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REFORMA LABORAL

CCOO y UGT instan a llevar al TC el decreto que favorece a las multinacionales en los despidos colectivos

  • Consideran que vulnera el principio de igualdad y el derecho de libertad sindical
  • Pedirán al Supremo y a la Defensora del Pueblo que lo recurran ante el Tribunal Constitucional
  • Denuncian que supone un "claro perjuicio" para los trabajadores de empresas con domicilio en España
  • Temen quedar excluidos en algunas comisiones negociadoras de ERE

Publicada 08/08/2013 a las 15:03 Actualizada 08/08/2013 a las 15:25    
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Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo.  EFE

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo. EFE

CCOO y UGT van a pedir al Tribunal Supremo que interponga una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto ley que exime a las multinacionales extranjeras de presentar sus cuentas anuales consolidadas en caso de despido colectivo. También van a solicitar a la Defensora del Pueblo que lo recurra ante el Tribunal Constitucional.

Ambos sindicatos consideran que excluir a las grandes compañías no domiciliadas en España de la obligación de mostrar sus resultados a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral conculca el artículo 14 de la Constitución, que consagra el principio de igualdad. “Es un claro perjuicio para los trabajadores de las empresas domiciliadas en España pertenecientes a grupos multinacionales”, explican CCOO y UGT, al establecer “un trato diferente ante la ley”.

Además, el decreto ley cambia la forma en que deben constituirse a partir de ahora las comisiones negociadoras en caso de despido colectivo, suspensión de contrato, reducción de jornada o modificación sustancial de las condiciones de trabajo –salarios, horarios, etcétera–. Los sindicatos creen que la norma viola el derecho de libertad sindical, del artículo 28 de la Constitución. Al sustituirse el criterio de la representatividad sindical por el del número de trabajadores, puede ocurrir, explican CCOO y UGT, que los representantes “no sindicalizados” desplacen a los sindicales en la negociación de esas medidas de flexibilidad interna y externa –los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)–.

Los sindicatos también dudan de la razones de “urgencia y necesidad” que el Gobierno aduce para haber hecho los citados cambios en materia de despido colectivo mediante un decreto-ley y que consideran que pueden afectar a su constitucionalidad. Y no dejan de reprochar al Ministerio de Empleo que haya vuelto a eludir el trámite de consulta previa a sindicatos y patronal en la elaboración de estas medidas.

"Presiones" de las multinacionales 

El pasado día 2, el Consejo de Ministros aprobó un decreto ley que introducía algunos cambios –que la titular de Empleo, Fátima Báñez, calificó de "menores"– en la normativa laboral. Entre ellos, se modificó la documentación que las empresas deben aportar si quieren despedir, suspender contratos, reducir jornadas o salarios y otras condiciones de trabajo.

Así, el Gobierno precisaba que, si la sociedad dominante de un grupo de empresas “tiene su domicilio en España”, deberá aportar las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados de esa sociedad, debidamente auditados, “siempre que existan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento. Antes, el reglamento correspondiente no precisaba nada sobre el domicilio de la empresa en cuestión.

Grandes compañías como Vodafone, Pfizer, Cap Gemini o UPS, que han realizado despidos colectivos durante la crisis, se verían ahora eximidos de dar cuenta de los resultados de su matriz. Una salvedad que puede beneficiar a muchas de ellas, por cuanto sus números mundiales suelen ser millonarios, pero sus negocios en la España de la recesión les convierten en candidatos propicios al recorte de plantilla. De hecho, los sindicatos atribuyen a "presiones" de estos grandes grupos el cambio de la normativa.


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