Cultura y política

Arte y reivindicación para salvar el espacio público

Pegada de carteles de la Convención sobre el uso del espacio celebrada en Holanda.

¿Qué se hace cuando la ley se considera injusta? Se redacta otra ley. ¿Y si se es un ciudadano de a pie, muy lejos del Parlamento? Da igual: se redacta otra ley. Esa es la estrategia que propone la Convención sobre el uso del espacio que se celebra entre junio y septiembre en Madrid, impulsada por el Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M), con sede en Móstoles y dependiente de la Comunidad. Un grupo de activistas, juristas, politólogos y artistas se reunirán en varias sesiones abiertas al público para componer un texto legal que asegure que el espacio es "un 'bien' que no debe ser privatizado o permanecer sin uso con fines especulativos", en respuesta a las leyes vigentes que no defienden estos principios. 

Obviamente, no se trata de una ley al uso, puesto que no está "dictada por la autoridad competente", como dice la Real Academia. Pero esta intervención —mitad proceso artístico, mitad acción reivindicativa— es un texto jurídico que funciona como un espejo de la ley vigente, tanto para censurar las posibles carencias de esta como para señalar un camino posible de mejora. La idea surge de un experimento similar realizado en Holanda, entre marzo y mayo de 2015, que fue elaborado como "una respuesta a la crisis de la vivienda: la falta de casas asequibles, la ausencia de recursos para aquellos sin el derecho legal a quedarse en el país, la subida del alquiler y la criminalización de la okupación". Esta fue la primera de las convenciones que pretenden ponerse en funcionamiento en toda Europa, y que en España se orquesta por ahora en torno a las cuatro sesiones de trabajo organizadas este mes en Madrid. 

"Contrariamente a la legislación común", explican en un documento los organizadores de aquella propuesta, "este tipo de legislación no puede hacerse cumplir mediante la represión, vigilancia o violencia refrendada por el Estado. Plantea reivindicaciones legales declarando que las leyes vigentes no son representativas de las necesidades de muchos". Los organizadores de la traslación española del proyecto están de acuerdo con esto último. "En España, hay una cuestión relacionada con la privatización del espacio que trasciende incluso la lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y llega hasta la ley mordaza, que nos priva del uso del espacio público", critica Pablo Martínez, coordinador de actividades del centro cultural.

La Convención holandesa ponía por escrito la descriminalización de la ocupación —los okupas serían derechohabientes—, definía bajo qué circunstancias se permitiría la okupación —si se usan como vivienda, espacios de atención sanitaria, de toma de decisiones...— y apostaban por un proceso de arbitraje entre partes. Las especificidades del caso español, aventura Martínez, introducirán en el texto resultante el problema hipotecario, la especulación inmobiliaria que dificulta el acceso a la vivienda y las consecuencias legales de la protesta en el espacio público. 

No es la primera vez que el CA2M se mete en estas lides que parecen, quizás, lejanas de los dominios artísticos. Además de su proximidad a creadores que exploran lo político —como Adelita Husni-Bey, colaboradora del centro y promotora de aquella primera convención—, el museo dedica una parte de sus actividades al "pensamiento y debate", y desde hace tres años colabora con Rompe el círculo, un colectivo de Móstoles que se sitúa dentro de los "movimientos de transición", una corriente ecologista que reivindica la necesidad de construir sociedades más justas desde la conciencia de vivir en un planeta finito. "Desde el comienzo hemos querido explorar formas de arte que se pongan en juego con lo social, con el contexto en el que se producen", explica Martínez. 

Las cuatro sesiones proyectadas hasta el momento (y que se irán extendiendo conforme se vaya elaborando la propuesta) abordan cada una un artículo del texto legislativo. La primera reunión (el 7 de junio en el CA2M) se plantea qué es una convención —"Una convención funciona como un contrato, las partes que la firman (...) están atadas a sus principios y a seguir las guías acordadas", dice el texto holandés—, para qué sirve esta en concreto y cuáles son las bases que la rigen. Es decir, se trata de la redacción de un preámbulo, el texto que precede a cualquier ley y que recoge en términos casi filosóficos sus motivaciones y objetivos. En los siguientes encuentros se abordará el "derecho a la ciudad" relacionado con las hipotecas abusivas (14 de junio en Rompe el círculo); la naturaleza del espacio público y quién decide qué es de todos y por tanto debe ser protegido, y qué no (21 de junio, en la librería Traficantes de Sueños); y la criminalización del uso del espacio a partir de la ley mordaza (29 de junio en el solar de Antonio Grilo).  

Los ponentes de las distintas sesiones, que funcionan como introductores en la cuestión principal, pertenecen a distintos movimientos y grupos de interés. Hay representantes del activismo y pensamiento queer (el grupo Somateca, nacido en el Museo Reina Sofía), trabajadores en torno al derecho a la vivienda, contra la Ley de Seguridad Ciudadana (la plataforma No somos delito)... Uno de los principios de este modelo es unir "varios grupos que luchan por causas similares bajo un marco legal que puedan apoyar y en el que puedan participar sin intereses corporativos". ¿Puede ser una alternativa ante la fragmentación de la lucha que se ha criticado en los últimos años? "Este tipo de laboratorios y experimentos sirven para salir de nuestras propias inercias, mezclarnos y debatir de una forma nueva. No he hecho nunca nada similar, pero me parece interesante", admite Emilio Santiago, antropólogo social y miembro de Rompe el círculo que participará como ponente en la primera sesión. 

Cuando los cuadros dejan espacio a la danza

Cuando los cuadros dejan espacio a la danza

Pero, además, hay un equipo jurídico que juega un papel importante en la redacción del texto, que "requiere familiaridad con las leyes existentes, los conceptos legales y cierta teoría para hacer reivindicaciones informadas", según el equipo de la Convención original. Es por eso que se ha buscado a un relator —alguien que da cuenta por escrito del proceso vivido en grupo— que pertenece a este mundo: María José Sobrino, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y familiarizada con los recovecos de la lesgislación... y las posibilidades que ofrece. 

"A los movimientos sociales a menudo nos falta reflexión sobre la necesidad de que nuestras propuestas se enmarquen en dispositivos legales. Es interesente intentar ver de qué modo podrían hacerlo", continúa Santiago. Contra la idea de que "las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo", expuesta por la escritora y activista Audre Lorde, la Convención propone usar "una forma legal legítima para hacer reivindicaciones que no son legales en este momento". Así, el texto que saldrá de la versión española del experimento planteará descriminalizar la okupación en tanto que forma de uso de un espacio público infrautilizado, propondrá la criminalización de especulación inmobiliaria e imaginará una legislación que desterrara las hipotecas abusivas de las ciudades. Tras todo esto reside la misma idea, que resume Martínez: "La reivindicación de los usos del espacio que están más allá de su valor de mercado". 

¿Para qué sirve la Convención? No para menos, reivindican sus impulsores, que otras formas de activismo y protesta. La legitimidad del documento, explican, reside no solo en aquellos que la redactan —de ahí que sea una convocatoria variada y abierta— sino en "aquellas organizaciones, asociaciones, colectivos, sindicatos, grupos, individuos y municipalidades que se sientan afines al documento, lo firmen y apoyen sus contenidos". El siguiente paso a la redacción del texto jurídico será hacerlo llegar a otros colectivos y a las instituciones. Pero eso será otra historia que comenzará en septiembre. 

Más sobre este tema
stats