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Caso ERE

La jueza Alaya declara responsabilidad subsidiaria de UGT y CCOO en el caso de los ERE

  • Alaya ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 251.041 euros a Salvador Mera y de 471.352 euros a Manuel Roberto Carmona
  • La instructora concluye que ambos sindicalistas se dirigieron al dueño de Uniter, José González Mata, a fin de solicitarle "que les hiciera entrega de ciertas sumas de dinero"

infolibre Publicada 15/10/2013 a las 19:37 Actualizada 15/10/2013 a las 19:38    
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La juez Mercedes Alaya a la salida de los juzgados.

La juez Mercedes Alaya a la salida de los juzgados.

EUROPA PRESS
La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 251.041 euros al secretario general del sindicato UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al que fuera secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO-A entre 1991 y 2009 Manuel Roberto Carmona Soto, todo ello en sendos autos en los que declara la responsabilidad civil subsidiaria de ambos sindicatos.

En los dos autos notificados este martes a las partes personadas, consultados por Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya prohíbe salir de España a los dos sindicalistas, detenidos por la Guardia Civil en el marco de la segunda fase de la operación Heracles, y "para reforzar y asegurar tal condición" les obliga a entregar "inmediatamente" el pasaporte y el DNI. Además, les impone la obligación de comparecer judicialmente dos veces al mes.

Todas estas medidas las impone la juez atendiendo a "la extraordinaria gravedad de los hechos que se len imputan, las penas elevadas a las que podrían enfrentarse y la compleja instrucción que se está llevando a cabo, que puede concretar o poner de manifiesto nuevos hechos delictivos cometidos" por los encausados.

La jueza instructora considera que tanto Salvador Mera como Manuel Roberto Carmona, ocupando los cargos anteriormente referidos, se dirigieron entre 2006 y 2007 al dueño de Uniter, José González Mata, a fin de solicitarle "que les hiciera entrega de ciertas sumas de dinero" para "paliar los gastos que habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la llamada Faja Pirítica en concepto de viajes, manifestaciones, concentraciones, asambleas, reuniones informativas y demás gastos de convocatoria".

Alaya, que asevera que ambos imputados hicieron esta petición "a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos", pone de manifiesto también que "ninguno de los conceptos" anteriores "respondía a gastos necesarios soportados realmente", aunque González Mata "admite dicha reclamación para retribuir el papel de los sindicatos como facilitadores del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario".

De esta manera, "llegaron a un acuerdo" por el que tanto UGT como CCOO "recibirían sendos pagos de 180.000 euros", dice la magistrada, quien asevera que "de esta forma los sindicatos UGT y CCOO cobrarían de Uniter 3,2 millones y de Vitalia 4,2 millones a lo largo de la década pasada", lo que hace un total de 7,6 millones de euros "con cargo a las sobrecomisiones abonadas por la Junta".

La jueza asevera que estas comisiones, en ocasiones, se cobraron "doblemente", citando por ejemplo el caso de CCOO en Delphi, donde se cobraron comisiones en Madrid y en Andalucía. Según la instructora, se trataba de comisiones "a veces altísimas, según la documentación recabada". 
Según la instructora, "las comisiones de los sindicatos por la Faja Pirítica en 2007 fueron 266.391,63 euros y en 2008 de 206.739,45 euros".

A la hora de fijar las fianzas civiles, la juez tiene cuenta "el peligro de retardo por la complejidad y extensión de la causa y el principio de proporcionalidad", motivo por los que, en el caso de Carmona Soto, "resulta equilibrado" fijar la fianza civil en 354.400 euros, correspondientes "a la cuantía abonada por Uniter a CCOO", más el tercio legal previsto, lo que hace un total de 471.352 euros.

En el caso de Salvador Mera, le impone una fianza civil de 188.762,90 euros por "la cuantía reclamada a Uniter por el sindicato UGT" más el tercio legal previsto, lo que eleva la suma a 251.041,37 euros.

En los dos casos, la juez declara la responsabilidad civil subsidiaria de los sindicatos. Ambos sindicalistas están imputados por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
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