El aumento de las demandas de despido por vulnerar derechos fundamentales desborda a la fiscalía

La crisis económica y la reforma laboral han multiplicado las demandas por despido y colapsado no sólo los juzgados de lo Social sino también a los fiscales. Éstos sólo intervienen en la jurisdicción laboral cuando el demandado aduce que, al despedirlo, el empresario ha vulnerado sus derechos fundamentales. Y esa alegación se ha disparado en los últimos años, según constata la Memoria de la Fiscalía General del Estado que se presentó el pasado lunes en la apertura del Año Judicial.

Las vistas en los juzgados de lo Social a las que acudieron los fiscales crecieron en 2012 un 26,6% respecto a 2010: fueron un total de 6.083. Pero están lejos de representar el volumen total de demandas de despido en las que se invocaron los derechos fundamentales del trabajador. “La sobrecarga para la estructura organizativa y de medios del Ministerio Fiscal” que ha supuesto el alza de estas alegaciones, impide a los fiscales, según explica la Memoria, “atender” todas las vistas, especialmente “en los núcleos de población más importantes”.

Así que las fiscalías se ven “obligadas a acudir sólo a aquellas vistas” en que la propia demanda “tiene un mínimo sostén”. La propia Memoria reconoce que esta práctica “carece de un adecuado respaldo legal”. “A veces se deja a la libertad del fiscal y otras, depende de los señalamientos, se establecen prioridades”, explica el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro Ortiz.

Si se invocan los derechos fundamentales, la demanda tiene el privilegio procesal de que se tramita con mayor rapidez. Además, una sentencia favorable implica la nulidad del despido y, por tanto, la readmisión inmediata en el puesto de trabajo. No son las únicas razones que explican el auge de la figura. La reforma laboral ha facilitado el despido por causas objetivasreforma laboral –económicas, organizativas o de producción–, también el despido por absentismo laboral, y aumentado el poder discrecional del empresario para cambiar las condiciones laborales: ante un traslado, recorte salarial o cambio de horario, las opciones del trabajador son aceptar o extinguir su contrato con 20 días de indemnización. Así que la vulneración de los derechos fundamentales se ha convertido en muchos casos en casi la única vía para resarcirse de despidos que ahora se consideran ajustados a derecho pero el trabajador padece como un atropello legal.

Como en Estados Unidos

Nada más aprobada la reforma laboral, en marzo de 2012, el abogado Salvador del Rey, del despacho Cuatrecasas, ya alertaba ante un auditorio de laboralistas y expertos en recursos humanos de que la demanda estrella contra el despido iba a ser la referida a los derechos fundamentales, sobre todo la que alegara discriminación, algo habitual, por ejemplo, en Estados Unidos.

En España, la mayor parte de las demandas plantean que la empresa ha conculcado el principio de igualdad –por qué se ha despedido a unos sí y a otros no– o invocan la garantía de indemnidad –el empresario no puede despedir a un trabajador como represalia por pedir un aumento de sueldo o denunciarlo ante el juez o la Inspección–. También suelen terminar en los juzgados los despidos durante una baja laboral o tras un accidente, que pueden atentar contra el derecho fundamental a la integridad física o a la recuperación de la salud, recuerda la Memoria de la Fiscalía. Y aquéllos que cuestionan el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar, y suponen una discriminación por razón de género.

El problema es que “un abrumador número” de estos casos resulta “desestimado”, destaca la Fiscalía en su informe. “Por muy improcedente que sea el despido, no tiene por qué constituir una vulneración de los derechos fundamentales”, razona Álvaro Ortiz. Y ello a pesar de que, en estas demandas, se invierte la carga de la prueba: corresponde al empresario demostrar que el despido no fue discriminatorio.

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Plantilla congelada

Sin embargo, la realidad es que un tipo de proceso que “se pretendía “restrictivo y excepcional” se ha convertido en “algo ordinario” para lo que la Fiscalía reconoce en su Memoria no encontrarse “preparada”. En España trabajan 2.407 fiscales, una plantilla que no ha crecido desde 2010 por efecto de la congelación de la oferta pública de empleo. La Memoria cifra en 116 las plazas vacantes en la carrera fiscal, que han debido ser ocupadas por abogados fiscales sustitutos.

Para intentar desatascar los juzgados de lo Social, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha utilizado como refuerzo a jueces recién salidos de la Escuela Judicial. Pero en el caso de los fiscales, tal como lo ven Álvaro Ortiz y la propia Fiscalía General del Estado, la única solución es la aplicación de un “filtro procesal”. Serviría para depurar los casos. Que el secretario judicial o el propio juez, a través de un informe previo a la vista oral seleccionara las demandas con ese “mínimo sostén” del que habla la Memoria. La Fiscalía cree que no sería un elemento extraño al proceso laboral, por cuanto es habitual en estos juzgados la conciliación in extremis entre las partes, instada bien por el secretario, bien por el propio juez.