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BANCA

El Valedor do Pobo pide al fiscal que acuda a la vía penal en las preferentes

  • Le insta a estudiar si se cometió un delito de estafa
  • Reclama un arbitraje rápido, generalizado y cuyo criterios sean fijados por una entidad pública, al contrario que el actual
  • Culpa a las entidades financieras y a las administraciones públicas, que permitieron la venta de híbridos a clientes inadecuados

INFOLIBRE Publicada 08/04/2013 a las 18:44 Actualizada 08/04/2013 a las 19:01    
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El Valedor do Pobo considera "conveniente" que la Fiscalía General de Galicia "explore las posibles responsabilidades penales, más allá de la civil" por la colocación de participaciones preferentes y deuda subordinada.

El alto comisionado parlamentario ha publicado una resolución en la que anima a la Fiscalía, a la que ha remitido "escritos que específicamente mencionan este enfoque", a estudiar la vía penal. Por ello, pide al Ministerio Público que "investigue y conozca la posibilidad de que se cometieron delitos de estafa o de otro tipo".

El Valedor destaca que las medidas que obligan a los titulares de estos productos a asumir una quita y canjear, en el caso de las entidades nacionalizadas, las participaciones por acciones han originado "un rechazo generalizado" del colectivo de afectados.

Así, cree que es necesario seguir analizando el problema "en busca de una solución justa", por lo que ha optado por aportar "varias ideas específicas a modo de propuestas". Entre ellas, el Valedor reclama que las personas que "fueron informadas mal y de forma engañosa" cuando suscribieron estos productos o que, "por sus características resultaban no idóneas", deben ser "objeto de devolución de la totalidad de los depositado, y eso de una forma ágil".

Los criterios, fijados por una entidad pública

Además, pide "profundizar en las soluciones arbitrales, generalizándose y objetivando los criterios de acceso", puesto que el arbitraje "solucionó un buen número de casos, por lo que puede seguir siendo efectivo". En cualquier caso, agrega que los criterios para la aceptación de esta vía "deben ser conocidos y fijados desde una instancia pública y no solamente desde la propia entidad".

En este sentido, el Valedor cree que los reguladores deberían "reclamar formalmente y, en su caso, obligar a las entidades financieras, nacionalizadas o no, a difundir ampliamente los criterios aplicados para conocer las propuestas de arbitraje promovidas hasta ahora". "Es imprescindible asegurar un alto nivel de transparencia", destaca.

Además, reclama que quienes opten por la vía judicial tengan "una respuesta ágil a su demanda" y no sufran "demoras indebidas" y llama a las entidades reguladoras de los mercados a adoptar "medidas eficaces para controlar la difusión futura de productos de riesgo, siempre rodeados de una información adecuada". "Habrá ciertos productos que por su naturaleza no pueden ofrecerse a personas no expertas", ha indicado.

Apariencia de depósitos

También apela a "la necesidad de permanente diálogo" sobre los problemas que se derivan de los productos bancarios complejos e insiste en que deberían incluirse los ciudadanos afectados, las entidades y las autoridades de consumo.

En su escrito, el Valedor do Pobo asegura que lleva un año trabajando "para hacer prevalecer los derechos de los afectados". "Estamos decididos a utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para hacer valer los derechos de los ciudadanos ante estas y otras situaciones de abuso por parte de las entidades financieras", ha señalado.

Actualmente, prosigue, "toda la sociedad es consciente de lo ilegítimo y grave de la actuación" de las entidades financieras, que colocaron estos productos sin que los clientes tuviesen "las condiciones adecuadas". En muchos casos, la información "creó la apariencia de que se trataba de meros depósitos o instrumentos de ahorro sin mayor riesgo", censura y recuerda que "no se cumplió la exigencia de realizar un riguroso examen de idoneidad" para excluir a los "simples ahorradores".

Las entidades, culpables


"Por eso, con razón, las víctimas de estas actuaciones de bancos y cajas de ahorro se sienten defraudadas", sostiene el Valedor, que culpa, como "principales responsables" de la situación, a las propias entidades, aunque agrega que "también las autoridades públicas estatales que permitieron, en aquel momento, que tal cosa sucediese" tienen responsabilidad. En concreto, cita al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Ministerio de Economía.

Lo "más apremiante" ahora, continúa el texto, es "la solución del problema individual que afecta a muchas personas". La institución ha confirmado a lo largo de este tiempo sus "primeras impresiones sobre la certeza de muchos casos de fraude", destaca y explica que lo ha hecho mediante actuaciones de oficio y la información trasladada por numerosos afectados.

En las quejas presentadas en el Valedor "se pone de manifiesto por los reclamantes que se consideran engañados por los empleados de las entidades financieras", y subraya que "las víctimas reclaman" que se les "resarza a través de procedimientos rápidos y sencillos, y que se eviten vías costosas y lentas".

Quitas del 43%

Por último, el Valedor se refiere también a la decisión de aplicar el arbitraje en otras entidades nacionalizadas –en Novagalicia se abrió la vía el pasado verano– y a las quitas, que son de una media del 43% para las preferentes; del 41% para las subordinadas perpetuas y del 21% para las subordinadas con vencimiento. La cantidad concreta que se entregue en cada caso, recuerda, no será en metálico, sino en acciones de NCG Banco.

Posteriormente, el Fondo de Garantía de Depósitos podrá ofrecer la recompra de las acciones no cotizadas de Novagalicia por el precio que se determine a través del informe de un experto independiente, sin que ese precio pueda exceder el valor del mercado de las acciones en ese momento, agrega.



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