Santos Ruesga: “El informe de las pensiones rezuma antipolítica”

El informe del comité de expertos sobre las pensiones ya está en manos de los grupos parlamentarios, que deberán discutirlo en la Comisión del Pacto de Toledo. Sindicatos y patronal aún desconocen si el Gobierno les convocará una vez concluido el debate político, siguiendo el mismo esquema que se utilizó para la reforma de 1996, o si el diálogo se limitará al grupo de trabajo ya constituido con el Ministerio de Empleo donde también se está diseñando la nueva jubilación para los trabajadores a tiempo parcial. “Falta saber si el Gobierno avala o no el informe”, asegura el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer. Mientras, el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, apunta a que el doble factor de sostenibilidad propuesto por los 12 sabios puede ser inconstitucional. Y el catedrático de Economía de la Autónoma de Madrid Santos Ruesga, el único voto negativo del comité, no escatima críticas al documento. “El informe rezuma antipolítica y antiinstituciones”, acusó en la presentación del Anuario de Relaciones Laborales que cada año elabora UGT.

Según explicó, los expertos elaboraron un “factor automático” para ajustar las pensiones porque “no se fían de los políticos”. El documento admite que la aplicación del mecanismo doble en él diseñado producirá una caída “significativa” de la pensión media sobre el salario medio. Una relación que ahora se encuentra, añadió el catedrático de Economía, en el 48%. “El informe pretende que eso lo arreglen luego los políticos”, se queja Ruesga.

Tanto en el propio documento como en la rueda de prensa donde lo presentaron, los sabios piden en varias ocasiones a los “actores políticos y sociales” que “asuman sus responsabilidades” para impedir esa bajada de las pensiones, bien aumentando el número de cotizantes –reduciendo el paro y estimulando la emigración– o subiendo los impuestos o aportando ingresos adicionales al sistema.

La clave, en el segundo factor

Tanto Santos Ruesga como Toni Ferrer criticaron las “muchas prisas” que tanto el comité como el Gobierno muestran por poner en marcha la nueva reforma de las pensiones que le exige Bruselas. Una reforma que el catedrático descalificó como “imprudente e inoportuna”. Con el primer factor –denominado FEI y ligado a la esperanza de vida– “se ahorra muy poco el primer año” de su aplicación, destacó Ruesga. Así que “la clave” está en el segundo factor –bautizado como FRA y que se calculará en función del crecimiento de los ingresos de la Seguridad Social, el número de pensiones, la relación entre cotizantes y pensionistas y la diferencia entre ingresos y gastos del sistema–. “Se trataba de ver cómo tocar a los nueve millones de pensionistas actuales”, advirtió Toni Ferrer.

Porque el problema está en superar la actual coyuntura económica, de paro desbocado, caída de la afiliación a la Seguridad Social y, por tanto, descenso de los ingresos del sistema. Tanto los sindicatos como la oposición de izquierda en el Parlamento creen que para resolver ese problema se creó el Fondo de Reserva, que acumula 63.000 millones de euros. Una opción que desechan los expertos porque, destacó Santos Ruesga, "computa en el déficit”, cuya reducción es la prioridad de la política económica del Gobierno. El año pasado, el Ejecutivo ya tiró, primero del fondo de excedentes de las mutuas y luego del propio Fondo de Reserva, para pagar las extras de julio y de diciembre. En total, 8.100 millones.

Cuentas individuales

Santos Ruesga no se atrevió a calificar de inconstitucional la reforma que se avecina si se aplica el doble mecanismo de ajuste tal y como lo han dibujado los expertos, pero sí habló de un informe de la Abogacía del Estado, que los sabios reclamaron al Gobierno durante sus debates. En él, sí se explicaba que bajar la pensión inicial podía conculcar un derecho de los jubilados, pero dejaba abierta la puerta legal a reducciones en años posteriores. Según los cálculos de Ruesga, el recorte a medio plazo en las pensiones españolas que implicará el doble factor de sostenibilidad será “de los más importantes de toda la Unión Europea”.

También puede ser un primer paso hacia el cambio de sistema: del actual de reparto al de las llamadas cuentas nocionales o individuales. Pese a que esta modalidad fue una de las primeras aportaciones a los debates del comité de expertos, fue pronto “aparcada”. Pero si la pensión cae en relación con el sueldo que se cobraba en activo y deja de ser “suficiente”, es decir, si el Estado sólo garantiza por el sistema de reparto un mínimo, el resto puede ser aportado por una cuenta individual, como ocurre en Alemania, explica el catedrático de la Autónoma. Y esa cuenta adicional devolverá al pensionista según lo que haya cotizado.

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El debate político está servido. En una entrevista en Cuatro, el ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez ha asegurado que, con la reforma que aprobó el PSOE cuando estaba en el Gobierno, y que entró en vigor en 1 de enero de este año, se asegura el cobro de las pensiones hasta 2017. A su juicio, con el Fondo de Reserva se puede cubrir su pago hasta 2020, “aunque las cosas no mejoraran”.

Para la portavoz de UPyD en el Congreso, Rosa Díez, la solución depende de que el Estado destine un porcentaje fijo del PIB a financiar las pensiones. Un porcentaje que sería siempre el mismo tanto, en épocas de auge económico como de crisis, informa Europa Press.

Con las pensiones, "no hay opción de reforma cero", ha resaltado por su parte el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, quien ha instado a la oposición y a los agentes sociales a negociar con el Gobierno con voluntad de llegar a acuerdos de largo plazo. "No hacer nada no es una opción", ha dicho.