El Gobierno dice que la reforma laboral evitó 225.800 despidos sin aportar un solo dato que lo justifique

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, presentó ayer su evaluación del primer año de funcionamiento de la reforma laboral asegurando que ha evitado la destrucción de 225.800 empleos. Pero el Gobierno no revela cómo ha calculado cuántos despidos se habrían ejecutado en España si no se hubiera aprobado la Ley 3/2012.

El Ministerio de Empleo explicó a infoLibre que el dato procedía del Ministerio de Economía y este departamento, a su vez, lo atribuyó a sus servicios técnicos. Pero asegura que no es posible conocer el método usado para calcularlo ni lo ha detallado por meses, comunidades autónomas, sexo, edad de los trabajadores u otros parámetros habitualmente utilizados en las estadísticas de empleo.

La práctica, en realidad, no es nueva. El titular de Economía, Luis de Guindos, habló de 200.000 despidos salvados por la reforma laboral primero en Moscú, el pasado 20 de julio, y después en una entrega de premios en Madrid, la víspera de hacerse pública la Encuesta de Población Activa (EPA). Aunque ya el 5 de marzo de 2012, en un foro financiero organizado por Bankia y El País, y con la reforma laboral recién aprobada, el ministro llegó a asegurar que de haberse aplicado antes, España se habría "ahorrado" un millón de desempleados. En ninguna de esas ocasiones ofreció una sóla explicación de cómo había realizado el cálculo.

La crisis y los recortes

A tenor del informe aprobado por el Consejo de Ministros, el Gobierno cree que la reforma laboral ha cumplido todos sus objetivos y ése será el diagnóstico que entregará a la OCDE para que este “organismo independiente” –como lo calificó la propia Fátima Báñez– lo reevalúe en el segundo semestre del año. La ministra presentó un mero resumen de las cifras, todas positivas, que incluye el informe elaborado por los técnicos de su departamento y de Economía. El documento no será público hasta que Báñez lo presente en el Congreso, explicaron fuentes de Empleo.

Pese a la bondad de los datos que esgrime, el Ejecutivo también se ampara en el contexto económico de recesión y en la consolidación fiscal –los recortes– para modular los efectos de la reforma laboral. En concreto, cita los 400.000 empleos públicos perdidos, un resultado expresamente buscado por la reforma laboral, que impide a las administraciones ejecutar suspensiones de contrato y reducciones de jornada y las aboca, por tanto, a utilizar el despido como único instrumento de ajuste.

El paro se resiste

El Gobierno se había propuesto “frenar la destrucción de empleo” con la reforma que aprobó en febrero de 2012. El informe recién presentado se limita a constatar que se ha reducido el ritmo de crecimiento del paro, del 18% al 5%. Aun así, se han destruido 650.000 puestos de trabajo desde el primer trimestre de 2012 hasta el mes de junio pasado. Tampoco habla el Ejecutivo del paro de larga duración, quienes llevan más de un año sin trabajar, que ya son el 58%, ocho puntos porcentuales más que hace 12 meses. Ni se refiere a la caída de la población activa –349.000 personas–, fruto del efecto desánimo y del regreso de los emigrantes a sus países de origen ante la falta de expectativas.

Eso sí, prevé que la economía española cree empleo en cuanto el PIB crezca un 1% o 1,2%, en lugar del 2% tradicionalmente esgrimido por los expertos. Según los propios cálculos del Gobierno, la economía no crecerá un 1,3% hasta 2016. Y ello pese a que España ya ha “recuperado la competitividad perdida frente a Alemania desde 2005” reduciendo los costes laborales unitarios. Lo que para los sindicatos es una peligrosa pérdida de capacidad adquisitiva, para el Gobierno es una valiosa devaluación salarial. De hecho, el Ejecutivo no se olvida de mencionar en su informe el Acuerdo de Negociación Colectiva firmado por patronal y sindicatos en enero de 2012, que pactó moderación salarial hasta 2014.

Empleo precario y temporal

Según la evaluación del Ejecutivo, el aumento de los contratos a tiempo parcial, la creación del contrato para emprendedores –con un año de periodo de prueba–, la supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos y la relajación de los requisitos para ejecutar despidos por razones económicas han permitido “fomentar la creación de empleo estable y de calidad”, así como “reducir la dualidad laboral” entre contratos temporales precarios e indefinidos muy protegidos. Sin embargo, los datos de contratación hechos públicos pocas horas antes por el mismo Ministerio de Empleo revelan una alarmante caída de los indefinidos en un 28,36% en el último año. El 93,6% de los contratos que se firman en España siguen siendo temporales. Y un 35% de ellos se suscriben para jornadas a tiempo parcial.

