Sector eléctrico

El déficit eléctrico lastra la credibilidad de las cuentas públicas

Las renovables alertan en Bruselas: si se hunde el sector sufrirá la banca

“Un Frankenstein”. Así define una fuente del aparato de comunicación del Gobierno el nuevo plan de ajuste y reformas que, pieza a pieza, está construyendo el Gobierno para presentarlo el próximo viernes 26.

En ese plan, con dos patas, Plan de Estabilidad y Plan Nacional de Reformas, ocupa un lugar central el déficit tarifario eléctrico, cuya cuantía de 26.000 millones de euros a cierre del año 2012 (un 2,5% del PIB) lastra la credibilidad de las cuentas públicas.

Industria, con media docena de decretos en poco más de un año, ha sido incapaz de frenar el crecimiento del agujero. Las empresas siguen anotando el déficit como cantidades pendientes de cobro. Mientras la secretaría de Estado de Energía diseña su parte del Frankenstein, las compañías tradicionales repiten su mantra: la culpa del déficit la tienen las primas que reciben las energías renovables.

Los 26.000 millones de déficit tarifario acumulados en la última década resultan de la diferencia que existe entre los ingresos que recibe el sistema (las compañías) por las tarifas eléctricas que regula el Gobierno y los costes que se reconocen a las empresas por generar la electricidad.

Es un agujero que convierte a España en una excepción notable: el único país del mundo en el que los usuarios deben más cuanto más pagan (las tarifas han subido más de un 60% desde 2008).

El problema es tan grave que las comparaciones se convierten en munición de grueso calibre. Un ejemplo: el presidente de la patronal eléctrica, Eduardo Montes, comparó recientemente el déficit eléctrico con los 41.000 millones recibidos por España del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para rescatar a la banca.

Clavos en el ataúd

El rescate bancario, que oficialmente no computa en el déficit público, coloca el porcentaje de desequilibrio de las cuentas públicas en 2012 muy por encima del 10%. Con esos números, los 26.000 millones de déficit de las eléctricas son como clavos en el ataúd de la credibilidad del país.

Bruselas conoce la gravedad del asunto. La pasada semana, las empresas afectadas por los recortes a las renovables desde el año 2010 se reunieron con funcionarios de la Comiisón Europea. Informaron de que los bancos españoles han prestado al sector fotovoltaico en torno a 20.000 millones de euros y a las empresas termosolares unos 10.000.Total, 30.000 millones. Según la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, y la asociación empresarial APPA, los bancos no tienen provisionados esos créditos, los consideran sanos.

Al contrario, en los últimos años, los han refinanciado, en muchos casos a tipos de interés más altos y condiciones más duras. En caso de asfixia del sector, las entidades estarían obligadas a provisionar, como marca la ley, un 25% del total comprometido. Serían 7.500 millones que podrían dificultar el proceso de saneamiento del sector.

En la raíz del problema que ahoga a las empresas y presiona al Gobierno (y en especial al nuevo secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, hermano de Álvaro Nadal, responsable de la Oficina Económica de Moncloa) está el hundimiento de la demanda eléctrica y un sistema concebido para el crecimiento continuo con el gas natural como gran protagonista.

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A menos negocio, más nervios y más presión. Los datos para las eléctricas tradicionales son preocupantes. Según Red Eléctrica de España, en el primer trimestre del año, la demanda eléctrica cayó un 4,6% (3,7% corregido el efecto de calendario y temperatura).

En este contexto, el presidente de la Fundación Renovables, Javier García Breva, es muy claro acerca de lo que prepara el Gobierno: “como las medidas vayan encaminadas a salvar las empresas del gas, presionadas por sus contratos de compra con Argelia fundamentalmente, seguirá habiendo déficit de tarifa”.

A la espera de comprobar si el Frankenstein que prepara el Gobierno camina y tiene cerebro, sólo se conocen retazos de los que podría estar compuesto. La reforma podría tratar de reducir el déficit previsto en 2013, de otros 5.571 millones de euros, revisando los costes regulados del transporte de electricidad, la distribución, los pagos por capacidad y las primas a las energías renovables.

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