RECORTES PRESUPUESTARIOS

El Gobierno quiere que el Fogasa deje de pagar indemnizaciones a los despedidos en pymes

UGT denuncia que el Gobierno quiere privatizar la gestión del Fogasa

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró la semana pasada a los máximos dirigentes de la patronal y los sindicatos que no iba a tocar el Estatuto de los Trabajadores en los anunciados “ajustes” de la reforma laboral. Sin embargo, el PP ha presentado una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos del Estado, que se tramita en el Senado, para eliminar el pago de los ocho días de indemnización que hasta ahora abona el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) a los despedidos de empresas de menos de 25 trabajadores. De esta forma, pretende ahorrar unos 315 millones de euros al año, el importe de la factura pagada por este concepto en 2012.

Es la partida más pequeña de las prestaciones que abona: también pagó 568 millones de euros por trabajadores atrapados en empresas insolventes y 647 millones en procedimientos concursales. En total, sustituyó los pagos que deberían haber hecho 84.257 empresas.

Según denuncia el sindicato UGT, la supresión de este apartado del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, supondrá, además, la eliminación de un buen número de los 181.000 expedientes que en estos momentos se encuentran bloqueados en el Fogasabloqueados. Por falta de personal y desbordado por el aumento de empresas en crisis, el organismo tarda año y medio en resolver los expedientes y pagar a los trabajadores.

La enmienda del PP pide que la medida entre en vigor el próximo 1 de enero y tenga "carácter indefinido". Para los populares, la supresión de estos pagos pretenden "recuperar" para el Fogasa "su naturaleza de entidad de aseguramiento". Según explica en su enmienda, limitar su papel como institución de garantía "en los supuestos de insolvencia

o concurso empresarial" desincentivará el despido y fomentará el mantenimiento del empleo.

La finalidad del Fogasa es abonar los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas y en aquéllas con menos de 25 de trabajadores abona hasta ocho de los 20 días por año trabajado fijados para los despidos objetivos. Esta posibilidad fue creada por el Gobierno del PSOE en su reforma laboral de junio de 2010. El año pasado recibieron dinero del fondo un total de 254.931 trabajadores.

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Entre recortes y bloqueos

UGT recuerda que no es el primer recorte que sufren las prestaciones abonadas por el Fogasa. En julio de 2012 el Gobierno ya redujo de 150 a 120 días el número máximo de días de salario que paga. También rebajó la indemnización máxima del triple del salario mínimo interprofesional al doble.

El Ministerio de Empleo ha intentado desbloquear el atasco de expedientes en el fondo de varias maneras. Ninguna efectiva, hasta el momento. Primero diseñó un plan de viabilidad que incluía encargar a una empresa privada la tramitación de los expedientes. Tras desecharse esa opción, se encargó a la empresa pública Tragsatec de la tarea. Para ello, se ha empezado ya a entrenar a administrativos de esta filial del grupo Tragsa, en pleno Expediente de Regulación de Empleo (ERE), para hacer el trabajo. También ha contratado a 170 trabajadores interinos, pero sólo hasta este fin de mes, para intentar agilizar los expedientes. Sin embargo, según fuentes sindicales, el atasco continúa.

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