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“En el 'caso Assange' está en juego la libertad de información”

Julian Assange y Baltasar Garzón en el documental 'Garzón/Assange'.

"Esta es una película sobre abogados. Unos abogados con un cliente muy difícil." Así describe uno de sus productores el documental Garzón/Assange, el juez y el rebelde. De un lado, el fundador de Wikileaks, peligroso hacker o héroe de la transparencia según para quién; sospechoso de violación en Suecia hasta el mismo viernes, objeto de una investigación subterránea en Estados Unidos y atrapado en un bucle legal desde la Embajada de Ecuador en Londres. De otro, el letrado elegido por el activista australiano para representarle en un suplicio jurídico que ha durado siete años, famoso por sus actuaciones en favor del principio de justicia universal —como la detención del dictador Augusto Pinochet en el año 2000— e inhabilitado por prevaricación tras ordenar las escuchas de la trama Gürtel. El thriller judicial estaba servido. 

Eso pensaron los cineastas Clara López Rubio y Juan Pancorbo cuando, después de contactar con Baltasar Garzón para trabajar sobre el concepto de justicia universal, cayó en sus manos la posibilidad de seguir de cerca la defensa de Julian Assange. Lo que creyeron que duraría un año de rodaje se extendió hasta los cinco. El documental (que se estrena el 29 de mayo en el Canal Historia) se encalló al tiempo que se iniciaba una guerra de trincheras que ha mantenido a Assange encerrado durante siete años: dos bajo arresto domiciliario y cinco en el pequeño apartamento del Gobierno ecuatoriano en Londres. El juez reconvertido en abogado iba y venía buscando apoyos para su defendido. El líder de Wikileaks compraba lámparas de rayos UVA para no enfermar. Y los directores trataban de asomarse al lento y complejo proceso que definirá el tratamiento de los filtradores en el mundo Occidental. 

"En el caso Assange está en juego la libertad de información", dicen, "y eso es lo que nos interesa". El propio Baltasar Garzón explica en el propio documental sus razones para defenderle: "Acepté, y acepté pro bono [sin remuneración], porque creo que le han convertido en un chivo expiatorio". El proceso judicial, consideran los abogados, los documentalistas y el propio Assange, es el castigo. Y este pretende mandar un mensaje a aquellos que se planteen publicar secretos de Estado. De hecho, Wikileaks, definido a menudo como "plataforma", se presenta ahora como un medio de comunicación, y Assange, como su editor. "Debería trabajar como cualquier otro medio, bajo la protección de los valores constitucionales que le corresponden, y con los deberes de veracidad de la prensa", defiende Pancorbo. Si Assange es castigado judicialmente por revelación de secretos, ¿no podrían serlo también los periódicos que participaron en su cablegate?

La película se centra, sin embargo, en la orden de arresto que mantiene encerrado a Assange en la Embajada ecuatoriana y los movimientos políticos que se suceden en torno a ella. El bucle jurídico es el siguiente: en 2010, la justicia sueca decide abrir una investigación por presunta violación contra el responsable de Wikileaks y, tras su salida del país, emite una orden de arresto internacional, aunque jamás llegará a acusarle formalmente. Refugiado en el sur de Inglaterra, Assange se presenta ante la justicia y es puesto en libertad bajo fianza, que pagan sus seguidores. En 2011, la justicia británica acuerda su extradición a Suecia, a la que el hacker recurre, alegando que el proceso oculta la voluntad de entregarle a Estados Unidos. En 2012, se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres y solicita asilo político, que se le concede. Desde entonces, Assange está en un limbo legal: ni Suecia ni Reino Unido reconocen que esté detenido, pero la realidad es que no puede abandonar la minúscula residencia ni mucho menos abandonar el país. 

Uno de los problemas del filme es que el proceso judicial está lejos de haber terminado. De hecho, en la misma semana de la presentación de la película se produjeron varias noticias que alteran por completo el cuadro del caso Assange: el viernes, la justicia Sueca cerró definitivamente la investigación por supuesta violación contra el activista. Eso significaba que la orden de arresto que pesaba contra él dejaría de ser efectiva, aunque Scotland Yard avisó que si el australiano salía de la Embajada sería igualmente arrestado, pues el Reino Unido emitió en su día su propia orden de detención, que seguía vigente. Mientras se escribían estas líneas, Assange no era libre todavía de caminar por las calles londinenses. Coincidencia o no, en abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó de que barajaba acusar formalmente a Assange por la publicación de secretos de Estado. Chelsea Manning, la analista militar que le proporcionó la información, salía en libertad el miércoles tras siete años en prisión. 

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Otro es que el difícil carácter del protagonista, cuyo perfil se ha vuelto más polémico si cabe después de la filtración de los correos del Partido Demócrata, usada por Donald Trump durante la campaña presidencial. Las sombras del personaje han sido retratadas recientemente en el documental Risk de Laura Poitras —autora del oscarizado Citizenfour, sobre el whistleblower Edward Snowden—, estrenado a principios de mes. Pero el difícil acceso al histórico hacker —de siete veces que los cineastas fueron a la Embajada ecuatoriana, entraron cinco y grabaron tres— apenas deja espacio para ello en Garzón/Assange. Solo Renata Ávila, del propio equipo legal del australiano, quien menciona brevemente la complejidad de defender a alguien como él, cuyas decisiones impulsivas rara vez favorecen el proceso. "Todo esto abre una puerta a la vulneración de derechos, y, como siempre, se abre con quien resulta más antipático", defienden los cineastas. Desde luego, resulta más duro identificarse con Assange —y todavía más después de las sospechas de conexión entre Wikileaks y Rusia— que con el angelical Snowden. 

Pero no era eso, por ahora, lo que tenían que demostrar sus abogados. La victoria sobre la que pivota el filme es la resolución del Comité de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que en febrero de 2016 declaró "ilegal" la retención de Assange en la Embajada: "Las variadas formas de privación de libertad que ha sufrido Julian Assange constituyen una forma de detención arbitraria". Ni Suecia ni Reino Unido atendieron al fallo. Un año después, la victoria de Julian Assange podría ser mucho mayor. 

 

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