El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Emprendedores con 15 meses de retraso

El Consejo de Ministros da luz verde hoy al anteproyecto de ley apoyo al emprendedor y su internacionalización, una norma pendiente desde hace tiempo que el Ejecutivo se comprometió a aprobar en el segundo trimestre del año en el marco del plan nacional de reformas remitido a Bruselas.

La nueva ley incluirá una serie de medidas para fomentar la inversión y la actividad en España, como la concesión del permiso de residencia a los extranjeros que emprendan y creen empleo o que adquieran una vivienda habitual.

Previsiblemente, en la nueva ley se incluirán también algunas medidas fiscales de apoyo al emprendedor ya anunciadas, como el régimen especial de IVA que permitirá no ingresarlo hasta cobrar la factura y beneficiará a casi 2,5 millones de pymes.

Además, se detallará la nueva deducción por inversión en beneficios para empresas pequeñas, la ampliación de la deducción por actividades de investigación y desarrollo, y diversos incentivos fiscales a los inversores informales en emprendimiento.

Para impulsar la financiación, el Gobierno eliminará cargas para incentivar la emisión de valores en el Mercado Alternativo de Renta Fija, flexibilizará la regulación de los acuerdos de refinanciación y mejorará el acceso a las cédulas y bonos de internacionalización.

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También fomentará la segunda oportunidad con un mecanismo extrajudicial de pagos e incluirá medidas para impulsar la internacionalización de los emprendedores, como la revisión de los instrumentos de fomento a la internacionalización y definición de una estrategia alineada con las necesidades de los emprendedores.

Para apoyar la iniciativa emprendedora y el crecimiento de proyectos empresariales, previsiblemente la ley incluirá formación en materia de emprendimiento en la educación obligatoria y reducirá el riesgo creando la figura de responsabilidad limitada de forma ágil.

Igualmente suprimirá la exigencia de licencias de actividad en determinados servicios y condiciones, reducirá las cargas administrativas, contables y de información estadística, y facilitará el acceso a la contratación pública, elevando los umbrales para la exigencia de clasificación.