Participaciones preferentes

Los inversores de menos de 10.000 euros tendrán prioridad en el arbitraje de preferentes

Novagalicia deberá devolver 100.000 euros a tres preferentistas de Ourense

La Comisión de Seguimiento de las Preferentes, creada para facilitar el arbitraje de los estafados con las acciones preferentes con las entidades que las comercializaron ha concretado los criterios con los que tramitará los expedientes de los que quieran recuperar el 100% de la inversión.

Los afectados con inversiones inferiores a los 10.000 euros tendrán prioridad y "en particular, cuando la inversión proceda de un traspaso de productos de bajo riesgo de la propia entidad". En otras palabras, se tendrá también en cuenta que haya habido un trasiego de depósitos a plazo (un instrumento que revela cierta aversión al riesgo por el ahorrador) hacia  las preferentes.

Fijado el límite de inversión, la Comisión, según la nota hecha pública por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la entidad encargada de reestructurar las entidades en problemas, decidió otros criterios más generales para atender las reclamaciones. Entre ellos están la minoría de edad;la incapacidad; la documentación contractual insuficiente (falta de datos o incorrecciones); la falta de información sobre el producto y sus riesgos o  los criterios relacionados con la obtención de información sobre el cliente.

Adicionalmente, el organismo destaca que las entidades, para ordenar la tramitación de los expedientes, deberán tener en cuenta circunstancias particulares del inversor como la edad, los ingresos familiares, la composición del patrimonio o el volumen de la inversión (de menos a más).

En el caso de la composición del patrimonio se especifica que habrá de tenerse en cuenta el porcentaje de la inversión en los productos fallidos sobre el total familiar, sin contar la vivienda habitual.

La comisión que encabeza la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez, también cuente con representación del Banco de España, de la Secretaría General de Consumo, del Tesoro y del Consejo de Consumidores y Usuarios.Podrá invitar a participar a las autoridades autonómicas de consumo.

Los criterios fijados ayer cumplen con lo adelatando por el ministro de Economía, Luis de Guindos. El ministro había avanzado que habría un procedimiento rápido para colectivos "especialmente vulnerables", que tendrían prioridad para acceder al arbitraje.

"La comisión" aseguró De Guindos,  "trabaja ya en los criterios que tendrán en cuenta, y que incluirán a los afectados con menor nivel de ingresos, de edad avanzada en el momento de la contratación, con especiales cargas familiares, que carecieran de experiencia o formación financiera, o que tengan una mayor proporción de los ahorros invertidos en estos productos".

De Guindos confirmó además que  permitiría acudir a la vía del arbitraje a los titulares de participaciones preferentes de Bankia que ya hubieran efectuado su canje por acciones a principios de 2012, como es el caso de quienes suscribieron con Caixa Laietana o Caja Segovia. "El arbitraje es una vía rápida, sencilla, eficaz y menos costosa que el procedimiento judicial",  aseguró De Guindos.

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Antes de ir al arbitraje, los titulares de preferentes deberán aceptar un canje de sus títulos por acciones, con la aplicación de una quita que, no obstante, no será impedimento para que puedan recuperar la totalidad de su dinero si demuestran que han sido estafados. "Si un preferentista demuestra que ha sufrido fraude en la comercialización se le devolverá el 100% de su dinero. El canje o la quita no tienen nada que ver", dijo De Guindos.

En cualquier caso, para conseguir liquidez deberán ir a Bolsa si cuentan con títulos de Bankia, o acudir al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) si son de entidades participadas mayoritariamente por el FROB –Catalunya Banc y Novogalicia Banco–. El FGD será el que fije el precio de esas acciones. 

La Comisión rectora del FROB hizo público también ayer el precio de recompra de las preferentes y obligaciones subordinadas sin fecha de vencimiento de Bankia. Los inversores, según la emisión de que se trate podrían perder entre el 40% y el 70% de la inversión realizada.

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