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Partidos y sindicatos critican el decreto por injusto e inadecuado en plena crisis

El Ministerio de Empleo asegura que el decreto-ley sobre jubilaciones anticipadas y parciales aprobada en el Consejo de Ministros recoge “muchas de las sugerencias y criterios” aportados tanto por los partidos integrados en el Pacto de Toledo como por la patronal y los sindicatos. Dice que con todos ellos ha mantenido “reuniones informales”. En eso coinciden los sindicatos, pero para quejarse de que en estos tres meses de conversaciones no han visto “un papel”.

Así que las reacciones al decreto-ley no han sido favorables. La portavoz del PSOE en la comisión del Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, tachó de “barbaridad” la nueva norma y anunció que votará en contra de la convalidación del decreto cuando llegue al Congreso. “Estaría de acuerdo con las medidas para prolongar la vida laboral si el paro estuviera por debajo del 10%, pero tomar esta decisión cuando el desempleo supera el 26% es una tomadura de pelo para los parados”, resaltó.

Por su parte, el responsable de Economía y Empleo de Izquierda Unida, José Antonio García Rubio, ha acusado a Mariano Rajoy de agravar, con el decreto, “las condiciones de vida de los parados mayores de 55 años y las personas próximas a la jubilación, en una nueva vuelta de tuerca del austericidio sobre los sectores populares”.

“Consecuencias nefastas” tendrán las restricciones al retiro anticipado y parcial, en opinión del portavoz de Empleo y Seguridad Social del PNV, Emilio Olabarria. Según subraya, el "desmesurado" endurecimiento de las condiciones de acceso a la jubilación anticipada y parcial convertirán a partir de ahora los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en expedientes "de extinción de relaciones laborales o de ajuste de plantillas mediante despidos".

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También el diputado de CiU Carles Campuzano considera "equivocadas" las medidas en el actual contexto de crisis económica y de paro, informa Europa Press. "El Gobierno podría haberse ahorrado esta reforma", indica, para recordar después que la Ley 27/2011, que entró en vigor el pasado 1 de enero, ya endurecía el acceso a la jubilación parcial y anticipada, aunque el PP no haya dejado siquiera que se ponga en marcha para evaluar sus efectos. Los catalanes tampoco apoyarán la convalidación del decreto en el Congreso.

Finalmente, CCOO y UGT han tildado de “injusto, innecesario y excesivo” el recorte de las pensiones que se derivará de la nueva norma. Critican que el Gobierno haya utilizado otra vez la vía del decreto, desprecie al Pacto de Toledo y no haya respetado la reforma de las pensiones que acordaron los sindicatos, la patronal y el anterior Ejecutivo.

Precisamente para cumplir con uno de los mandatos de esa ley, el Ministerio de Empleo ha anunciado que en el plazo de un mes creará una comisión de expertos independientes, cuyo trabajo será redactar un informe sobre el llamado factor de sostenibilidad, por el que se ajustarán los principales parámetros de las pensiones –edad de jubilación, años de cotización, cuantía de la pensión– de acuerdo con la esperanza de vida y el PIB. Ese documento será remitido al Pacto de Toledo para su debate, a la búsqueda, de nuevo, del “mayor consenso posible”, apunta Empleo.

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