Aguas residuales y dinero negro entre España y Francia

Una investigación judicial doble, llevada a cabo de forma paralela en Francia y España, corre el riesgo de acabar salpicando a los dirigentes del grupo Saur, la tercera empresa francesa de limpieza y distribución de aguas, y a varios de sus socios, según las informaciones a las que hemos tenido acceso.

El asunto se remonta al año pasado, en concreto al 2 de marzo de 2012, cuando, con gran discreción, se presenta en los juzgados de Versalles, una denuncia por «estafa de banda organizada y encubrimiento», «abuso de bienes sociales de banda organizada y encubrimiento» y «asociación de malhechores».

La firma Saur internacional (una filial, participada al 100% y con sede social en Yvelines [en el áerea metropolitana de París]) denuncia ante la justicia una operación turbia, atribuida a uno de sus representantes en España, José Luis Rubio, también dirigente de la filial Ser Canarias, y a otros cargos de responsabilidad. 

El 15 de enero de 2010, Rubio firmó un contrato con opción a compra de un edificio de oficinas de 2.500 metros cuadrados, situado en Las Palmas de Gran Canaria, por un montante de 5.360.000 euros.

La operación, que quedó registrada en un documento privado (y no ante notario), resulta curiosa, cuando menos. En primer lugar porque recoge que el vendedor, la sociedad Seguridad Integral Canaria SA únicamente admite la opción de compra si la «prima» queda fijada en 2.680.000 euros (es decir, la mitad del precio de venta), pagadera en un plazo máximo de cinco meses; el resto del importe debía abonarse antes del 15 de enero de 2011. En esa fecha también tenía que estar firmada la venta.

Más allá de esas cuestiones, el contrato estipula que «en el caso de que Ser Canarias no ejerciera la opción de compra, perdería la suma entregada en concepto de prima —es decir, 2.680.000 euros— en beneficio del vendedor». Una suma muy superior a lo que debería ser una simple compensación, supuestamente destinada a cubrir una indemnización de 12 meses, según adujo más tarde la empresa Saur.

De cualquier modo, la opción de compra fue abonada por Saur internacional y Emalsa (la compañía de aguas locales), a través de dos transferencias bancarias efectuadas el 21 y el 22 de abril de 2010. Ese mismo día 22 de abril, sin esperar más, Ser Canarias abona al vendedor en el acto 2.814.000 euros, mediante un cheque (la diferencia de 134.000 corresponde a un 5% de impuestos).

Ser Canarias finalmente no ejerció su opción de compra y la venta no se cerró, con lo que las pérdidas ascienden a 2,68 millones.

Para la sociedad Saur, se trata ni más ni menos que de un caso de malversación de fondos. La rapidez con que se efectuaron las transferencias suponen una evidencia más de que en realidad nunca existió voluntad de comprar el inmueble. Por tanto, la operación es algo más que fraudulenta. Según Saur, el inmueble en cuestión se tasó muy por encima de su valor. Se trata de un edificio antiguo, propiedad de una empresa de seguridad que no parece idóneo para albergar oficinas.

De hecho, este edificio tiene un valor de 950.000, según un informe elaborado por el arquitecto de Saur, o incluso valdría menos de 800.000 euros, a tenor de otra tasación encargada también por el grupo francés y que adjunta en su denuncia.

El asunto parece lo suficientemente serio como para que la Fiscalía de Versailes haya abierto rápidamente una investigación. El juez de instrucción encargado del caso es Alain Gallaire, quien en 2012 llevó a cabo un registro en la sede de Saur, según fuentes conocedoras del caso.

El escándalo continúa en España

Si bien ha solicitado información a las autoridades españolas, el juez Gallaire, a día de hoy, todavía no ha emitido ninguna comisión rogatoria internacional. En este tiempo, el director general de Saur, Joël Séché, en el cargo desde que volvió a comprar el grupo en 2007, desembarco en mayo de 2012, cuando los accionistas estaban más enfrentados.

Pese a ello, su abogado, Jean-Pierre Versini-Campinchi, renovó su constitución en parte civil como accionista minoritario del grupo Saur: de hecho, Joël Séché posee el 33% del capital (a través de Séché Environnement) y trata en estos momentos de volverse a hacer con el control de Saur.

Preguntado por Mediapart, Versini-Campinchi no ha querido hacer declaraciones. Mientras, en la Fiscalía de Versalles, al juez se le acumulan los expedientes. El 18 de abril por la noche, por ejemplo, imputó por «tentativa de destrucción» a varios jóvenes de Versalles que habían quemado varias papeleras. Todo ello, sin contar con que el juez también debe hacer frente a las manifestaciones de los que se oponen al matrimonio homosexual.

De forma paralela, la justicia española también investiga los hechos. Presionado por los acontecimientos, el alcalde de Las Palmas, Juan José Cardona, terminó por presentar en diciembre pasado una denuncia con relación a otros hechos, que atañen a la compañía de aguas de la ciudad, Emalsa, una sociedad mixta que preside él mismo (y propiedad del ayuntamiento, del grupo Sacyr y de la Saur) por posible malversación de fondos o abuso de bienes sociales.

Al mismo tiempo, Las Palmas se ha visto obligado a examinar sus adjudicaciones, ya que Emalsa habia delegado a Ser Canarias la limpieza y el mantenimiento del alcantarillado de la ciudad. La prensa de las islas habla de facturas hinchadas, de corrupción y de financiación política. Una fiscal de Las Palmas, Eva Ríos, está al frente de las investigaciones, tal y como recoge los periódicos locales. 

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El alcalde está imputado desde que se tuvo conocimiento de la transferencia que en nombre de Emalsa se efectuó el 21 de abril de 2010. El importe de 1.316.112 euros, efectuado como anticipo, por la opción de compra sobre el inmueble de oficinas, se realizó a la cuenta del grupo Sacyr.

Además de la transacción abortada, por si fuera poco, la reputación del vendedor del inmueble intriga a los investigadores: tanto la empresa Seguridad Integral Canaria SA, como su responsable, un hombre de negocios llamado Miguel Ángel Ramírez, han sido objeto de investigaciones judiciales que han acaparado titulares en la prensa canaria.

Traducción: Mariola Moreno