Las propuestas del Gobierno para “suavizar” la reforma de las pensiones no convencen a CCOO y UGT

La reforma de las pensiones no contará con el acuerdo de los agentes sociales. El Gobierno hizo ayer un intento de acercamiento, proponiendo a los sindicatos y la patronal abordar, de forma genérica y sin plazos precisos, cómo mejorar los ingresos de la Seguridad Social, una de las peticiones de CCOO y UGT. Pero al tiempo dejó claro que no cambiará ni una coma del mecanismo de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad, que ha suscitado el rechazo sindical y de toda la oposición parlamentaria. En consecuencia, tanto CCOO como UGT consideran “insuficiente” el paso dado por el Ejecutivo, al que reprochan que no tenga “ninguna intención ni interés” por el consenso.

Para empezar, los sindicatos creen inapropiado que el Ministerio de Empleo les convocara para hablar “única y exclusivamente” de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de ley de la reforma de las pensiones. “El Gobierno pretendía que los interlocutores sociales ocuparan un espacio que corresponde, en exclusiva, al ámbito parlamentario”, critica UGT en un comunicado.

Después, el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, anunció que su departamento está dispuesto a hacer cambios en algunos de los puntos que tanto los sindicatos como los partidos le han planteado: financiar con impuestos las prestaciones de muerte y supervivencia, que los autónomos coticen según un cálculo directo de sus ingresos –su base media de cotización es un 42% inferior a la de los asalariados– y la lucha contra la economía sumergida y el fraude.

También accedió a negociar cómo el Estado debe asumir los gastos de la administración de la Seguridad Social, una partida de 2.640 millones de euros, y cómo habría de convertir las reducciones de cuotas a la Seguridad Social en algunos contratos en bonificaciones pagadas también por el Estado, otros 600 millones.

El índice de revalorización no se toca

Sin embargo, según CCOO y UGT, Empleo no ha ido más allá de “afirmaciones genéricas” sin concretar fechas ni contenidos. Y ha reiterado que el índice de revalorización, que sustituirá al IPC a partir del año próximo, y el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor en 2019, son inamovibles tal y como han sido diseñados.

Al aplicarse el primero, las pensiones subirán un 0,25% cuando el sistema de la Seguridad Social tenga déficit, y un máximo del IPC+0,25% cuando alcance superávit. Según los cálculos de los sindicatos, ese índice puede suponer una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de hasta el 28% pérdida de poder adquisitivoen los próximos 15 años. El segundo factor, que ligará estas prestaciones a la esperanza de vida, supondrá un recorte de las nuevas pensiones a partir de 2019. Se aplicará en el momento de la jubilación y reducirá la prestación respecto al último salario percibido. La penúltima reforma de las pensiones, que firmaron los sindicatos y la patronal en 2011, aplazaba hasta 2027 la entrada en vigor de ese factor.

A juicio de CCOO, el Gobierno está intentando “suavizar” esta propuesta, que ha suscitado también el rechazo de todo el arco parlamentario, con su oferta de tocar los ingresos de la Seguridad Social. “Nos parece bien que los mejore, porque el sistema lo necesita, pero eso no valida un proyecto de ley que recorta las pensiones”, explica su responsable de Protección Social, Carlos Bravo.

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No es el primer intento de Empleo de ganarse a los sindicatos a su causa. El pasado mes de septiembre anunció que estudia subir la cuantía de las bases máximas de cotización, que el pasado año ya aumentó en cinco puntos –hasta 3.425,7 euros mensuales–. Otra medida para aumentar los ingresos del sistema. Esa noticia despertó el inmediato recelo de la CEOE, que votó al lado de los sindicatos en el Consejo Económico y Social (CES) un texto muy duro contra el proyecto de ley de reforma.

La patronal volvió ayer a unirse a los sindicatos, pero sólo a la hora de recriminar al Gobierno las prisas con que ha abordado una reforma tan trascendental como la de las pensiones y reprocharle que mantenga igual de inamovible que el índice de revalorización la fecha del 31 de diciembre como tope para alcanzar un acuerdo.

El próximo día 20 continúa en el Congreso la tramitación del proyecto de ley. Hasta el momento, todos los partidos de la oposición han mostrado su rechazo al texto. Ni siquiera CiU, UPN o Foro Asturias la respaldan.