hacer es preocuparse por enterarse bien, hablar con la Seguridad Social y cotejar los niveles de renta”, aconsejan. “La pensión no se pierde”, añaden, “en el caso de [superar] los 9.000 euros lo que tienes que hacer es suspenderla. Es decir, comunicar que estás desarrollando una actividad, porque si no la comunicas a la Seguridad Social, te puede caer una sanción”. Cuando esa actividad cese, la persona afectada podrá recuperar la pensión.

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*Este artículo fue modificado para incluir la versión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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