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SEGURIDAD SOCIAL

El Gobierno traslada al Congreso la prisa de la troika por recortar las pensiones

  • La oposición critica al Gobierno, que quiere el proyecto de ley a finales de julio, por trasladar los apremios de la troika a los trabajos del Congreso
  • “Es una barbaridad querer hacer en un mes lo que en 2011 necesitó dos años”, protesta Gaspar Llamazares
  • Acudirán a la Cámara los 12 miembros del comité designado por el Ejecutivo, las patronales, los sindicatos y un 'sabio' por cada grupo parlamentario

Publicada 14/06/2013 a las 06:00 Actualizada 15/06/2013 a las 17:35    
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La ministra de Empleo, Fátima Báñez, con cuatro de los expertos.  BALLESTEROS

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, con cuatro de los expertos. BALLESTEROS

El próximo martes comenzarán los 12 sabios de las pensiones a explicar a los grupos parlamentarios en qué consiste el factor de sostenibilidad que han diseñado. A ellos les seguirán las patronales CEOE y Cepyme, los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones de autónomos. También comparecerá un experto elegido por cada grupo. En total, unas 25 personas durante poco más de un mes, puesto que el Gobierno quiere presentar el proyecto de ley que reformará las pensiones a finales del mes de julio.

Las prisas del Ejecutivo han despertado el “malestar” de los grupos parlamentarios, que ayer reunieron a la mesa de la comisión del Pacto de Toledo para establecer un calendario de comparecencias. Consideran una “barbaridad”, además de “difícilmente practicable” hacer en un mes lo que en 2011, la última reforma, necesitó dos años de trabajo y, en el caso de la anterior, toda una legislatura, explicó el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares. El PP ha insistido en que comparezcan los 12 sabios, para no dejar a su presidente, Víctor Pérez Díaz, “en minoría” frente a los tres expertos que emitieron votos particulares al informe. Ésa era la versión abreviada que se manejó en un principio.

El diputado de UPyD Álvaro Anchuelo, ha criticado que la redacción del informe de los expertos ya se hizo “a la carrera”, como ellos mismos han denunciado, lo que impidió que pudieran hacer análisis de mayor profundidad con estudios cuantitativos y simulaciones, informa Europa Press. “Ellos”, se quejó, “habrían necesitado más tiempo y ahora pasará igual. Van a zanjar en julio un tema que afecta a nueve millones de personas y se mantendrá durante décadas”.

El comité de expertos designado por el Ejecutivo también se apresuró en un mes a elaborar su informe, que ahora debe ser debatido en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo. El Gobierno quiere que la reforma resultante de aplicar ese nuevo mecanismo de ajuste en construcción nazca con el mayor consenso posible, habida cuenta de que las pensiones son un asunto muy sensible electoralmente.

Además, pretende consultar el factor de sostenibilidad con la patronal y los sindicatos. El asunto se incluyó en la agenda del grupo de trabajo que está elaborando un nuevo mecanismo de cálculo de la pensión para los trabajadores a tiempo parcial. Pero el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, ya ha reclamado que la negociación con los agentes sociales se desarrolle al mismo nivel que la reforma de 1996: primero el Pacto de Toledo y después el Diálogo Social.

Sin descanso

Así pues, para cumplir con el calendario, comparecerán unos cuatro expertos cada día los próximos martes, miércoles y jueves de este mes. Después, deberá habilitarse julio para continuar con las comparecencias. Una vez concluidas éstas, la comisión del Pacto de Toledo deberá mantener sus propias reuniones y elaborar una recomendación al Gobierno. El mes de agosto el Congreso permanece cerrado, de forma que el proyecto de ley no podrá tramitarse en ningún caso hasta septiembre.

A juicio de Gaspar Llamazares, las prisas del Gobierno constatan que la reforma no es una “decisión propia”, sino “una imposición de la troika que el Ejecutivo acepta con agrado para darle un hachazo a las pensiones”. La Comisión Europea apremió el pasado 29 de mayo al Gobierno español a “culminar” la reforma antes de que acabe este año.

Además de presentar a sus propios expertos, los grupos parlamentarios también solicitarán al Ejecutivo todo tipo de documentación. Llamazares ya ha adelantado que pedirá datos demográficos, “un punto que el comité de expertos del Gobierno ni siquiera ha tocado”, así como proyecciones de los actuarios de la Seguridad Social.

Consenso difícil

En cualquier caso, el consenso sobre la reforma será difícil de alcanzar si se mantiene tal y como está el doble mecanismo automático diseñado por los sabios del Gobierno. El portavoz económico del PSOE y ex ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha apuntado que la reforma puede ser inconstitucional. CiU ha trazado su línea roja en la reducción de las pensiones actuales, porque debilitaría a un colectivo, los jubilados, que garantiza el sustento de muchas familias en plena crisis. Tampoco el PNV ha mostrado mucho entusiasmo con la reforma y defiende que se evalúen primero los resultados de los cambios que se acaban de introducir este año antes de abrir un nuevo ajuste. Y la portavoz de UPyD, Rosa Díez, aboga por asegurar pensiones “estables y dignas”, tanto en momentos de crisis como de auge económico, destinando un porcentaje fijo del PIB a financiarlas.

Tras la polémica por el apoyo que el director de su Gabinete de Estudios Económicos, Miguel Ángel García Díaz, dio al informe sobre pensiones, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha advertido de que el sindicato “no va a ser la coartada para una bajada de las pensiones”. El dirigente sindical acusó al Gobierno de buscar en el comité de expertos una “cobertura” para avalar su posición. También ha pedido al Ejecutivo que, antes de reunir a las centrales sindicales, aclare “qué es lo que quiere hacer en materia de pensiones”. Según dijo, en España “no hace falta" una nueva reforma de las pensiones. La que “hacía falta” ya se hizo en 2011 y el PP “votó en contra”. “Sus razones tendría”, concluyó.






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