Es más, según la EPA, la contratación a tiempo completo ha disminuido un 5,3% en un año, mientras el empleo a tiempo parcial ha crecido un 5,9%. Y con esta jornada, sólo aumentan los contratos temporales: los indefinidos a tiempo parcial registrados en los Servicios Públicos han caído un 18,78% hasta junio.

Flexibilidad y despidos

Igualmente se felicita el informe de que la flexibilidad interna ha servido “para evitar despidos”. Pero no dice cuántas de las empresas que han modificado las condiciones de trabajo de su plantilla –bajado sueldos, aumentado jornadas, entre otras medidas– o las que han suspendido contratos o reducido tiempo de trabajo no han despedido a parte de sus empleados antes o después.

La ministra también se felicitó en la rueda de prensa del alto porcentaje de acuerdo con que se han aplicado estas medidas dentro de la empresa. Pero, según las estadísticas de Empleo, las resoluciones voluntarias de contrato forzadas por la aplicación de traslados o modificación de condiciones de trabajo se ha disparado un 90% en un año. La reforma laboral permite al trabajador que no quiera aceptar un traslado o bajarse el sueldo, por ejemplo, dejar su empleo con una indemnización de 20 días por año trabajado.

Negociación colectiva, ¿dinamizada o paralizada?

Según el Gobierno, la reforma laboral ha contribuido a “modernizar” y “dinamizar” la negociación colectiva. El informe le atribuye buena parte del mérito al fin de la ultraactividad –la prórroga automática de los convenios caducados mientras se negocia su renovación–. Un punto de vista en el que no coinciden los sindicatos. CCOO y UGT llevan meses denunciando la parálisis que ha atenazado este año la negociación con las empresas ante la amenaza del fin de la ultraactividad prevista para el pasado 8 de julio. Mientras el informe asegura que en los primeros seis meses del año se han firmado el doble de convenios que en 2012, UGT destaca que la cobertura de la negociación ha caído un 57,5% y que continúan pendientes 1.196 convenios –1,31 millones de trabajadores–.

Un objetivo cumplido más de la reforma, recuerda el Gobierno, es “mejorar la empleabilidad” de los trabajadores. Entre los medios utilizados para conseguirlo, cita la reforma de la intermediación laboral mediante el recurso a las agencias privadas de colocación. Una medida que, sin embargo, no aprobó hasta el Consejo de Ministros de ayer y que probablemente no podrá empezar a funcionar hasta 2014.

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A la vista de los buenos resultados de la reforma y pese a reconocer que el Ejecutivo no está “satisfecho”, habida cuenta de las cifras récord de paro, Báñez reiteró que sólo efectuará “ajustes menores” en la ley laboral. El FMI y la UE –también la CEOE– no han dejado de reclamar en los últimos meses reformas adicionales en materia de despido y salarios.

De momento, el Consejo de Ministros ha reducido a 13 el número de miembros que pueden integrar las comisiones negociadoras de los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), ahora despidos colectivos, suspensiones de contrato y reducciones de jornada. También ha creado una fase previa al periodo de consultas de siete o 15 días, dependiendo de si la plantilla ha elegido representantes sindicales o no, y ha precisado la documentación que la empresa debe facilitar al comité en la negociación. Además, limita a “supuestos excepcionales” la posibilidad de que los trabajadores demanden individualmente al empresario ante el juez tras un despido colectivo.

Finalmente, el último Consejo de Ministros antes de las vacaciones aprobó el nuevo sistema de cómputo de las pensiones para los trabajadores a tiempo parcial, después de que el Tribunal Constitucional anulara el anterior. Desde ahora, estos asalariados no tendrán que cotizar 15 años para cobrar la prestacion. Mediante un coeficiente de parcialidad aplicado a toda la vida laboral y otro, del 1,5, que se aplicará a la cotización del tiempo trabajado con jornada parcial, se calculará la nueva pensión, que tendrá derecho a verse aumentada con los correspondientes complementos si no alcanza la cuantía mínima establecida –31,30 euros al mes–. Este método de cálculo cuenta con la aprobación de la patronal, los sindicatos y todos los partidos políticos.