La CEOE reclama ahora barra libre judicial para los despidos colectivos

La CEOE está de acuerdo con el FMI y Bruselas en que la reforma laboral necesita algo más que los retoques ofrecidos por la ministra de Empleo, Fátima Báñez. De hecho, su última Asamblea General, el pasado 25 de junio, aprobó un documento, Las reformas necesarias para salir de la crisis, donde detalla los cambios operados por la Ley 3/2012 y enumera los que considera que debe emprender el Gobierno. Entre ellos, pide que los jueces sólo puedan declarar nulos los despidos colectivos en los que no haya habido periodo de consulta. Es decir, pretende que los defectos formales no provoquen su nulidad como ocurre ahora con el 50% de las sentencias.

“No es de recibo que, por un papelito, te echen abajo una medida que puede evitar el cierre de una empresa”, se quejan los abogados contratados por las compañías. En efecto, a falta de autorización administrativa, suprimida por la reforma laboral, la tutela del proceso ha pasado a manos de los jueces. Pero a éstos la nueva ley también les impide dictaminar sobre las causas del despido. Su control ha pasado a ser meramente formal. Ya no pueden entrar en la “razonabilidad” de la medida: no pueden exigir que el despido contribuya a paliar la mala situación económica de la empresa, aunque sí determinar si la medida respeta el principio de “proporcionalidad”; es decir, si el empresario ha acreditado sus números rojos, si esa situación negativa afecta a los contratos de trabajo y si el despido es la medida adecuada para hacerle frente.

Ahí es donde entran en juego los aspectos formales. Los tribunales han dejado claro en sus sentencias que el empresario debe presentar toda la documentación que le exige la ley, que debe negociar “de buena fe” durante un mes y que la negociación debe ser auténtica, con propuestas y argumentos, que debe presentar las cuentas auditadas cuando así lo requiere la norma… porque, por muy formales que sean los requisitos, constituyen la garantía del proceso y pueden costarle la nulidad.

El Gobierno, en contra

Todos esos controles formales son los que la patronal considera excesivos y pretende ahorrarse limitando la nulidad a los casos en que no haya habido el periodo de consulta exigido por la ley: un mes, con un mínimo de tres reuniones entre empresario y representantes sindicales para compañías de más de 50 trabajadores. Los despidos colectivos sin periodo de consultas son prácticamente inexistentes, con lo que la propuesta de la CEOE reduciría también a cero el número de despidos nulos.

El problema es que, según las declaraciones públicas de la ministra de Empleo, los deseos de la patronal no tienen muchas probabilidades de hacerse realidad. “Me parece bien que se anulen los ERE por motivos formales”, respondió Báñez en el Congreso el pasado marzo cuando CiU le preguntó por el, a su juicio, excesivo número de sentencias nulas basadas en los aspectos formales de los despidos colectivos. “El empresario tiene que saber que debe respetar toda la documentación y el periodo de consultas”, explicó.

Hay otros dos aspectos de la reforma laboral y los despidos colectivos que tampoco gustan a la CEOE. La obligación de que las empresas de más de 50 trabajadores deban ofrecer a los despedidos un plan de recolocación externa, por un lado. Y por otro, la llamada enmienda Telefónica, la exigencia a las de más de 100 empleados de hacer una aportación del Tesoro Público por los mayores de 50 años a quienes despidan, aun cuando tengan pérdidas. La patronal las califica de “cargas”, pero elude hacer ningún tipo de propuesta alternativa o siquiera reclamar explícitamente su desaparición.

Mano dura con los trabajadores

La CEOE tampoco deja atrás uno de sus temas recurrentes: el absentismo en las empresas, que cifra en un 5,06% en el sector público y en un 4,47% en el privado. Según sus cálculos, esos porcentajes les cuestan a las empresas un total de 7.250 millones de euros en Incapacidades Temporales. Para reducir esa factura, la patronal quiere que sean los médicos de las mutuas quienes den las altas médicas, una medida a la que se oponen tajantemente los sindicatos. Pero también quiere ir más allá y opta por la mano dura. Reclama sanciones para los asalariados que usen fraudulentamente la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes. Hasta ahora, al trabajador pillado en falta sólo se le quita la prestación.

También quieren los empresarios que se penalice el importe de la prestación por Incapacidad Temporal durante los primeros 15 días de baja a quienes se pongan enfermos de forma reiterada. Podrá verse la permeabilidad del Gobierno a estos planteamientos en la Ley de Mutuas que prepara para antes de acabar el año.

No son las bajas laborales el único campo en que la CEOE exige sanciones para los trabajadores. Las pide igualmente en el de la prevención de riesgos laborales para quienes pongan “en peligro su seguridad y salud” y las del resto de la plantilla.

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Formación para el empleo

El apartado final de sus reivindicaciones se refiere a la formación para el empleo. La patronal critica que el Ejecutivo haya reducido un 30% esta partida, así como que haya dedicado “una parte importante de los ingresos procedentes de la cuota que pagan empresarios y trabajadores” a la formación de desempleados, cuando su destino original era formar ocupados. La CEOE reclama un nuevo Acuerdo Nacional de Formación que le permita a empresarios y sindicatos recuperar su “protagonismo” en este campo. La reforma laboral permite ahora a otros agentes optar a esos cursos, por ejemplo academias.

En materia de educación, no olvida pedir “mayor peso de la enseñanza privada” ni reiterar la necesidad de transmitir en las escuelas “la imagen real del empresario y el papel de la empresa en el desarrollo económico y social del país”.