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EMPRESAS FICTICIAS

197 detenidos en Castellón y Orihuela por defraudar a la Seguridad Social

  • La Policía desarticula dos organizaciones que cobraban a cambio de conseguir prestaciones de paro y permisos de residencia
  • Estafaron casi dos millones de euros públicos

INFOLIBRE Publicada 03/05/2013 a las 16:24 Actualizada 03/05/2013 a las 16:44    
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Los ministros de Interior y Empleo, Jorge Fernández y Fátima Báñez.

Los ministros de Interior y Empleo, Jorge Fernández y Fátima Báñez.

K. RODRIGO
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 197 personas por defraudar casi dos millones de euros a la Seguridad Social en dos operaciones realizadas en los últimos días en Orihuela (Alicante) y Castellón. Es la tercera operación en tres días contra el fraude a la Seguridad Social. En la anterior fueron detenidas 145 personas en Cataluña.

Los detenidos están acusados de crear empresas ficticias con la única finalidad de ofrecer contratos falsos de trabajo para obtener subsidios por desempleo y permisos de residencia. Se han desmantelado dos organizaciones distintas, en el norte y sur de la Comunidad Valenciana, mediante las que los falsos trabajadores llegaron a cobrar más de 15.000 euros en prestaciones de la Seguridad Social.

Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes se percataron de la presencia de dos organizaciones criminales: por un lado, la compuesta por cinco empresarios y tres gestores de la localidad de Orihuela (Alicante); y, por otro, un entramado de seis mercantiles que suponían "un auténtico modus vivendi" para cinco de los detenidos.

Ambos entramados empresariales se habían constituido de forma ficticia con el objetivo de cobrar a los falsos trabajadores por la obtención de un inexistente contrato de trabajo que les permitiese el cobro de prestaciones o subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), así como la regularización de su situación en el caso los ciudadanos extranjeros.

Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, gran parte de las empresas tampoco satisfacía el pago de las cuotas de seguros sociales de los falsos empleados dados de alta, superando en algún caso la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal y reportando grandes beneficios a los responsables.

Intermediarios

Los ahora arrestados cobraban cantidades que oscilan entre 200 y 3.000 euros por cada contrato, según el tiempo de su duración. Los falsos trabajadores accedían a las prestaciones o subsidios por desempleo. 

En el caso de los ciudadanos extranjeros, los responsables de la organización seleccionaban a otras personas que actuaban como intermediarios para su captación. La Policía calcula que más de 200 personas pueden haber obtenido ilícitamente la residencia en España de esta forma, así como haber defraudado más de un millón de euros a la Seguridad Social.

En el caso de Castellón, las investigaciones comenzaron tras detectarse por parte de la Seguridad Social ciertas anomalías en una de las mercantiles investigadas, por lo que los investigadores solicitaron al SPEE los expedientes por desempleo de los supuestos empleados. Fruto de las gestiones policiales, de la obtención de declaraciones de trabajadores y del análisis de la documentación obtenida en diferentes registros públicos, los agentes pudieron determinar que la práctica totalidad de estas empresas se había creado exclusivamente para defraudar a la Seguridad Social.

Un gestor autorizado

Entre los detenidos, que ya contaban con antecedentes por este delito, figuran los administradores de las mercantiles ficticias, un gestor autorizado del denominado Sistema Red –sistema por el que se agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la propia Seguridad Social– y falsos empleados.

La cantidad defraudada por la trama asciende a 814.884,68 de euros, de los que 665.151 de ellos son por impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social, y 149.733 euros mediante subsidios percibidos ilícitamente del SPEE. Por el momento, no se ha podido cuantificar el montante total del fraude al SPEE, al estar pendiente un informe sobre una de las empresas investigadas, por lo que la investigación queda abierta.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría Local de Castellón, de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) y de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante.



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