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El PSOE dice que el arbitraje para las preferentes de Bankia está “amañado”

  • El diputado Antonio Hurtado asegura que la comisión de seguimiento hizo un "paripé" dictando los criterios para conseguir un laudo 
  • "El Gobierno no asume que ésta es una estafa estructural y universal"

INFOLIBRE Publicada 19/04/2013 a las 15:34 Actualizada 19/04/2013 a las 15:49    
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El diputado socialista Antonio Hurtado cree que el sistema de arbitraje aprobado por el Gobierno para los afectados por la comercialización fraudulenta de participaciones preferentes de Bankia está "amañado", y prevé que muchas de estas personas opten por la vía judicial en vez de recurrir a esta "falsa" solución.

En declaraciones a Europa Press, Hurtado ha afirmado que "el Gobierno ha dejado todo atado y bien atado para que no se les vaya de las manos" el dinero necesario para hacer frente a la devoluciones.

"Las pruebas son más que evidentes: hay un único árbitro, que es el Instituto Nacional de Consumo que controla el Gobierno; hay un encargado de darle forma a este salvamento parcial, que es la consultora KPMG contratada por Bankia; y hay un fondo que no puede superar los 1.200 millones de euros", cantidad que no llega al 16% de los 7.700 millones de euros retenidos en títulos de preferentes o de deuda subordinada de la entidad que aún están pendientes de resolver.

Según el diario El Mundo, Bankia tiene un colchón de 1.200 millones de euros para devolver a los afectados por preferentes y deuda subordinada que ganen los arbitrajes o demandas judiciales presentadas contra la entidad. Dicho colchón son los recursos propios que Bankia tendrá a cierre de este ejercicio si logra generar un beneficio de 800 millones de euros que los gestores se han fijado como meta. De no lograrlo, tendría que desprenderse de más activos o solicitar del Estado una nueva inyección de capital público.

Solución "falsa"

Además, ha calificado de "paripé" la actuación de la comisión de seguimiento, que en su reunión del pasado miércoles definió los criterios que deberán cumplir los afectados para acogerse al arbitraje, unas condiciones que, a juicio de Hurtado, son "vagas y muy generalistas para que quepan quienes les interesen hasta un máximo de 1.200 millones".

"El Gobierno demuestra que no asume que ésta es una estafa estructural y universal y va a dar un paso en falso, no va a solucionar el problema. Desde luego, éste no es un arbitraje de consumo regular", ha insistido.

Además, también pronostica un aumento de la "indignación y del conflicto social" ante la "falsa solución" que el Ejecutivo quiere dar al "doble engaño" que supone la venta de preferentes, por una parte, y los canjes por acciones aplicando quitas, por otra.



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