El Gobierno quiere que la desvinculación al IPC ‘contagie’ al sector privado

El Gobierno quiere generar un "efecto emulación" en el sector privado con la Ley de Desindexación, por el que dejarán de actualizarse según el IPC ingresos y gastos, precios, tarifas, tasas y rentas de las administraciones públicas.

Fuentes gubernamentales han explicado que la intención es generar un cambio estructural en la economía para avanzar a una cultura de mayor estabilidad de precios y más sostenible en el medio y el largo plazo.

Según el Gobierno que preside Mariano Rajoy, la futura ley eliminará los efectos perjudiciales derivados de la vinculación automática al IPC en la formación de precios y costes y evitará también efectos de segunda ronda sobre la inflación.

Esta ley, inspirada en el acuerdo de los agentes sociales de 2012, supondrá la eliminación directa de la indexación al IPC en algunas rentas públicas y la relación a otros índices más estables en otros casos. Si se fijan nuevos índices, el Gobierno ha garantizado que serán más exigentes que el IPC y en su formulación se tendrá en cuenta el nivel de inflación del 2%, considerado por el BCE como estabilidad de precios. 

Está previsto que el anteproyecto de ley se presente al Consejo de Ministros a finales de mayo, de manera que pueda entrar en vigor en enero de 2014, momento en el que se actualizan la mayor parte de los precios.

Las fuentes han puesto como ejemplo algunas concesiones de autobuses o determinados alquileres de la administración que incluyen la actualización de los precios de algunos productos en función del IPC.

A su parecer, los precios tienen que actualizarse teniendo en cuenta la evolución de la economía y no porque el resto de los productos se encarezcan. "Es un vicio que se va moderando", han señalado.

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El foco, en las pensiones

Sin embargo, las fuentes han dejado claro que la revalorización de las pensiones se debatirá en el seno del Pacto de Toledo, que tendrá que formular una propuesta sobre el factor de sostenibilidad antes de que acabe junio. Una de las recomendaciones incluidas en el informe previo entregado por el Ministerio de Empleo al comité de expertos que diseñarán el factor de sostenibilidad y al Pacto de Toledo, es precisamente la de "rebajar los índices de actualización" de las pensiones y de las cotizaciones que se utilizan para calcular su cuantía.

Sobre si el factor de sostenibilidad puede entrar en vigor antes de 2027 (lo inicialmente previsto), las fuentes han recordado que la ley de estabilidad presupuestaria incluye esta posibilidad si el sistema sufre déficit estructural. Y, tal y como se desprende del nuevo programa de estabilidad recién aprobado, la Seguridad Social seguirá en déficit nominal hasta el año 2016. En concreto, registrará un saldo negativo del 1,4% este año, del 1% en 2014, del 0,6% en 2015 y del 0,5% en 2016.