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COMISIÓN DEL PACTO DE TOLEDO

La CEOE considera la reforma de las pensiones una “necesidad perentoria”

  • Reclama que se apliquen con carácter inmediato medidas para combatir el desequilibrio financiero de la Seguridad Social
  • También que se desliguen las prestaciones del IPC, se actúe sólo sobre el gasto y no se suban las cotizaciones
  • La patronal vuelve a pedir que las pensiones de viudedad y orfandad dejen de ser contributivas y que las mutuas controlen la incapacidad temporal
  • CiU advierte al Gobierno de que no apoyará la reforma sin el consenso de los agentes sociales

Publicada 25/06/2013 a las 18:39 Actualizada 25/06/2013 a las 19:14    
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El secretario general de la CEOE, José María Lacasa.

El secretario general de la CEOE, José María Lacasa.

MUYPYMES
Las patronales han sido los primeros agentes sociales que han comparecido en la Comisión del Pacto de Toledo para exponer su punto de vista sobre la nueva reforma de las pensiones. Y lo han hecho planteando ante los grupos parlamentarios menos su opinión sobre el polémico informe del comité de expertos que su batería completa de demandas para configurar un nuevo sistema público de pensiones. Además, el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, apremió a la aplicación “inmediata” de la reforma, apurado por los 14.000 millones de euros en que cifró la previsión de déficit de la Seguridad Social para este año y en la “intensidad y persistencia de la crisis económica”. “Existe una necesidad perentoria de actuar sobre esta falta de adecuación de los ingresos a los gastos”, urgió Lacasa, quien pidió expresamente que se acorten los plazos de introducción de los cambios en el sistema establecidos en la ley 27/2011, la última reforma de las pensiones hasta el momento.

Esas actuaciones concretas, además, deben centrarse únicamente en la partida de los gastos. “Sobre los ingresos, ya han hecho un importante esfuerzo los empresarios, que soportan la presión de los costes salariales derivados del mantenimiento de los tipos de cotización, a pesar del compromiso del Gobierno de rebajarlo en un punto”, apuntó.

Tanto Lacasa como la directora sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán López, pusieron en valor los acuerdos que las patronales firmaron con los sindicatos en febrero de 2011 y que dieron lugar a la ley que ahora se quiere reformar. Y ambos defendieron la necesidad de apoyar los cambios que se preparan en un consenso lo más amplio posible. “Pero ya entonces [en febrero de 2011] tuve la sensación de que tendríamos que sentarnos otra vez enseguida por culpa de la crisis”, justificó el secretario general de la CEOE su apoyo a la nueva reforma.

Así, aunque se limitó a calificar el informe de los expertos de “aportación muy interesante para el debate”, Lacasa apoyó la propuesta del comité de desligar la revalorización de las pensiones de la evolución del IPC “por el coste económico que supone”. Sólo expresó un tímido “pero”: que la “valiosa” propuesta de los sabios sea “diseñada y matizada en el contexto de la reforma de 2011” e incluso sugirió que se examinen “otra posibles vías de actuación”.

El "programa" de los empresarios

A partir de ese momento, el número dos de la CEOE pasó a exponer la lista tradicional de reivindicaciones empresariales en materia de pensiones. En primer lugar, a juicio de la patronal, deben aumentarse gradualmente los años para el cálculo de la pensión hasta incorporar toda la vida laboral del trabajador –ahora se computan los 16 últimos años de actividad; según la ley 27/2011, serán 25 años en 2022–. En segundo lugar, el ahorro no debería proceder sólo de los recortes en las pensiones de jubilación, sino que también deberían dejar de ser contributivas –pagadas con las cotizaciones– “otras prestaciones”. Aunque Lacasa no las citó expresamente, la CEOE ya ha reclamado antes que las pensiones de viudedad y orfandad pasen a ser asistenciales y no se financien con las cuotas a la Seguridad Social. Además, el dirigente patronal pidió más control sobre “otras partidas de gasto que son financiados por cotizaciones de empresarios y trabajadores”. En concreto, reclamó mayor intervención de las mutuas en la gestión de las incapacidades temporales.

Finalmente, José María Lacasa se mostró a favor de impulsar la previsión complementaria individual, con carácter voluntario, con incentivos fiscales y a la que se puedan incorporar también las pequeñas y medianas empresas. Otro tanto solicitó para los fondos de pensiones en las empresas: incentivos fiscales para hacerlos más atractivos.

Sin consenso, no hay apoyo

El diputado de CiU Carles Campuzano no tardó en reprocharle al PP su voto contra la reforma de las pensiones de 2011 por “ventajismo político y partidista”. Y le advirtió de que su grupo no considera “viable” la nueva reforma sin un consenso político y social. “No es creíble”, explicó, “que un elemento tan estructural sea el resultado de la imposición de la mayoría, es demasiado importante para no tener un refrendo social”. Así que invitó a las patronales a dialogar con los sindicatos para conseguir un acuerdo.

Para el diputado de Izquierda Plural Gaspar Llamazares, el consenso no es posible con el “programa de máximos” que acababa de presentar la CEOE en la comisión. Llamazares también criticó la velocidad de “muerte súbita” que Lacasa había propuesto para el debate y la aplicación de la reforma. El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, requirió a la patronal que no se deje “arrastrar por el Gobierno y por el PP”. “Ustedes también firmaron el acuerdo de febrero de 2011”, le recordó.

Las pensiones de los autónomos

A continuación intervinieron en la Comisión del Pacto de Toledo los representantes de las organizaciones de autónomos. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, rechazó de plano tanto la subida de cotizaciones como de impuestos para solucionar el desequilibrio financiero de la Seguridad Social. A cambio, pidió que se permita a los autónomos cotizar por horas efectivas para calcular su pensión, además de cambiar su cotización cada tres meses, en lugar de cada seis como ahora. Y reclamó la extensión a los mayores de 50 años expulsados del mercado laboral por la crisis de la llamada tarifa plana de cotización de que ahora disfrutan los emprendedores de menos de 30 años.

El secretario general de UPTA, Sebastián Reyna, subrayó que las pensiones de los autónomos son las más bajas después de las que perciben las empleadas del hogar. Cobran de media, según dijo, 602,49 euros, mientras que la pensión media del régimen general es de 950,46 euros. De ahí que pidiera, dentro de la reforma, una “actualización sistemática” de las pensiones más bajas. Por lo que respecta a las cotizaciones, Reyna se quejó de que los autónomos con menos ingresos se vean obligados a cotizar por unas bases superiores a sus ingresos reales. Cifró en un millón los autónomos –de los tres millones que cotizan– a los que les ocurre.



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