Empleo no garantiza el poder adquisitivo de las pensiones

El Gobierno ha presentado a los sindicatos y la patronal una propuesta para reformar las pensiones que pretende “dar tranquilidad a los pensionistas de hoy de mañana”, en palabras de la ministra de Empleo, Fátima Báñez. “No se van a bajar ni a congelar las pensiones”, recalcó. Sin embargo, el esquema que hizo público ayer apenas reescribe la propuesta elaborada por el comité de comité de sabios el pasado junio, relajando su aplicación temporal, y, según denunciaron los sindicatos, se traducirá en una pérdida de poder adquisitivo y una bajada de las pensiones.

Tras reunirse con los responsables de Seguridad Social de la CEOE, CCOO y UGT, Báñez empezó haciendo una defensa cerrada del sistema de pensiones español, "público y de reparto", para luego declarar abierto el proceso de diálogo con los agentes sociales y los grupos parlamentario. Se trata, dijo, de un “mecanismo automático que evitará la discrecionalidad de las decisiones políticas en el futuro” y que construirá un sistema “autofinanciable”, libre por tanto de las “amenazas demográficas y económicas” que ahora le acechan. “Ante contribuciones iguales, los españoles de hoy y de mañana recibirán prestaciones similares”, resumió.

Los sindicatos, en cambio, no salieron muy convencidos de la reunión. Primero, porque los responsables del ministerio ni siquiera les entregaron la propuesta por escrito. Y segundo, porque de las explicaciones que recibieron deducen que ese mecanismo automático “no garantiza una revalorización de las pensiones equivalente al IPC”, según apuntó el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. Por el contrario, abundó, el proyecto del Gobierno “aventura un proceso de negociación complejo y difícil”.

UGT y CCOO defienden la validez del sistema actual de revalorización de las pensiones, según el IPC y “aprobado por el Pacto de Toledo en 1996”, aunque están abiertos a estudiar otras fórmulas, también como prevé dicho acuerdo parlamentario, siempre que garanticen el poder adquisitivo de los jubilados. “Y no parece que sea ésa la conclusión de la propuesta”, destacó Bravo.

Pequeños retoques a los expertos

El esquema presentado por la ministra retoca el que diseñaron los 12 expertos elegidos por el Gobiernodiseñaron los 12 expertos. Sigue habiendo dos factores, aunque sólo recibe tal nombre ahora el de sostenibilidad puro, vinculado con la esperanza de vida. El segundo se ha convertido en un “índice de revalorización”. Al igual que el de los sabios, se calculará con una fórmula que incluirá, junto al IPC, los ingresos y gastos anuales del sistema de pensiones, así como su déficit o superávit. Además del IPC, que el factor de los expertos excluyó de la fórmula, este índice tendrá “un suelo y un techo”. Algo que igualmente habían recomendado los sabios en su informe. El límite inferior será del 0,25% –“las pensiones nunca se congelarán”, explicó Báñez– en épocas de crisis como la actual, y el superior, el IPC más un 0,25%, para cuando la economía vaya bien. Es decir, a no ser que la inflación en España caiga por debajo del 0,25% o entre directamente en deflación, las pensiones perderán poder adquisitivo si la economía sigue en recesión y el sistema de la Seguridad Social continúa en déficit.

El factor de sostenibilidad se aplicará, sólo a los nuevos pensionistas, a partir de 2019 y el índice de revalorización, cada año a partir de 2014 y a todos los jubilados. Los expertos habían recomendado la entrada en vigor de ambos cuanto antes posible, en 2014. A diferencia de la propuesta de los sabios, el primer factor se revisará cada cinco años y no cada año. Y, para calcularlo, en lugar de las tablas del Instituto Nacional de Estadística, Empleo ofrece ahora las tablas de la Seguridad Social, algo que ha sido saludado por los sindicatos.

En opinión de la ministra, la nueva formulación del factor “mejora” la de los la de los sabios. Calca el vinculado a la esperanza de vida, pero modifica el de revalorización porque resulta “demasiado volátil”. “Producía subidas de hasta el 7% en épocas de bonanza y bajadas de hasta el 4% en épocas de recesión”, aseguró Fátima Báñez.

El déficit, en el punto de mira

En todo caso, el objetivo de ese índice, como reconoció la propia ministra, es evitar que la actualización según el IPC siga suponiendo el 27% del gasto público en pensiones como ha ocurrido durante los últimos 15 años. Báñez también se refirió a las “tensiones económicas del sistema”, que se encuentra en déficit, según recordó, desde 2010. Para este año se prevén unos números rojos de 14.000 millones de euros.

De ahí que Carlos Bravo expresara su temor a que el Gobierno esté intentando con una revaloración devaluada “abordar compromisos de déficit a corto plazo”. La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, también diferenció entre las tensiones estructurales –demográficas– y las coyunturales de la Seguridad Social. “El problema del sistema de pensiones es de ingresos y de mercado laboral”, destacó. “Sin trabajo ahora, los jóvenes no tendrá una pensión después”. Por la patronal compareció ante la prensa la directora del Departamento Sociolaboral de Cepyme, Teresa Díez de Terán, quien aplazó una valoración de la propuesta del Gobierno al momento en que la conozca con detalle.

No aumentará la edad de jubilación

La ministra, que expresó su deseo de alcanzar el “mayor consenso posible” con sindicatos y partidos, mostró su disposición a hacer modificaciones sobre la propuesta e incorporar las aportaciones de todos. También dijo estar abierta a discutir el aporte de ingresos adicionales al sistema, tal y como le ha ofrecido, por ejemplo, el PSOE.

Lo que no se va tocar es la edad de jubilación. Báñez aseguró que tampoco hay “sobre la mesa” ningún otro cambio en el resto de los parámetros con que se calcula la pensión: un aumento en el número de años de cotización para percibir el 100% de la pensión o ampliar a toda la vida laboral el periodo de cáculo. “Pero en el Pacto de Toledo podemos hablar de cualquier reforma para modernizar el sistema”, invitó. El problema, se quejaron también los sindicatos, son las prisas. Empleo aún no les ha dado la propuesta por escrito, todavía no hay fecha para la próxima reunión y, para cumplir con los tiempos del trámite parlamentario, el proyecto de ley debe de estar listo en octubre si se quiere tener aprobada la norma antes de que termine el año. Ése es el compromiso anunciado por el Gobierno a Bruselas en su Plan Nacional de Reformas.